La jueza Wilma López procesó a seis policías federales por haber permitido y facilitado que una patota de la Unión Ferroviaria (UF) asesinara a Mariano Ferreyra, quien participaba de una protesta de trabajadores tercerizados de la ex línea Roca. A su vez, los responsabilizó de no haber actuado mediante un “operativo cerrojo” que retuviera a los mantones en el lugar para “individualizar a los responsables y hallar las armas de fuego utilizadas”. En una resolución de 162 páginas, la magistrada les imputó el delito de abandono de persona agravado por las lesiones sufridas por Elsa Rodríguez, quien recibió un disparo en la cabeza que la dejó hemipléjica, y por la muerte del militante del Partido Obrero (PO), además de incumplimiento de sus deberes.

“La inacción del personal policial dejó a los tercerizados y a los integrantes del Partido Obrero en situación de completa indefensión”, sostuvo la jueza en el fallo al que accedió Página/12. “El poder de agresión de los empleados ferroviarios infinitamente superior al de los tercerizados radicaba en la posibilidad de efectuar disparos de armas de fuego y frente a esa situación las únicas personas capaces de proveer a la seguridad de las víctimas eran precisamente” los policías en su “rol de garantes del orden público” y “de la vida de las personas”.

Dos de los procesados son los que estuvieron a cargo del operativo: el comisario inspector Luis Osvaldo Mansilla, jefe de Control de Líneas de la Policía Federal, y el comisario Jorge Raúl Ferreyra, jefe de la División Roca. La medida también alcanzó al subcomisario Rolando César Garay, encargado de los móviles de la comisaría 30 y a quienes monitoreaban y daban instrucciones desde la “sala de situación” de la Dirección General de Operaciones: el entonces titular de esa área, comisario mayor Hugo Ernesto Lompizano, quien luego fue jefe de comisarías pero terminó expulsado; el principal Gastón Maximiliano Ezequiel Conti, quien operaba la radio, y el subcomisario Luis Alberto Echavarría. A todos les trabaron embargos de 200.000 pesos. Por ahora quedan en libertad, aunque en el juicio oral la pena puede ser de 5 a 10 años de prisión.

López se basó en un dictamen del fiscal Fernando Fiszer, que decía que los policías propiciaron con su pasividad el ataque de la patota a los trabajadores que reclamaban reincorporaciones y puestos de planta, pero además que “facilitaron los medios para alcanzar la impunidad de los hechos”. Permitieron, precisaba, que los agresores huyeran y ocultaran las armas, omitieron notificar a la Justicia, no preservaron las pruebas, usaron teléfonos que impiden registrar el contenido de sus conversaciones (llamados POC) e interrumpieron su propia filmación de los sucesos en el momento de mayor violencia.

Todo ocurrió el 20 de octubre último. Los tercerizados planeaban un corte de vías. Pero, según sostuvieron la jueza y la fiscalía, se los impidió un grupo de choque que iba dispuesto a “aleccionarlos” como parte de un “plan criminal” que habría tenido como instigadores –dijeron– al propio titular de la UF José Pedraza, y su número dos, Juan Carlos Gallego Fernández, movidos por intereses políticos y económicos. Después de una primera advertencia verbal en la estación Avellaneda, los tercerizados y organizaciones sociales hicieron una asamblea en Luján y Santa Elena. Al desconcentrarse se les abalanzaron los hombres de la UF con un grupo de apoyo liderado por el barrabrava Cristian Favale.

Según la jueza, la Policía sabía desde un día antes que esto podía ocurrir. Había destinado, de hecho, noventa efectivos. Conocían el conflicto ferroviario y un apriete anterior a los tercerizados en Constitución. Pese a todo, señaló, “omitieron cumplir con las acciones de prevención y persecución idóneas (que estipulan sus normas internas) para evitar la agresión”.

Las modulaciones policiales pintan la actitud. Cuando los tercerizados se retiran, desde Operaciones indican que los sigan porque “primero te dicen una cosa y después hacen otra”. Cuando Garay informa que la situación se complica, le dicen que se “repliegue”. Luego le mandan un camión hidrante y grupos de combate, pero con la directiva de “expectantes, no sea cosa que después las dos facciones antagónicas se unan para combatir contra nosotros”. Así, ya no había patrulleros interpuestos en la calle: Favale y el ferroviario Gabriel Sánchez, según la jueza, dispararon. Luego, la policía ignoró una instrucción de identificar a los agresores. “Omitieron realizar un operativo cerrojo, es decir, desplegar las fuerzas policiales para individualizar a los responsables, hallar las armas de fuego utilizadas” y “perimetrar la zona”.

La jueza advirtió que se permitió la presencia de policías de civil, pese a la obligación de estar identificados, y los jefes no dispusieron la obtención de imágenes apropiadas de los hechos. Al camarógrafo policial imputado por la fiscalía, David Villalba, lo sobreseyó. Para López aún no se demostró connivencia de la policía sino omisiones. El CELS, que representa a la familia de Mariano, sostuvo que se “confirma que las conductas de los policías fueron esenciales para que el asesinato se pudiera cometer”. Podrían ser juzgados con Pedraza.