Tras su paso por el Congreso, el subsecretario de Vivienda, Luis Bontempo, fue entrevistado por Página/12 sobre diversos aspectos denunciados por la oposición que involucran los planes habitacionales financiados por el Estado y, en particular, los realizados por la ONG Sueños Compartidos, de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo.

Frente a las denuncias de “sobreprecios y discrecionalidad en el otorgamiento de las obras”, Bontempo aseguró que “se respondió a los requerimientos con toda la documentación sobre la mesa, durante tres horas y sin ningún tipo de condicionamiento. Y pudimos demostrar que no hay ninguna de las irregularidades que se señalaron en estas campañas mediáticas”.

–¿Sirvió la reunión en la Comisión de Viviendas? ¿Se aclararon los puntos oscuros en relación a la financiación de planes de viviendas?

–Interpreto que fue una reunión positiva. Durante tres horas respondimos consultas de los legisladores sin condicionamientos. Los puntos oscuros tienen que ver con una campaña mediática en la que se dicen cosas sin ningún fundamento. Fuimos invitados, junto al ingeniero Abel Fatala, para hablar del financiamiento de proyectos de construcción de vivienda, y particularmente los otorgados al programa Sueños Compartidos, de la Fundación de las Madres. Lo más importante para nosotros fue poder aclarar que el Estado nacional no financió a la Fundación. No somos el comitente, es la provincia o el municipio quien contrata y quien tiene la responsabilidad de control. Nosotros siempre financiamos a la jurisdicción, no al constructor.

–Entre los diputados opositores, lo que más se repitió es que “los funcionarios se lavaron las manos y le echaron la culpa a municipios y provincias”...

–No nos lavamos las manos. Cuando hablamos de responsabilidad, nos referimos a lo que dicen los contratos.

–Pero hay cuestionamientos por la falta de controles, sobreprecios en la construcción de viviendas, manejo discrecional de las adjudicaciones...

–La responsabilidad del control es de la jurisdicción, lo que nosotros controlamos es el avance de obra cuando se presentan los certificados para el cobro. Tampoco puede haber sobreprecio, porque el costo por unidad de vivienda está predeterminado por el plan. Hay un precio tope que se debe respetar. En el caso de las obras financiadas por la Subsecretaría de Vivienda, con un plan que se puso en marcha en 2008, el primero que se presentó con un plan para solicitar financiamiento fue el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el proyecto de 780 viviendas en Castañares y General Paz.

–Es el plan que construye Sueños Compartidos, de las Madres. ¿El Gobierno de la Ciudad presentó el proyecto de las Madres? ¿No hubo licitación?

–Todo este plan es para erradicación de villas en todo el país. Se hace con organismos no gubernamentales (ONG), seleccionados por las jurisdicciones municipales o provinciales, que estén en condiciones de cumplir los requisitos que solicitamos. El plan del Gobierno de la Ciudad se presentó como respuesta a un incendio que destruyó la villa El Cartón y otro en la Villa 15 (su-doeste de la ciudad, área Soldati-Lugones-Bajo Flores). El proyecto se encaró con la ONG de las Madres. Sueños Compartidos ya había hecho el relevamiento de necesidades, cuántas familias lo necesitaban y con cuántos integrantes. Es decir, que de antemano se sabe quién hace la obra y quién es el adjudicatario.

–¿Y ese mecanismo no deja demasiado margen a la discrecionalidad?

–Son programas de inclusión social. La que presenta el plan es la jurisdicción. Detrás del Gobierno de la Ciudad vinieron Chaco, Santiago del Estero, Río Negro, Tigre, Almirante Brown. Cada distrito debe cumplir con las condiciones mínimas que exigimos para las viviendas y respetar un costo por unidad o por metro cuadrado para que otorguemos el financiamiento. Una vez otorgado, nuestra obligación es ir pagando la construcción a medida que se presentan los certificados de obra, que indican el avance de la misma.

–¿Quién presenta el certificado de obra?

–La jurisdicción debe aprobarlo antes de ser presentado. Cuando lo recibimos en la subsecretaría verificamos el avance de obra y si está en orden, se paga.

–¿En el caso de la obra de Castañares, con Sueños Compartidos y el Gobierno de la Ciudad, se siguió ese procedimiento?

–Exactamente. No hubo excepción.

–¿Qué costo tiene esta obra?

–Un costo inicial de 152 millones de pesos. La fecha de inicio, cuando se firmó el convenio, fue el 26 de marzo de 2008.

–Si no hay fallas en el control, ¿cómo se explica que se hable de un desfalco?

–Si hubo una estafa, fue por afuera del sistema de financiamiento de la construcción de viviendas. Si la obra en ejecución coincide con los certificados de obra, y lo que se pagó corresponde a estos últimos, para nosotros está todo normal. En ese circuito no tenemos ninguna irregularidad.

–La oposición no parece muy conforme con la explicación y mantiene las sospechas...

–Muchas preguntas de los diputados buscaban ilustrarse sobre ciertos temas ventilados en una campaña de prensa que pretende involucrar al Estado nacional con este presunto desfalco en la Fundación de las Madres. Aclaramos que no fue así. Mostramos documentación, explicamos procedimientos. Otras preguntas venían con la respuesta implícita. Pero si hay un hecho ilícito, no tiene que ver con esta operatoria. Trabajamos con alrededor de 70 ONG y nunca tuvimos problemas con ninguna. La más importante es Sueños Compartidos, pero casi con la misma cantidad de viviendas construidas o en ejecución viene Cáritas.