A casi 17 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el fiscal Alberto Nisman pidió que se llevara a Carlos Telleldín a su segundo juicio oral, como partícipe del ataque a la entidad judía. El fiscal consideró terminada la etapa de instrucción sobre el reducidor de autos, que fue el último que tuvo la camioneta Trafic antes de que ésta fuera, una semana más tarde, utilizada como coche-bomba. Nisman pidió además la detención de Telleldín.

La Corte Suprema había ordenado reabrir la causa contra el sospechoso tras considerar válidas las pruebas reunidas en el expediente hasta el 31 de octubre de 1995, es decir, en los primeros 14 meses de la investigación. En base a esos elementos y a otros reunidos en los últimos meses, Nisman dictaminó que existen elementos “suficientes para responsabilizar a Telleldín por su participación en el ataque”.

Telleldín fue el primer detenido del caso. Estuvo diez años preso en la cárcel de Devoto, pero a raíz de las irregularidades cometidas en la investigación a cargo del (ex) juez federal Juan José Galeano, el Tribunal Oral Federal Nº 3 lo absolvió, junto con el grupo de ex policías bonaerenses que habían sido acusados por el atentado. El elemento clave para anular la investigación fue que se demostró que Telleldín había recibido de Galeano 400 mil dólares tras incriminar con una declaración a los policías.

Hace dos años el tema llegó a la Corte Suprema, que confirmó gran parte de la resolución del juicio oral pero advirtió que toda la prueba anterior a la apertura del expediente contra los policías no estaba viciada de nulidad y por lo tanto seguía en pie. Así, para la Justicia está probado que el atentado fue realizado con la Trafic que Telleldín había armado con un chasis robado y un motor de segunda mano. El reducidor la tuvo hasta ocho días antes del ataque y nunca dio una explicación sólida de a quién se la entregó.

Para Nisman, las pruebas reunidas permitirán demostrar que el acusado armó la camioneta “sabiendo que se iba a utilizar en un atentado terrorista y la acondicionó en ese sentido. Le reforzó los elásticos, por ejemplo, y además le hizo una documentación distinta a la que hacía habitualmente”. Los documentos del vehículo son algunos de los elementos agregados de manera reciente, después de que la Corte ordenara reimpulsar el caso.

El máximo tribunal también ordenó, en su momento, profundizar la pesquisa sobre el “entorno” del reducidor de coches. En la fiscalía dijeron que aunque lo relacionado con la responsabilidad de Telleldín se dé por cerrado, aquella parte del caso seguirá abierta.

El argumento del nuevo pedido de arresto contra Telleldín es la gravedad del delito que se le imputa, para el que el Código Penal reserva “la pena más alta”. El fiscal apuntó, en ese sentido, que “el tiempo de encierro” cumplido “no lo autoriza a obtener su libertad anticipada”.

El fiscal ya había reclamado la detención de Telleldín el 18 de febrero del año pasado, pero esto nunca se concretó a raíz de distintos planteos hechos por el propio Telleldín, que es abogado, título que obtuvo estudiando mientras estaba en la cárcel.

Antes de la elevación a juicio, las querellas deberán tomar vista de la decisión, así como el juez a cargo del caso, Rodolfo Canicoba Corral.

Telleldín enfrentará, además, otro juicio oral por el delito de peculado, a raíz del pago ilegal que recibió para declarar contra los policías bonaerenses. Por este hecho serán juzgados con él el ex juez Juan José Galeano, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja y los ex fiscales del caso Eamon Mullen y José Barbaccia.