Un piso lleno de oficinas que alquila Madres de Plaza de Mayo en Hipólito Yrigoyen 1534, al lado de su Fundación, y que –según el juez– utilizaban Sergio y Pablo Schoklender, fue allanado ayer por orden del magistrado que instruye la causa, Norberto Oyarbide. La titular de Madres, Hebe de Bonafini, había entregado la llave al juzgado y doce efectivos de la Policía Federal pasaron cinco horas y media en el lugar buscando evidencias que pudieran dar pistas sobre el uso de fondos del Plan Federal de Viviendas que recibió la Misión Sueños compartidos, de las Madres, para la construcción de viviendas sociales. Se llevaron trece computadoras y veinte cajas con documentación, que ahora deberán analizar los investigadores.

Hasta ahora, Oyarbide había allanado distintos inmuebles ligados a Schoklender, como su casa y una oficina donde tienen domicilio empresas que están bajo sospecha, entre ellas Meldorek y Antártica Argentina. La misma noche de aquellos procedimientos, la policía dejó en la sede de Madres de Plaza de Mayo una “orden de presentación” de toda la documentación en su poder que estuviera vinculada con la construcción de viviendas. El juez les dio diez días de plazo para entregar todo, pero pidieron una prórroga, que reemplazó por un allanamiento liso y llano, aunque “fue un procedimiento consentido” por las Madres, según le dijo a Página/12 el abogado que las representa, Eduardo Barcesat. Explicó que aún no habían hecho entrega de los papeles porque están realizando una auditoría interna que todavía está inconclusa.

Hubo dos cuestiones que, evidentemente, pusieron en alerta al juzgado. Por un lado, las Madres denunciaron al presentarse con un pedido para ser querellantes que en la noche del 3 de junio los hermanos Schoklender, ex apoderados de la institución, o allegados suyos, se llevaron documentación que habría estado en las mismas oficinas requisadas ayer. Lo habrían hecho, dijeron, en un camión blindado que utilizaba la fundación para pagar sueldos cuando no todos los empleados en las obras de Sueños compartidos habían sido bancarizados. Los movimientos llamativos de ese vehículo (entradas y salidas en la noche) habrían quedado en los registros del garage. Fue justo cuando el conflicto que había con ellos se empezaba a conocer públicamente y se abría la causa judicial por posible defraudación, asociación ilícita y lavado de dinero.

A esto se sumó un episodio, el viernes siguiente (10 de junio), cuando dos personas –de apellido Camet y Segovia, según informaron allegados al caso– que aparentemente trabajaban con Pablo Schoklender intentaron entrar al tercer piso donde tenía su oficina. Tras una pulseada con la gente que estaba en el lugar, intervino la Policía Federal y, por indicación del Ministerio de Seguridad de la Nación quedó una custodia en el edificio, con fines disuasivos.

El procedimiento de ayer estuvo a cargo de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales, a cargo del comisario Néstor Roncaglia, que también suele intervenir en causas de alto impacto, como la de los medicamentos. Y según confirmaron a este diario testigos del allanamiento, la policía se llevó las CPU de trece computadoras y documentos contables de todo tipo.

Ayer mismo por la mañana los abogados de Pablo Schoklender –Gonzalo Romero Victorica y Ramiro Rubinska– presentaron un escrito en el que reclamaban el allanamiento de la sede de Madres, con el argumento de que “de ser cierto que la documentación de interés para las presentes actuaciones permanece aún en la sede de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, sin ningún tipo de custodia judicial que garantice que aquella documentación no va a ser sustraída o manipulada, estaríamos frente a una gravísima irregularidad que podría proyectarse de manera irreparable sobre el curso de esta investigación, acarreando nulidades insalvables”. En la misma presentación se despegó de su hermano Sergio y negó “cualquier tipo de participación” en el robo de documentación en un camión blindado denunciado por Bonafini.

Durante la tarde de ayer hubo versiones contrapuestas sobre las oficinas allanadas. Para el juzgado se trata de una sede de Sueños compartidos en la que trabajaban Sergio y Pablo Schoklender. En Madres de Plaza de Mayo afirmaron que Sueños compartidos no funcionaba allí y que las oficinas eran utilizadas por los hermanos para sus propias actividades. Los abogados de Pablo Schoklender le dijeron anoche a este diario que en el lugar trabajaban empleados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, aunque el alquiler del local era pagado por la empresa Antártica. Según los requerimientos de los fiscales Jorge Di Lello y Raúl Plee, Antártica fue denunciada dos veces. Por un lado, el Banco Supervielle sostuvo que se hicieron operaciones sospechosas. Se depositaron en una cuenta de Antártica cheques de la Fundación Madres y luego se retiró el dinero en efectivo. Entre 2009 y este año se habrían movido unos ocho millones de pesos con esa operatoria. El banco hizo la denuncia ante la Unidad de Investigaciones Financieras, que conduce José Sbatella. La otra denuncia contra Antártica fue realizada por dos legisladoras, Elsa Quiroz y Maricel Echecoin Moro, de la Coalición Cívica. En su escrito, las diputadas señalaron que Sergio Schoklender compró terrenos y una casona en José C. Paz y en la escritura consta que la compra se hizo para Antártica y con dinero de Antártica. De todas maneras, se hicieron dos adelantos de 5000 dólares y el resto de las cuotas no se pagaron. Antártica tiene como titular a Alejandro Gotkin, un hombre cercano a Schoklender y empleado de la Fundación Madres, y su domicilio fiscal está en la avenida Alvarez Thomas 198, el mismo domicilio de Meldorek, la sociedad que pertenece en un 90 por ciento a Sergio Schoklender.

Oyarbide presume que los Schoklender se apoderaron de fondos de la Fundación Madres, pero necesita encontrar las evidencias. El magistrado mandará a periciar toda la documentación secuestrada ayer para determinar si en ella puede determinar algunas claves para resolver el misterio.