El Tribunal Oral Federal de Corrientes, que llevaba adelante el juicio por los crímenes cometidos en Goya.
Imagen: Télam.

El tercer juicio en Corrientes a presuntos represores de la dictadura acusados de crímenes de lesa humanidad fue suspendido a los 35 días de haber comenzado porque uno de los principales imputados sigue prófugo. El acusado, teniente retirado del Ejército Leopoldo Cao, fue declarado en rebeldía por no presentarse en las audiencias, que comenzaron el 4 de mayo, y no justificar de ninguna manera sus ausencias.

La insólita resolución fue adoptada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, compuesto por los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaro y Fermín Ceroleni.

Durante la dictadura, Cao actuó en la Compañía de Ingenieros 7 del regimiento de Goya, Corrientes, y está acusado de supuestas torturas a prisioneros políticos, entre otros, docentes, curas y militantes de las Ligas Agrarias, que asociaban a pequeños campesinos y jornaleros. Además del ex militar prófugo, en este proceso son juzgados los militares Juan Ramón Alcoberro, Alberto Silveira Escamendi, Edmundo Bertolero, quien fue desafectado del proceso por una supuesta insania mental; los ex policías Dermidio Ramón Romero, recientemente fallecido; Juan Antonio Obregón y Romualdo Baigorria; y el ex prefecto Luis Leónidas Lemos.

En esta instancia oral y pública de la causa conocida como “Pane-tta” se intenta echar luz sobre la desaparición de Elida Goyeneche de Sobko y Abel Arce, así como 21 privaciones ilegítimas de la libertad seguidas de torturas. Los jueces investigan los hechos ocurridos en cuatro centros clandestinos de detención de Goya, que funcionaron en el Regimiento de Ingeniería 7, el Club Hípico, una guardería de lanchas conocida como “La Pajarera” y otro lugar denominado la “Casa de los Murciélagos”. La investigación demostró que el grueso de los desaparecidos y víctimas de la represión fueron personas del departamento de Goya y zonas de influencia como Perugorría y Lavalle, que pertenecían a las Ligas Agrarias, al justicialismo y al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Este es el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Corrientes. El primero fue en 2008, por la causa conocida como “Ex Regimiento de Infantería 9”, cuando se condenó a cuatro represores, y el segundo fue en 2009, en el marco de la denominada “Causa Ayala”, por el que fue condenado a 25 años de prisión un ex policía provincial.

La decisión de que el juicio se realice en la capital provincial y no en Goya generó críticas entre familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos, al entender que se trata de una “causa compleja” que requiere varias inspecciones oculares en el lugar de los hechos. “Es inentendible, pero fue una decisión del tribunal que tenemos que respetar”, dijo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, Ramón Artieda.