Ganó tiempo pero no pudo zafar. El comisario general Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal, fue detenido anoche acusado del homicidio de cinco de los manifestantes asesinados durante la brutal represión del 20 de diciembre, en los estertores del gobierno delarruista que buscó apagar la rebelión popular con gases y balas de plomo. Imputado desde el principio por los fiscales del caso, Santos logró que la jueza María Servini de Cubría suspendiera su indagatoria, prevista para el martes pasado, presentando un escrito en el que deslindó responsabilidades “hacia arriba”, es decir en el poder político, y “hacia abajo”, al señalar que sus subordinados cometieron “excesos” contra los manifestantes. El juzgado interrogó a parte del gabinete delarruista –Jorge de la Rúa, Nicolás Gallo, Lautaro García Batallán y Leonardo Aiello–, quienes le habrían pedido aquel día que desalojara la Plaza de Mayo. Pero Servini ya había tomado la decisión de encarcelar también a los autores mediatos de la masacre, tal como adelantó el lunes en exclusiva Página/12. Y ayer la concretó.
Todavía no estaba lista la cena, pero Santos ya estaba en su casa de Mataderos cuando agentes de la fuerza que comandó le informaron que estaba detenido por orden de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría. De inmediato lo trasladaron al Cuerpo de Operaciones Federales (COF), ubicado en avenida Figueroa Alcorta y Cavia.
El ex jefe de la Federal irá preso creyendo que la masacre de Plaza de Mayo y alrededores fue una maniobra desestabilizadora contra De la Rúa, pero también una jugada para liquidarlo a él. Lo cierto es que los doce comisarios de alto rango, actuantes en la represión, que declararon ante Servini no dudaron en afirmar que recibieron una orden suya, directa y explícita, para “despejar (liberar o limpiar, según las distintas versiones” la Plaza de Mayo. En particular lo perjudicó la declaración del comisario Norberto Gaudiero, quien aseguró que Santos ordenó las detenciones y confirmó que desconoció la orden de la jueza de frenar la represión indiscriminada. “El estado de sitio está por encima de la Justicia”, dijo Gaudiero que replicó su jefe cuando él le comunicó la orden que la magistrada le transmitió vía telefónica. En ese momento una persona ya había perdido la vida. (La Justicia estudia la posible inconstitucionalidad del decreto que implantó el estado de sitio, y si esto ocurre los acusados perderán su principal argumento defensista.)
Gaudiero, que dirigió el operativo represivo, insistió en que Santos daba las órdenes desde la Sala de Situación del Departamento Central de Policía, donde las pantallas permitían visualizar los incidentes, y que cuando éste llegó entendió que quedaba a cargo del procedimiento. Quizás estuvieron lejos de una conspiración pero es evidente que los declarantes, alineados en la línea dura, aprovecharon para perjudicar a su ex jefe, de quien nunca toleraron su pretendida posición “democrática”.
“Niego que se me atribuya responsabilidad sobre eso. En ningún momento impartí otra orden que no fuera la de evitar que los manifestantes lograran profundizar la crisis”, sostuvo Santos en el escrito con el que consiguió 72 horas más de libertad. Deslizando la responsabilidad sobre sus subordinados por los disparos con balas de plomo contra la gente, afirmó que “la multiplicidad y rapidez de los episodios hicieron que cada funcionario policial actuara con la ejecutividad que imponían las circunstancias sin consultar su proceder”. En cuanto a las declaraciones de los comisarios que aseguraron haber recibido la orden de detener a los manifestantes más activos, Santos indicó que “sólo dispuse la detención de quienes desobedecían las indicaciones (de irse de la plaza)”.
Al señalar por arriba de su jerarquía, el ex jefe de la Federal dijo haber recibido llamadas telefónicas de Jorge de la Rúa, Gallo, Aiello y del ex ministro de Interior, Ramón Mestre, quienes le pidieron que “seevitara la concentración de manifestantes en la Plaza de Mayo a fin de impedir los males que podrían suscitarse en caso de que entraran a Casa de Gobierno”. E hizo hincapié en la reunión del Consejo de Seguridad Interior del 19 de diciembre, donde se habría decidido “despejar la plaza”. Según su relato, esa misma noche hubo otra reunión en la Rosada y una más en Olivos la mañana del 20. En otro párrafo, Santos señaló que estuvo reunido con el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y sus colaboradores entre las 15 y las 16.30, cuando tres de los cinco hombres asesinados caían baleados con perdigones de plomo de la policía.
Esta es la séptima detención que Servini ordena en el caso, ya que el martes fueron a declarar y quedaron detenidos el comisario inspector Orlando Oliverio y otros cinco oficiales, acusados del homicidio de Alberto Márquez. Los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers solicitaron que se amplíe la indagatoria de los seis policías y pedirán “nuevas medidas” que podrían culminar con “otras detenciones”.
El jaqueado gobierno aliancista había gaseado a los manifestantes el miércoles a la noche, mientras protagonizaban el primer cacerolazo espontáneo y festejaban la renuncia de Domingo Cavallo muy cerca de la puerta de la Rosada. La mañana siguiente, habiendo tenido la plaza libre varias horas, los funcionarios decidieron vallarla por la mitad cuando ya la gente había vuelto a protestar. Y a partir de ahí la escalada incluyó el atropello de las Madres y de legisladores, pisoteados por la montada, más gases y pasado el mediodía, las balas de plomo. Entre las 4 y las 7 de la tarde del 20 de diciembre, Márquez, Gustavo Benedetto, Carlos “Petete” Almirón, Diego Lamagna y Gastón Riva cayeron sobre el asfalto para nunca más levantarse. Santos está preso por eso, y por los 150 heridos graves.