Horacio Rodríguez Larreta deberá aprovisionarse de velas o desembolsar una suma sideral para pagar la cuenta de la luz. El jefe de Gabinete porteño viene ignorando una causa abierta hace dos años por el peligro en el tendido eléctrico de la Villa 21-24 y el juez en lo contencioso administrativo Andrés Gallardo resolvió aplicarle una multa altamente creativa: el monto será cien veces lo que paga de luz Larreta en su domicilio personal sobre la avenida Libertador. La siguiente vez será multiplicado por 200 y así sucesivamente. “El pago de la misma no podrá parcializarse, y en caso de no pago deberá proceder al corte de suministro”, ordenó Gallardo en un fallo al que tuvo acceso Página/12. De esta manera, Su Señoría podría dejar al jefe de Gabinete en las condiciones en las que viven muchos de los habitantes de la villa.

La causa judicial fue iniciada hace dos años por la Defensoría General y la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a raíz del estado del tendido eléctrico de la Villa 21-24. A pedido de la Justicia, el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) hizo un estudio sobre el barrio y llegó a la conclusión de que “existe un alto riesgo eléctrico que pone en peligro la vida y la salud de sus habitantes”. El informe del ENRE señala que la situación “es de riesgo general”, que pueden producirse daños por incendios y sobrecarga de cables, “electrificación de rejas con la consecuente electrocución”, “electrocución por contacto directo con cables colgando”. También detectaron una enorme cantidad de casos de falta de suministro entre los habitantes.

La Defensoría General, que dirige Mario Kestelboim, notificó a Larreta de este informe el 29 de octubre de 2009 y lo citó a una audiencia a la que el jefe de Gabinete no asistió. A partir de que el funcionario de Mauricio Macri ignoró este tema social, la Defensoría General y ACIJ se presentaron ante la Justicia para demandar que el gobierno porteño resuelva la situación de instalación eléctrica precaria. La gestión PRO no respondió a las diversas intimaciones. El 18 de febrero de este año, Gallardo dictó un fallo en el que le ordenó a Larreta que “proceda a la implementación en un plazo de diez días de un protocolo de actuación para responder en forma ágil y eficiente a las emergencias que se producen por la situación de riesgo eléctrico en la Villa 21-24”. También dispuso que hicieran un plan de obras para disminuir el riesgo eléctrico y que desplegaran una campaña de prevención entre los vecinos.

La gestión PRO respondió con un informe de la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), en el que aseguraron que tenían toda la buena voluntad para cumplir con ese protocolo, pero que la ejecución de las obras dependía de las partidas que estuvieran disponibles. Para cumplir el fallo y prevenir el riesgo para las personas –informaron desde la UGIS– se necesitaban un millón 124 mil pesos, pero para este año la gestión PRO había dispuesto tan solo 198 mil pesos. “Nótese que el importe destinado a las obras alcanza apenas un 18 por ciento del total”, señala el fallo de Gallardo. Desde la UGIS también aseguraron que estaban distribuyendo volantes entre los vecinos, aunque nunca pudieron presentar una copia del panfleto en la causa judicial.

El 19 de mayo, Gallardo decretó el incumplimiento de la medida cautelar y le ordenó a Larreta –que es quien coordina las distintas áreas de gobierno que debían intervenir– que cumpliera el fallo bajo apercibimiento de astreintes (en jerga judicial, multas progresivas que se aplican hasta que se cumple el fallo). Su Señoría le exigió una larga serie de documentos sobre cómo se estaban llevando a cabo las obras. El jefe de Gabinete no respondió ninguno de los planteos judiciales. Tampoco pidió más tiempo. Simplemente apeló el fallo.

“El sistemático silencio guardado tanto por el jefe de Gabinete como por la administración local en su conjunto da sobrada cuenta de que no existe voluntad alguna de acatar la obligación judicial impuesta. La conducta renuente y sostenida de la administración implica no sólo el desacato a las órdenes impartidas, sino –lo que es más grave aún– tiende a perpetuar la lesión de derechos fundamentales, como son la vida, la salud y la seguridad de los vecinos de la Villa 21-24”, concluyó el magistrado.

Gallardo optó por “disponer que el monto de la sanción pecuniaria sea aquel que resulte de multiplicar por cien el monto total de la próxima factura de Edenor S.A. por la prestación del servicio eléctrico que dicha empresa suministra en el domicilio del jefe de Gabinete, ubicado en Avenida Libertador”. El juez también dispuso que el importe se incremente “de cien en cien”. Por ejemplo, si el ministro gasta 300 pesos por mes, la multa será de 30.000 pesos.

Además, el monto irá incluido en la factura: “La multa que aquí se impone deberá ser liquidada por Edenor como concepto integrante de la factura emitida, no pudiendo desdoblar su pago”, ordenó el juez. Así, esta cuenta de la luz le llegará con una multa que se multiplica por cien, la próxima será por 200, la siguiente por 300 y así hasta que el fallo se cumpla. En caso de que Larreta se niegue a pagar la abultada cuenta, Gallardo dispuso que se le corte la luz al jefe de Gabinete. Como a cualquier vecino.