El titular del bloque oficialista del Senado, Miguel Angel Pichetto, decidió suspender el tratamiento del proyecto que pretende gravar impositivamente todos los soportes que permiten el almacenamiento de archivos digitales. El proyecto, que también lleva la firma del socialista Rubén Giustiniani, tiene por objetivo “la compensación económica a artistas y productores”, por lo que el dinero recaudado será gestionado por las entidades Capif, Sadaic y Argentores, entre otras. Sin embargo, el proyecto generó el rechazo de diferentes sectores sociales que manifestaron su negativa a través de las redes sociales, lo que motivó el freno de su tratamiento. Este tema forma parte de una discusión mundial que coloca en el centro de la escena las nuevas formas de creación, distribución y consumo de bienes culturales.

“La idea de un canon digital me lleva a la siguiente pregunta: ¿A cambio de qué? Si pensamos en un mecanismo que defienda el derecho de autor pero a su vez destrabamos cualquier impedimento legal para seguir haciendo copias, es una cosa. De lo contrario, seguiremos impidiendo la libertad de consumir cultura”, explicó a Página/12 el investigador en nuevas tecnologías Ricardo Beltrán.

El texto bajo análisis incidirá sobre el precio que los importadores o fabricantes deberán pagar por las grabadoras de CD o Blu-Ray (equivalente al 10 por ciento de su valor), los discos compactos (75 por ciento), las memorias USB y otras tarjetas no integradas (5 por ciento) y los teléfonos celulares con la funcionalidad para reproducir música (uno por ciento).

En 2009, el Observatorio de Industrias Creativas de la Ciudad de Buenos Aires calculó que la facturación por la venta de discos (composiciones musicales) fue de 333,4 millones de pesos, un 86 por ciento superior al valor registrado en 1995 (179,4 millones), mientras que la recaudación total de Sadaic fue de 320,3 millones de pesos, un incremento del 142 por ciento en relación con lo recaudado en 2005, primer dato disponible de la serie histórica. Pero más allá de la facturación de un sector determinado, lo que estaría en juego, en el mundo de Internet y las nuevas tecnologías, es la intermediación. En otras palabras, quién se queda con la mayor parte del negocio. “Ni la facturación de venta de remedios patentados ni la comercialización de la industria cultural se distribuyen entre sus creadores”, explicó Martín Becerra, docente de la UBA y la Universidad Nacional de Quilmes, a través de su cuenta de Twitter.

Ahora, el proyecto continuará bajo debate en la Comisión de Legislación General, a cargo de la puntana Liliana Negre de Alonso. “Es imprescindible encontrar un punto de equilibrio entre la libertad de la cultura y las herramientas digitales, y las demandas de la esfera internauta y el derecho de los artistas a defender la propiedad intelectual de sus obras, que es vulnerada de manera agresiva por el sistema de copias”, señaló Pichetto en un comunicado.

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