El canciller Héctor Timerman desmintió por medio de un comunicado la acusación de “bloquear un exhorto” de autoridades judiciales suizas en una investigación por posible lavado de dinero, publicada ayer por el diario Clarín, que denunció “protección política” del gobierno al jefe de la CGT, Hugo Moyano. El embajador suizo Johannes Matyassy, en tanto, desmintió que exista molestia de la Confederación Helvética con las autoridades nacionales y aclaró que “trabajamos normalmente con la Cancillería argentina”.

Clarín informó que Cancillería “bloqueó el trámite de intercambio” de información entre Suiza y la Argentina, ante un pedido de colaboración de la Procuración General helvética. El fiscal Jorge Di Lello dictaminó que no podía responderse el requerimiento mientras Suiza no informara qué delitos se atribuían, criterio que adoptó el juez Norberto Oyarbide. Magistrado y fiscal opinaron que aquel escrito suscripto en febrero por la fiscal María Antonella Bino, en el que se vincula el “crecimiento espectacular” de la firma Covelia con “la llegada al poder de Hugo Moyano”, contenía vaguedades y errores.

La denuncia de Clarín se funda en una notificación oficial fechada el 11 de mayo, en la cual el embajador Hernán Orduna, secretario de Coordinación y Cooperación Internacional, le informa a Oyarbide que ante la información “insuficiente” enviada por Suiza, Cancillería había solicitado “mayores elementos informativos”. Agregó el matutino que “después del escándalo la Casa Rosada envió a la Dirección de Asuntos Jurídicos, que depende de Orduna, al abogado Manuel Borges como eventual interventor político”. Como consecuencia, “los suizos se molestaron y cerraron contactos con el Gobierno y la Justicia argentinos”.

El ministro señaló que el artículo está “plagado de errores, falsedades e inventos”: “Dice Clarín que las Cancillerías ‘actúan como conductos de comunicación entre ambas justicias’. El autor ignora que, según el sistema de cooperación internacional en materia penal, la Cancillería es la autoridad central que determina la admisibilidad de las solicitudes judiciales. La Cancillería no es un buzón de correo”, explicó Timerman. “El exhorto fue enviado en tiempo y forma al juzgado argentino competente indicando que, al mismo tiempo, se había solicitado a Suiza información adicional para completar el exhorto. Una primera respuesta, aún incompleta, motivó un segundo pedido de información adicional, de lo que también se informó al juez actuante”, agregó.

Sobre el “envío” de Borges como “interventor político”, Cancillería aclaró que “Manuel Borges ingresó a la administración pública hace 25 años y comenzó sus funciones el 1º de octubre de 2010, varios meses antes de los hechos mencionados”. También desmintió que “los suizos se molestaron y cerraron los contactos”. “En ningún momento autoridades judiciales han indicado disconformidad con el vínculo de cooperación. Tampoco nos han hecho llegar muestras de disconformidad. Tan es así que luego de los hechos mencionados siguieron llegando exhortos de la Justicia suiza, los que fueron derivados a los jueces competentes”, explicó.

El canciller negó también haberse reunido con el embajador Matyassy el 18 de marzo, luego de que el dirigente camionero Eduardo Altamirano anunciara la convocatoria a un paro por las “falsas denuncias” contra Moyano, que levantó la medida un día después. “Ni en dicha fecha ni en los días anteriores o posteriores me he reunido con el embajador suizo ni nadie de dicha representación diplomática”, aseguró Timerman. El embajador suizo aclaró que “no está molesto ni enojado” con el Gobierno y dijo que “trabajamos normalmente con la Cancillería”. “No hay investigación, sino un pedido de informe del Ministerio Público suizo”, sostuvo Matyassy. “Los bancos suizos deben controlar los movimientos en sus cuentas, y si existiera alguno dudoso deben elevarlo a una central de lavado que, a su vez, transmite su opinión al Ministerio Público, que en este caso abrió un pedido de informes”, agregó. El embajador afirmó que el procedimiento está en un “camino normal”.