Treinta y cinco años después, a Roberto Catalán le llegó el momento de rendir cuentas ante la Justicia por su rol durante la última dictadura. El ex magistrado fue indagado por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, quien le dictó prisión domiciliaria por los delitos de imposición de tormentos, incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica. El testimonio de Leopoldo Juan González fue fundamental para determinar la participación de Catalán en los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. El poeta y escritor bonaerense lo denunció ante la Fiscalía Federal de La Rioja como la persona que le tomó declaración estando detenido y se negó a escuchar su denuncia por las torturas recibidas en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141, argumentando que “esas cosas no tenían valor porque habían pasado hace mucho tiempo” y recomendándole que olvidara todo.

Acosado por la Triple A, González viajó a La Rioja. Había llegado desde Buenos Aires, con una recomendación del escritor Haroldo Conti, para trabajar en el diario El Independiente, donde colaboró desde fines del ’73 hasta su detención. Su calvario comenzó la noche del 30 de abril de 1976, cuando fue secuestrado en la capital riojana por una patota de civil. Encapuchado, lo metieron en el baúl de un Ford Falcon y lo trasladaron al Batallón de Ingenieros de Construcciones 141.

Allí fue recibido con una fuerte paliza y confinado a una celda en la que estuvo vendado, con las manos atadas a la espalda. Sobre las vendas le tiraron un plato de sopa, orinaron y le arrojaron kerosene. Le aplicaron picana eléctrica en testículos, riñones y boca, por lo que perdió la dentadura. En una de esas sesiones de tortura sufrió un infarto. Durante su detención también tuvo tres simulacros de fusilamiento: en los dos últimos, el capellán del regimiento lo obligó a confesar delitos que no había cometido.

El 14 de mayo lo enviaron al pabellón de castigo del Instituto de Rehabilitación Social de La Rioja. Y el 3 de octubre lo trasladaron al Penal de Sierra Chica. El entonces juez Roberto Catalán lo visitó dos años después, acompañado por un oficial de Gendarmería. El magistrado le tomó declaración con una máquina de escribir. Durante su testimonio, el juez preguntó muy pocas cosas, se limitó a notificarlo sobre un allanamiento a su domicilio donde, supuestamente, se había encontrado “una carpeta con materiales subversivos y una pistola calibre 22”. Cuando González quiso hablar de las torturas recibidas en el Batallón de Ingenieros, Catalán se negó a agregar la denuncia en el escrito. Dijo que “esas cosas no tenían valor porque habían pasado hace mucho tiempo y que era mejor olvidar”. Como el escritor se negó a firmar la declaración, el gendarme le metió una pistola en la boca. Le dijo: “Si no firmás, sos boleta”.

El martes pasado, González denunció al juez Catalán ante la Fiscalía Federal de La Rioja. En diálogo con Página/12, reconoció que siente “una profunda satisfacción” porque, después de treinta y cinco años, “alguien escucha que fui torturado”. Cuando fue detenido, recordó, llegaron militares desde Tucumán y Buenos Aires para interrogarlo. Pensaban que se trataba de un cuadro del PRT, pero “era un militante de los más rasos”. El escritor sostuvo que comienza una etapa en la que se debe investigar “a jueces, fiscales y abogados que juraron por la Junta Militar” y “a los empresarios que se enriquecieron con la dictadura”. “Hay que juzgar a esa gente, es la única manera de construir un país digno con memoria, verdad y justicia”, concluyó.

Hasta el momento, el santafesino Víctor Brusa es el único juez condenado por delitos de lesa humanidad. Recibió una pena de 21 años de prisión por participar en sesiones de tortura entre 1976 y 1977. En Mendoza se investiga la complicidad de los camaristas federales Otilio Romano y Luis Francisco Miret, y en Córdoba hay un proceso abierto –del que también participa el juez Herrera Piedrabuena– contra los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Sebastián Cornejo y el ex juez federal Miguel Angel Puga.