Mañana se presentará una nueva denuncia por abuso sexual agravado contra el abogado y empresario salteño Simón Hoyos, que puede resultar decisiva para mantenerlo largos años en la cárcel. Norma Abarza, de 34 años, testificará que Hoyos la violó desde que tenía 9 años hasta que cumplió trece y además la obligó a sostener relaciones sexuales con diversos peones de su finca. A los trece años dio a luz a una niña que –sospecha– es hija de Hoyos.
La muchacha, que ahora tiene 20, se someterá a la prueba del ADN y si el resultado da positivo será una prueba ilevantable contra la defensa del patrón rural que ejercía el derecho feudal de pernada. El testimonio de esta nueva víctima será presentado ante la Justicia salteña por el abogado Roberto Elio Gareca, un ex juez de reconocida honestidad y valentía que fue destituido por el gobernador Juan Carlos Romero.
Gareca, que también patrocina al chico de quince años presuntamente violado por el concejal justicialista Guillermo Capellán, mantuvo una larga entrevista telefónica con Página/12, mientras se enteraba de que le habían golpeado a un testigo y que la FM del concejal (Nueva Provincia) incitaba a los oyentes a que escracharan su casa. “Esta es una sociedad feudal –dijo el ex juez–, con patrones que abusan sexualmente de los niños y mafiosos que amenazan a jueces honestos.”
A diferencia de lo que piensan sectores demasiado inocentes o demasiado culpables de Salta, Gareca no cree que estos casos de violación y abuso sexual en contra de niños humildes sean episodios delictivos aislados, producto de patologías individuales, sino la expresión de una sociedad “en la que el señor feudal es dueño de vida y hacienda de súbditos y vasallos. Una sociedad que carece del equilibrio y control que debe poseer toda sociedad moderna a través de los poderes legislativo y judicial”.
El mismo es una prueba viviente de lo que afirma: en poco más de cuatro años como juez de instrucción formal de la Cuarta Nominación, el doctor Gareca cometió “el error” de procesar a una veintena de personajes políticos vinculados con el gobernador Romero. Un record de Guinness que le costó el cargo. El más emblemático de sus encartados es el ex intendente de General Güemes, Rubén Cabana, preso desde hace más de dos años en una causa en la que el magistrado destituido lo procesó por 184 delitos de corrupción administrativa. Casualmente, el abogado defensor de Cabana es René Gómez, que fue procurador general de la provincia cuando el intendente de General Güemes fue procesado y fue también uno de los promotores principales del juicio político que llevó a la destitución de Gareca. Cabana ahora podría salir en libertad, para aportar sus dotes proselitistas a la campaña Menem-Romero.
El 13 de diciembre último un jurado de enjuiciamiento compuesto mayoritariamente por políticos del oficialismo justicialista separó a Gareca de la Justicia. Los cargos eran absurdos. Se le reprochaba, por ejemplo, un exceso de apariciones “mediáticas”, pero su destitución –paradójicamente– fue anticipada en los medios por el periodista Mario Peña, de fluidas relaciones con el ejecutivo provincial. Al anticipar la sentencia, Peña no disimuló las causas: la molestia que causaba al poder administrativo la investigación del ex ministro de la Producción “y ex socio de Romero”, Gilberto Oviedo, y del ex secretario de Obras Públicas, “por irregularidades en diversas contrataciones por casi cincuenta millones de dólares”. De nada sirvió la defensa de la senadora justicialista por Salta, Sonia Escudero, que calificó al destituido como “el mejor juez que tiene la provincia”.
Ahora, mientras espera lo que resuelva la Corte provincial y luego la Corte Suprema, sin hacerse muchas ilusiones y sin muchas ganas de regresar a los estrados judiciales, el abogado salteño ha retomado con pasión su profesión para defender “a los humillados y ofendidos por el poderfeudal”. Como la nenita de ocho años que encontraron hace pocos días con Simón Hoyos en un hotel alojamiento. Como Norma Abarza, a quien el “patroncito” empezó a violar cuando tenía nueve años. Durante cuatro años la niña fue sometida a toda clase de aberraciones, como ser violada por algunos peones para satisfacer el voyeurismo del patrón. A los 13 años de edad Norma tuvo una hija cuyo padre podría ser el violador. Esa hija, que ya cumplió veinte años, se someterá a una prueba de ADN que puede resultar fatal para Hoyos: si se comprueba el parentesco quedará establecido, de manera irrefutable, que este sujeto violó a la madre cuando era una niña de trece años.
Hoyos no es un “violeta” cualquiera, como dicen en las cárceles con justificado desprecio por esta clase particularmente repugnante de delincuentes. Es un hombre del poder: terrateniente, escribano, abogado, de nexos con el oficialismo provincial. Esto explica por qué permaneció impune durante décadas, a pesar de que hubo varias denuncias judiciales en su contra como corruptor y abusador de menores.
En 1982, Simón Agustín Hoyos (que cuenta actualmente 52 años) fue denunciado por coacción. En 1984 fue acusado (presuntamente junto a su padre) por violación y estupro en el Juzgado Penal de Segunda Nominación, en ese momento a cargo del juez Rogelio Saravia Toledo, actualmente juez de Cámara del Tribunal Federal en lo Criminal de Salta. Saravia Toledo fue reemplazado en el mes de febrero de ese año por el doctor Miguel Antonio Medina, quien dictó el sobreseimiento de Hoyos y en el presente es juez federal número dos de Salta.
