Minutos antes de tomarse una licencia por las próximas dos semanas, el juez Norberto Oyarbide resolvió inhibir y embargar bienes de cerca de cuarenta personas y treinta empresas que están bajo investigación por el posible desvío de fondos públicos destinados a la Asociación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales. También ordenó levantar el secreto bancario sobre las cuentas de todos ellos, para analizar sus movimientos. Entre las personas alcanzadas por la medida está Alejandra Bonafini, hija de la titular de Madres y su actual apoderada. En la lista también figuran dos financistas cercanos al ex apoderado de la entidad, Sergio Schoklender, y también su ex esposa.

La decisión de Oyarbide está basada en un dictamen de la semana pasada del fiscal Jorge Di Lello, que amplió la pesquisa más allá de los ex apoderados de la fundación Sergio y Pablo Schoklender, y la extendió a una red de personas y firmas con las que se entrelazan negocios y operaciones, entre ellos el financista Fernando Caparrós Gómez, a quien el mayor de los hermanos le compró un 90 por ciento de la empresa Meldorek –en teoría porque le interesaban dos aviones a su nombre– y que luego habría utilizado para otras transacciones; también está el dueño de la financiera Travel Trade, Mario De Falco, hermano de un ex directivo de Madres. La pista de las financieras es clave en la causa porque una de las sospechas es que los Schoklender habrían cambiado cheques con dinero del Plan Federal de Viviendas para usarlo en provecho propio. La ruta del dinero está en pleno análisis del fiscal antilavado Raúl Pleé.

Di Lello pidió después el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre la hija de Hebe de Bonafini, al corroborar que el año pasado vendió a 25 mil pesos un departamento de 80 metros en La Plata cuyo valor de mercado sería de unos 120 mil dólares, y que el comprador fue Meldorek. Luego adquirió una casa de 200 metros cuadrados. El fiscal quiere determinar si sus movimientos bancarios se condicen con los montos de las operaciones de compra-venta y si, en definitiva, se utilizaron fondos destinados a las obras de Sueños Compartidos. El fiscal Pleé investiga la compra de por lo menos ocho inmuebles por parte de Meldorek durante 2010, cuando ya era manejada por Schoklender, en sociedad con su piloto (dueño del diez por ciento) Gustavo Serventich. Cuatro de esas propiedades fueron vendidas a principios de este mes, según fuentes judiciales. Los implicados en estas operaciones están en la lista de investigados.

Los abogados de Madres de Plaza de Mayo se mostraron sorprendidos por el embargo a Bonafini (hija). “Es descabellado, no vemos el delito. Vendió y se compró una casa, para lo cual incluso sacó un crédito”, dijo Antonio Rojas Salinas. Cerca de ella dicen que Meldorek le compró el departamento como favor, porque no lograba venderlo. “No creo que Alejandra Bonafini ni su patrimonio deban ser elemento de investigación. Es una hipótesis inútil”, añadió Eduardo Barcesat. Cuando Hebe de Bonafini pidió ser querellante, planteó que había sido defraudada. Dijo, entre otras cosas, que los Schoklender habían endeudado a la entidad (al parecer no habrían pagado nunca las cargas sociales de los empleados de Sueños Compartidos). Sin embargo, Oyarbide les notificó ayer que no los aceptará como querellantes hasta que la Auditoría General de la Nación (AGN) termine su informe sobre el destino de los 765 millones de pesos otorgados a las Madres para construir viviendas y el análisis de toda la documentación secuestrada.

Los embargos y la investigación de cuentas abarcan también a Viviana Sala, ex esposa de Sergio Schoklender, dueña de una de las casas en el country El Patacón, según el juez construidas algunas con los mismos materiales que se usan para montar las casas de la Fundación.