Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi no integran desde ayer las filas del Ejército Argentino. La confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena a prisión perpetua que dictó en 2008 el Tribunal Oral Federal de Tucumán, por el secuestro y asesinato del ex senador Guillermo Vargas Aignasse, derivó en dos resoluciones del ministro de Defensa, Arturo Puricelli, por las cuales los dos mayores genocidas de la historia del norte argentino fueron degradados de la institución a la que pertenecían desde que ingresaron al Colegio Militar de la Nación, hace más de 60 años. La baja implica que los ahora ex generales dejarán de cobrar ingresos como retirados, recuperarán el estado civil del que gozaban cuando eran adolescentes y nunca más podrán volver a invocar al Ejército en primera persona. La noticia se conoció el mismo día en que el Tribunal Oral Federal de Salta, que juzga a Menéndez por secuestros y asesinatos en esa provincia, difundió un informe médico que dejaría al acusado fuera del juicio, el séptimo que afronta desde la reapertura de las causas, luego del infarto que sufrió el jueves.

La sentencia que deriva en las bajas de Menéndez & Bussi fue suscripta en agosto de 2008. El tribunal presidido por el juez Gabriel Casas e integrado por Josefina Curi y Carlos Jiménez Montilla condenó al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y al de la Quinta Brigada respectivamente a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, como caras visibles de “una asociación de jefes de distintas fuerzas militares y policiales que se reunían de manera subterránea para realizar delitos y garantizar impunidad”.

Los defensores de los genocidas apelaron el fallo que, casi dos años después, en junio pasado, fue confirmado por la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, que integran los jueces Mariano González Palazzo, Augusto Díaz Ojeda y Gustavo Hornos. La misma sala rechazó luego una nueva apelación, por lo cual los abogados de los octogenarios decidieron presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, que fue rechazado en los primeros días de 2011.

Según el comunicado difundido por el Ministerio de Defensa, tras el fallo del Tribunal Oral Federal de Tucumán la cartera dio intervención a la Auditoría General de las Fuerzas Armadas, que “opinó que resultaba procedente dictar la baja de ambos individuos como consecuencia de las penas e inhabilitaciones que se les aplicara”. Puricelli firmó ayer las resoluciones 408 y 409, por las cuales dispuso “la baja de las filas del Ejército Argentino de los Generales de División (R) Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi”. “Ambas resoluciones se adoptan en virtud de las leyes y las normativas militares vigentes”, agrega el comunicado. Voceros de Defensa precisaron que la baja implica el retorno al estado civil y la desvinculación definitiva de las filas del Ejército, que ya no tendrá que volver a pagarles su haber como retirados.

El Tribunal Oral de Salta, en tanto, dio a conocer ayer un informe médico según el cual Menéndez “no se encuentra en condiciones de seguir interviniendo” en el proceso por el secuestro y homicidio del ex gobernador Miguel Ramone. “La recuperación de su cuadro de infarto de miocardio demandará, salvo complicaciones, aproximadamente cuarenta días”, sostiene, y precisa que “el compromiso de tres vasos coronarios indica, desde el punto cardiológico (que se trata de) un paciente de alto riesgo”. Menéndez fue internado de urgencia el jueves y sometido a una angioplastia en una clínica de San Miguel de Tucumán, donde permanece internado.

El ex militar, de 83 años, afrontaba desde el mes pasado su séptimo juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad y se alojaba hasta el momento de la internación en la casa de uno de sus hijos, en el country del Jockey Club del selecto barrio Yerba Buena, en Tucumán. No es mejor la salud de Bussi, que el mes pasado fue internado en terapia intensiva por problemas cardíacos y que también goza de arresto domiciliario en su casa de Yerba Buena.