El 27 de diciembre de 1996 fue acusado de haber violado a una menor. El magistrado que intervino, Esteban Dubois –actual juez del fuero penal–, desestimó la acusación a pesar de los antecedentes del denunciado. En 1997 y en 1998 se produjeron nuevas denuncias contra Hoyos por el mismo tema: la comisión de delitos sexuales en perjuicio de menores de edad. Recién el 7 de febrero de este año fue detenido y procesado al ser sorprendido in fraganti en un hotel alojamiento con una niña de 8 años. No deja de ser sugestivo que en la Salta de Juan Carlos Romero –un famoso partidario de la “mano dura” contra quienes cometen el supuesto delito de cortar rutas– la Justicia mire para otro lado cuando los violadores son ricos y las víctimas “simples chinitas”, como las llamó el propio Hoyos en su expresivo lenguaje.
Santiago Pedroza es abogado de Valentina Luzco, la madre de la nena que alertó con sus gritos y su llanto a los trabajadores del hotel alojamiento adonde la había llevado Hoyos y coincide con el diagnóstico social de su colega Gareca: “Los hechos muestran tal grado de perversidad y violencia en el acusado que tornan imprescindible el debate público acerca de cómo se trata la sexualidad en la sociedad, cómo se publicita y cómo está construida socialmente Salta, haciendo hincapié en las distintas estructuras feudales”.
Gareca rescata la acción de algunos periodistas que se han jugado contra el poder, cuya independencia tuvo que defender cuando era juez y los informadores estaban amenazados por los de arriba. Gracias a sus valerosas denuncias y el “rebote” en algunos medios nacionales, la muralla feudal ha podido ser, en parte, fisurada. “Ahora las víctimas lograron el valor que antes no tuvieron para denunciar al Señor”, explica a Página/12.
El ex juez también defiende al menor de quince años presuntamente violado por el concejal justicialista Guillermo Capellán. Dueño de una FM, de varios autos de marca (BMW, por ejemplo), de un pasado como “joven astrólogo” y profesor de inglés y, según algunos denunciantes, de más de un millón de dólares colectados durante su gestión como intendente de la ciudad jujeña de Libertador General San Martín, Capellán ha intentado defenderse diciendo que le hicieron una “cama política”. Alude a recientes enfrentamientos con seguidores del gobernador Romero por la mudanza de la planta de gas de Refinor en el suburbio capitalino de Cerritos (Chapapoya). La oposición sostiene que la planta debe ser trasladada de esa zona densamente poblada y el gobierno se resiste. Capellán votó esta vez con la oposición. Y aunque muchos creen que no lo hizo por razones de moral pública, sino de conflicto de intereses, piensan que ese voto le granjeó la antipatía oficial. Por eso causaron gracia las palabras del gobernador asegurando “imparcialidad”: “Sea quien sea, si hay delito será castigado, porque en Salta no hay coronita para nadie. Confío en la Justicia porque condenará a quien debe condenar”.
El médico legista Pedro Antonio Alvarez no está tan seguro. El fue uno de los cuatro profesionales que examinó al menor de quince años presuntamente violado por Capellán y no encontró “signos ni huellas de lesiones o sus secuelas como para poder afirmar categóricamente si ha existido acceso carnal por vía anal”. El doctor Alvarez, que emitió su juicio en disidencia con el de otros profesionales, se dispone a querellar al diario El Tribuno (propiedad de la familia Romero), que anteayer afirmó “con grandes titulares” que todos los peritos médicos consultados habían dictaminado que hubo huellas de violación. La posición del doctor Alvarez es levantada por todos los que coinciden con la teoría de “una cama” oficial.
Para el abogado Gareca, en cambio, caben pocas dudas sobre la culpabilidad del ahora suspendido concejal, que ha encarado “una irracional y persistente campaña defensiva soliviantando a los numerosos escuchas (de su FM Guille) para que realicen marchas y “escraches” al magistrado de la causa y al abogado del menor violado. Una periodista adicta afirma la inocencia de su empleador (Capellán) y dice que “todo es una cama política” tendida por el poder para eliminarlo del Concejo Deliberante, en donde el presunto paidófilo tuvo, algunas veces, posiciones encontradas con el titular de la intendencia, Alejandro San Millán. Mayoritariamente la sociedad descree de tal hipótesis, pero carece de certeza sobre cómo repercutirá en el ánimo y en la decisión final del juez de la causa la presión mediática y las movilizaciones populares que la locutora impulsa diariamente a través de la onda radial de propiedad del acusado”.
Más allá de la puntual inocencia o culpabilidad de Capellán, la sospecha de que el poder puede estar detrás (en este caso para acusar), como lo estuvo para asegurarle a Hoyos una impunidad de varias décadas, refuerza la tesis central del magistrado destituido por el gobernador y sus justificadas aprensiones: “Con estos casos emblemáticos, el ‘derecho de pernada’ del señor feudal ha renacido con fuerza en la Salta de Romero, candidato a vicepresidente de la Nación. ¿Igual regresión sufrirá la Argentina toda si este personaje accede en abril próximo a la conducción de la República? Con los antecedentes comentados, pensamos que esa hipótesis excede la mera posibilidad”.