El ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, admitió que espió a opositores políticos y gremiales al gobierno de Mauricio Macri durante la misma época en que comandaba la fuerza porteña en su etapa de estreno, en 2009. Al ser indagado por estos hechos en el juzgado de Norberto Oyarbide, que forman parte de la causa en la que ya está procesado por escuchas ilegales, el ex comisario dijo que él mismo se había ocupado de pedir a través del sistema Nosis los datos patrimoniales y financieros de legisladores y dirigentes a los que planeaba demandar porque lo habían cuestionado –entre otras cosas– por su papel en las irregularidades de la investigación del atentado a la AMIA. El magistrado lo había citado como sospechoso con el argumento de que espiar y acopiar datos privados sobre personas está prohibido para los miembros de las fuerzas de seguridad. Con la teoría de que hizo todo a título personal, Palacios intentó de paso despegar al candidato que en nueve días va por un nuevo mandato en la Ciudad, que nunca dejó de defenderlo, y que también está procesado como parte de la misma asociación ilícita.

Esta semana, además, el juez recibió un dato importante: el espía Ciro James, procesado como ejecutor de las pinchaduras telefónicas, no sólo fue empleado fantasma del Ministerio de Educación porteño mientras se hacían escuchas ya en 2008, sino que llegó a ser inscripto por el Ministerio de Justicia en la AFIP como integrante de la Metropolitana en septiembre de 2009, justo el mismo mes que le intervinieron el teléfono a Sergio Burstein, dirigente de Familiares del atentado a la AMIA (ver recuadro).

Oyarbide dio con las listas de Nosis de Fino Palacios en un allanamiento hace más de un año en las oficinas de su consultora privada, Strategic Security Consultancy, en Maipú al 200, una empresa que habría mantenido en funcionamiento aún cuando se hizo cargo de la policía porteña. Los nombres de los investigados aparecieron en una PC dentro de un archivo que estaba rotulado “Osvaldo”, por Osvaldo Chamorro, que era su número dos en la Metropolitana y también trabajaba con él en la agencia. Es más, tenía su estudio de abogado en el mismo piso, y sus oficinas estaban interconectadas. Cuando declaró, tiempo atrás, Chamorro dijo que él no tenía idea de cómo se usaba el Nosis. Palacios admitió ayer que fue él quien tramitó los informes que están bajo la lupa y no su viejo coequiper, quien hoy llegará un poco más tranquilo a su cita con la justicia.

Palacios tuvo que dar explicaciones ayer por los informes económicos que gestionó desde julio de 2009, la fecha en que Macri –de quien siempre fue su comisario favorito– lo puso al frente de la Metropolitana, donde duró unos pocas semanas precisamente porque se le venía encima el procesamiento por encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA, que finalmente dispuso el juez Ariel Lijo. A partir de esa época recogió datos de los legisladores Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro), Diana Maffía (Coalición Cívica) y Silvia La Ruffa (kirchnerista, con mandato cumplido), así como del dirigente de los municipales Patricio Datarmini. Los de éste último, por ejemplo, los pidió el mismo día en que se celebraban las elecciones en el gremio. También, llamativamente, había requerido información del jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Oyarbide, siguiendo un criterio que había introducido la Sala I de la Cámara Federal, interpretó que el rastreo de datos por medio del sistema Nosis era una de las facetas de la trama de espionaje por la cual se habían realizado una decena de pinchaduras telefónicas en las que tanto Macri como Palacios están implicados, procesados como miembros de una asociación ilícita, junto con el espía James. El acopio de datos sobre los dirigentes opositores al macrismo, según el juez, contraría la ley de seguridad de la Ciudad que “prohíbe expresamente” al personal de la policía local juntar información privada sobre personas por sus actividades, raza, religión preferencias sexuales o lo que fuere, pero también violaría la ley nacional que impide hacer inteligencia interior, según explicaron fuentes de la causa. A todo esto se sumaría la incompatibilidad de manejar una consultora privada en paralelo la conducción de la policía porteña.

Palacios llegó al juzgado con un pilón de recortes de diario, acompañado del abogado Diego Richards, e intentó defenderse con la teoría de que se había puesto a investigar a determinados políticos porque pensaba iniciarles una demanda civil debido a los cuestionamientos que habían hecho sobre su designación como jefe de la Metropolitana: su posible responsabilidad en las irregularidades de la investigación del atentado a la AMIA y en el operativo policial de diciembre de 2001; y su relación con Jorge Sagorsky, hombre clave de una banda de reducidores de autos que fue además condenado a seis años por el secuestro de Axel Blumberg.

Desde la defensa de Palacios, dijeron a este diario que lo que le interesaba era obtener los datos personales de las personas que denunciaría para saber de qué bienes disponían, dado que demandaría un resarcimiento económico. Acerca del informe sobre Rodríguez Larreta dio una justificación más asombrosa aún: que lo había citado a una reunión en la casa del funcionario, pero no tenía su dirección, entonces se le ocurrió pedirla en la base de datos de Nosis.

En definitiva, lo que Palacios intentó demostrar fue que toda la pesquisa fue un asunto suyo, ajeno a su función al frente de la policía porteña y, por tanto, ajena también al jefe de Gobierno. Insistió en que Nosis es una base de acceso público. Sin embargo, era el jefe de la Policía Metropolitana. Tampoco tuvo en cuenta, por ejemplo, que las personas a las que señala, cuestionaban su designación como jefe policial precisamente en su carácter de dirigentes o legisladores.

Fino Palacios y Ciro James estuvieron presos durante más de un año como miembros de lo que Oyarbide considera que funcionó como una asociación ilícita dedicada a hacer espionaje mediante escuchas (que realizaba la SIDE con órdenes de jueces de Misiones en expedientes truchos) y otros tipos de seguimiento, como el de Nosis. Fueron liberados a fines de 2010, pero sus procesamientos siguen en pie. Después de que indague a Chamorro el juez tendrá diez días para resolver si él y Palacios incumplieron sus deberes de funcionarios con sus actividades en Strategic Security. Macri, que también sigue procesado como parte de la organización, todavía espera un milagro en la Cámara de Casación, difícil de imaginar antes del 10 de julio.