Dos semanas atrás la Cámara de Casación Penal difundió una noticia que podía parecer destinada al podio del aburrimiento: anunció nuevas “pautas” para presentar “recursos de queja”. Así dicho sonaba a burocracia. Pero detrás de ese anuncio acartonado de mayores controles estaba el reconocimiento de uno de los mayores escándalos que protagonizó este tribunal, donde la causa sobre el asesinato de Mariano Ferreyra puso al descubierto la vulnerabilidad del sistema de sorteos de expedientes, es decir, la puerta de entrada al llamado “forum shopping”. Dicho de otro modo, la posibilidad de “comprarse” la voluntad de uno o varios jueces. En ese caso hubo escuchas y una investigación judicial que corroboraron maniobras destinadas a que las apelaciones de la patota de la Unión Ferroviaria procesada por el homicidio del militante del PO quedaran radicadas en la Sala III y a sobornar a uno o dos de sus integrantes para que liberaran a los detenidos. Desde que esto se supo, Casación es un hervidero, pero la crisis recrudeció cuando, poco después, abogados de la cadena de supermercados Carrefour denunciaron una presunta artimaña similar en un juicio por una estafa millonaria contra los directivos del grupo Exxel, que casualmente también terminó en la Sala III.

Este escenario precipitó la decisión de la actual presidenta de la Cámara, Angela Ledesma –una de las pocas en el tribunal con fama de jueza independiente–, de poner bajo la lupa el trámite de los recursos de queja. La novedad fue presentada como un aumento de los requisitos para quienes presentan estas apelaciones, pero es un evidente mensaje hacia adentro. “Con frecuencia se advierten inconvenientes en la Oficina de Sorteos de la Secretaría General de esta Cámara, en la presentación de los recursos de queja”, fundamentaba la resolución. En lo formal, ahora los abogados deben llenar una declaración jurada con detalles de la causa que no suelen figurar en las “quejas” y cuya falta puede favorecer dilaciones y ciertas trampas.

La Cámara de Casación, integrada por cuatro salas de tres jueces, es el segundo en jerarquía del país. Es responsable de decisiones cruciales como evaluar si está bien aplicada una condena en un juicio oral hasta –un ejemplo es el de Cromañón– la privación de la libertad de una persona. Pero Casación por regla no revisa procesamientos, a menos que se plantee una situación de palmaria gravedad. La causa sobre el asesinato de Ferreyra reveló una serie de negociados para que fuera la Sala III la que revisara los procesamientos de la patota y salvara también al líder de la UF, José Pedraza. Del mismo modo, en el expediente impulsado por Carrefour están en juego los procesamientos de nueve ejecutivos del Exxel Group y uno de la consultora Price Waterhouse, acusados de haber estafado a la firma al venderle el 49 por ciento de Supermercados Norte.

La investigación judicial del intento de soborno en el caso Ferreyra resultó rica en pruebas y pronto podría haber llamados a indagatoria. Una de las recientes consecuencias fue el desplazamiento del empleado de la oficina de sorteos de Casación Luis Ameghino Escobar hacia otra dependencia. El 26 de enero, día que intervino en el sorteo de los recursos de los matones ferroviarios que fueron a parar a la Sala III, habló unas seis veces por teléfono con el abogado y ex juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, que defendía al picaboletos Guillermo Uño, uno de los detenidos. Aráoz tiene larga historia en Casación, donde fue secretario letrado del camarista Eduardo Riggi. Según el testimonio de otros empleados, el sistema de sorteo informático permite inferir la probabilidad de que un caso “caiga” en determinada sala, ya que reparte equitativamente el trabajo. La trama conocida hasta ahora dejó a la vista que el problema no se reduciría al reparto de favores de quien aprieta la tecla para hacer el sorteo sino que estaría mucho más arriba.

La punta del ovillo fueron las escuchas por el homicidio de Ferreyra ordenadas por la jueza Wilma López, que detectaron las tratativas para comprar el voto de al menos un juez de Casación. Hizo la denuncia, que le tocó al fiscal Mariano Solessio. La magistrada escuchaba al propio Pedraza y sus llamadas permitieron dar con otros aparentes protagonistas de la operación: el vicepresidente de Belgrano Cargas, Angel Stafforini, y el agente de la Secretaría de Inteligencia Juan José Riquelme, desplazado el mes pasado, de cuyas palabras se desprende que habría oficiado de nexo al menos con dos camaristas de la Sala III: Riggi y Gustavo Mitchell.

Solessio también detectó cuando Stafforini le mandaba un sobre con 50 mil dólares a Aráoz de Lamadrid para el presunto soborno. El fiscal allanó el estudio del abogado al rato de que llegara la plata. Todavía por esos días, cerca de la detención de Pedraza en febrero, más de un funcionario de Casación vio entrar a Aráoz sin golpear en despachos del tribunal.

Riquelme no era un desconocido en la Casación sino todo lo contrario, confiaron fuentes judiciales a Página/12. Era un habitué de años. Le atribuyen trato frecuente no sólo con Riggi sino con el ex camarista Alfredo Bisordi, ahora defensor de represores. Años atrás cuando se preguntaba quién era Riquelme, la respuesta era “el secretario de monseñor (Antonio) Baseotto”, aún obispo castrense. Era la misma época en que la Casación se había convertido en la mayor barrera llevar a juicio a los acusados de delitos de lesa humanidad de la última dictadura. El año pasado a Riquelme lo mencionaban en el ámbito sindical como hombre de confianza de Pedraza. Según las escuchas, Riquelme se jactaba de haberse encontrado con Riggi y Mitchell en medio de las gestiones para beneficiar a Pedraza y sus hombres. Hablaba, además, de la entrega de “atenciones”. En Casación, más de una persona escuchó a Riggi defender a Riquelme y, para mayores casualidades, la Sala III sobreseyó años atrás a Pedraza en otra causa.

En tribunales creen poco probable que la causa penal avance sobre los jueces, ya que no aparecerían en ningún diálogo que los comprometa en forma directa. Ledesma es la otra integrante de la Sala III, pero desde inicios de año no interviene en nuevos expedientes por presidir el tribunal. En verano, cuando se produjo el sorteo del caso, eran muy pocos los empleados en funciones. En el año, aseguran fuentes judiciales, se alternan los empleados para hacer los sorteos de modo de reducir las chances de manipulaciones. Desde hace algunas semanas, además, los abogados que quieran presenciarlos pueden hacerlo. Pero no se hará sorteo manual, como reclamaron los abogados de Carrefour.

Los letrados de esa cadena de supermercados denunciaron que, pese a que les habían informado que los recursos de queja de los procesados del Exxel irían a la sala IV por una conexidad, luego los mandaron a la Sala III, y que tampoco fue prolijo el sorteo. Altos funcionarios de Casación consultados por este diario dijeron que “en la causa de Carrefour no hubo irregularidades sino una desprolijidad”. Como sea, los jueces Riggi, Mitchell y Liliana Catucci (suplanta a Ledesma) se excusaron. Riggi hizo lo propio en lo que al gremio de Pedraza concierne.

Por lo que parece, no será fácil introducir cambios en Casación, y menos aún controles. A pesar de que en dos plenarios cada sala se comprometió a hacer un informe para la Corte sobre la situación de las causas de derechos humanos, en el último encuentro la jueza Catucci se plantó y anunció, palabras más palabras menos: “La Sala III no va a informarle nada a la Corte, ¿por qué debería hacerlo?”.