El gobierno nacional decidió cambiar drásticamente el manejo de la seguridad en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Con el llamado Plan Cinturón Sur, que se pone en marcha el próximo lunes 4 de julio, ingresarán a esa zona 1250 efectivos de la Gendarmería y 1250 efectivos de la Prefectura. La Policía Federal será eliminada de las calles de esa área y quedará confinada a tareas administrativas dentro de las comisarías. El nuevo plan implica que las tres fuerzas federales, que registran desconfianzas históricas entre sí, deberán constituir algo que se parece bastante a un comando de coordinación. Es más, las comisarías del sur dejarán de llevar ese nombre y serán Unidades de Seguridad Pública, o sea dependencias que compartirán la Federal, la Gendarmería y la Prefectura. El plan fue presentado por la presidenta Cristina Kirchner, quien además anunció otras medidas vinculadas a las cárceles y la seguridad (ver nota aparte).

Desde el punto de vista concreto, Cinturón Sur implica agregar unos 1500 efectivos al patrullaje de La Boca, Barracas, Patricios, Pompeya, Soldati y Villa Lugano, porque se desplazan hacia allí 2500 efectivos de la Prefectura y la Gendarmería, pero se retiran mil hombres de la Policía Federal, que pasan a reforzar las demás comisarías y se les asignarán tareas de patrullaje en autopistas y puntos clave de la ciudad. En la zona quedarán 300 policías federales que estarán dentro de las comisarías, o sea, dentro de las Unidades de Seguridad Pública (USP) atendiendo al público, realizando los trámites judiciales y custodiando los detenidos.

Desde que llegó al Ministerio de Seguridad, Nilda Garré viene insistiendo en la necesidad de poner más efectivos en la calle. Lo que se busca es que el efecto de una mayor presencia de uniformados signifique una real prevención del delito y que eso lleve a bajar los índices de inseguridad. Garré dispuso que la mayoría de los efectivos dejen las tareas administrativas en las comisarías, los policías federales ya no intervienen en la confección de documentos y se redujeron los adicionales y guardias dentro de edificios para sacar una mayor cantidad de policías a la calle. Pese a ello, se dice que la Policía Federal no terminaba de cumplir con el número de efectivos en la calle que se le pedían. Del otro lado, en cambio, señalaron que la incorporación de los gendarmes y prefectos tiene el objetivo de producir un shock en la cantidad de patrullajes y despliegue de hombres.

En el Ministerio de Seguridad le bajan el tono al choque con la Federal. “El objetivo del plan es terminar con una desproporción –señaló una importante fuente de la cartera–. La zona sur no tenía la cantidad de efectivos asignados en proporción a la población. Era una zona más desprotegida. Es cierta la existencia de bandas de narcos, pero que llegan a otras partes de la Ciudad. No queremos estigmatizar. Estamos saldando una deuda tratando de darle al sur igual seguridad que al resto. Los jefes de la Federal saben que los recursos eran insuficientes y aceptaron que se reforzara con Gendarmería y Prefectura.”

Desde el punto de vista de la operatividad, hay dos planos distintos.

- La seguridad inmediata, preventiva. Cuando un vecino llame al 911 y lo que se esté planteando es una emergencia en la zona correspondiente a la Gendarmería o Prefectura, la llamada se derivará a los centros de cada una de esas fuerzas, porque requerirá de una respuesta inmediata y a veces el vecino quiere explicar en detalle dónde está ocurriendo el hecho y las circunstancias. O sea que si hay una comunicación por un robo en la Boca, el llamado se transferirá a un centro de la Prefectura, a cargo del despliegue en ese barrio.

- Investigaciones, análisis del delito. En esto se actuará de forma conjunta a través de un Centro de Comando y Control, encabezado por el Ministerio de Seguridad e integrado por representantes de las tres fuerzas federales. Allí se definirán, por ejemplo, los puntos donde actúan algunas bandas, las zonas donde se repiten delitos y la forma de enfrentar esos fenómenos.

Este diario le preguntó a uno de los funcionarios que diseñó el plan cómo va a actuar un efectivo de la Prefectura o de la Gendarmería cuando detenga a una persona. “Por lo menos en una primera etapa, la idea es que al detenido no se lo lleve a una unidad de la Gendarmería o la Prefectura sino a la USP. Queremos que ése sea el punto de referencia en materia de seguridad para todos los vecinos de una zona. Será todo un desafío que en las actuales comisarías, desde ahora USP, convivan las tres fuerzas. Seguramente cada una tendrá su oficina, pero el edificio, la dependencia, será la misma. Es lo que dijo la Presidenta: tenemos que hacer un gran esfuerzo de integración. No puede ser que no podamos combinar a las tres fuerzas federales.”

A partir del lunes habrá otro de-safío que no será sencillo: la compatibilidad de los sistemas de comunicaciones. Los delitos no se producen únicamente dentro de una misma jurisdicción. Es posible que un móvil que va detrás de un delincuente en una zona necesite el apoyo de efectivos de otra zona. Ese es uno de los aspectos en que se necesitará una comunicación fluida, que se utilicen las mismas frecuencias, pero que haya colaboración y no boicot de una fuerza contra otra.

La mayoría de los expertos consultados por este diario consideraron que las cosas no serán sencillas en una primera etapa. Los gendarmes y prefectos conocen poco el territorio que van a ocupar, su preparación para salir a la calle se hizo bastante a las apuradas por la necesidad de poner rápidamente en marcha el plan, todavía no están familiarizados con los tres sistemas judiciales que se entrecruzan en la Ciudad y están las desconfianzas entre las fuerzas. Pero esos mismos expertos consideraron que la apuesta vale la pena, porque el beneficio de tener más efectivos en la calle debería producir un impacto positivo muy superior a esos obstáculos iniciales que se plantean.

Días atrás, un sector de la Federal disconforme con los cambios hizo trascender una supuesta renuncia del jefe y subjefe por este tema, pero ese hecho nunca se verificó.

El impacto más importante del plan está en la ruptura de una especie de rutina delictiva. El narco que ya sabe con quién debe arreglar, el desarmadero de autos que tiene su contacto de uniforme, el prostíbulo que paga la cuota mensual, la zona liberada para robos o salideras y así sucesivamente. La aparición de nuevos protagonistas en las seis jurisdicciones desestabiliza buena parte de esos pactos que son uno de los trasfondos de la inseguridad. Eso producirá un fuerte impacto en las complicidades y “arreglos” que convirtieron a esos barrios, por ejemplo, en los de mayor registro de tiroteos entre narcos y aparición de cadáveres de mulas, es decir, personas que traían o llevaban cocaína.

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