Un sociólogo, un ingeniero, un periodista, una licenciada en Letras, un árbitro, dos economistas, un cineasta, y entre los catorce apenas cuatro abogados. El perfil de los candidatos a jefe de Gobierno porteño se alejó netamente de la tradición. Como regla no escrita, los cargos de gobierno estaban reservados mayoritariamente a los que ejercen la profesión del derecho. Pero este domingo, ese esquema no encaja en la realidad.

¿Por qué el cambio? “Puede ser una casualidad, pero la abogacía es una profesión que en la política está en baja, porque está asociada a las cosas que la gente ve mal: ser capaz de hacer cualquier cosa para ganar un juicio, defender a un culpable. La política sigue desprestigiada y la profesión de abogado la carga de un desprestigio especial”, señala el consultor Manuel Mora y Araujo.

Un repaso por la grilla del domingo ilustra el cuadro. Daniel Filmus estudió Sociología y tiene un master en Educación. Mauricio Macri es ingeniero, aunque su imagen está asociada a la de empresario y a su paso por la dirección de Boca. El perfil de Fernando “Pino” Solanas está estrechamente vinculado a sus películas. Jorge Telerman y María Eugenia Estenssoro vienen del periodismo; en el caso de ella, con una licenciatura en Literatura Inglesa y Francesa. Está Javier Castrilli, que es árbitro. Ricardo López Murphy y Jorge Todesca, que van por los partidos más conservadores, son economistas. César Rojas (del Mas) es músico. La radical Silvana Giúdici estudió diseño gráfico, aunque no llegó a obtener el título.

Hay dos candidatos que son abogados, pero no lo parecen. Myriam Bregman, representando a trabajadores de fábricas recuperadas, abogada en conflictos obreros y casos de derechos humanos; Luis Zamora también viene de allí, aunque en la opinión pública lo siguen identificando como el diputado que terminó su mandato y volvió a vender libros. Los otros dos abogados son candidatos marginales, Enrique Piragini, del Frente de los Ciudadanos, es conocido en tribunales por ser un “denunciador profesional” de funcionarios públicos en base a recortes periodísticos. El otro es el neonazi Alejandro Biondini.

En el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal objetan el planteo. “Cristina Kirchner es abogada y Eduardo Duhalde también, es decir que en el plano nacional los candidatos sí lo son”, rebate Jorge Rizzo, ex titular de la organización. Y arremete: “(Carlos) Menem es abogado, (Fernando) De la Rúa es abogado, (Raúl) Alfonsín era abogado: ¡ciento por ciento de efectividad!”. Sí, pero ¿en la Capital Federal? Para Rizzo, el bajo porcentaje de abogados entre los candidatos tiene que ver “con el cambio que trajo (Mauricio) Macri” al escenario porteño. “Farandulizó la política, porque es un empresario supuestamente exitoso que hace pasar todo por la imagen. Me parece que ese es el esquema que ahora se pretende neutralizar, y por eso el cambio.”

Su colega Beinuz Schmuckler hace otra lectura. “Las direcciones políticas tradicionalmente fueron de abogados por la razón de que si hay algo que tiene relación con la política es el derecho. La formación de los abogados les determinaba algunas condiciones para el ejercicio de la política. Sin embargo, como producto de las luchas sociales y políticas de los últimos años, la cultura jurídica tuvo un desarrollo y se ha hecho patrimonio de una masa más grande de la sociedad, la gente se da cuenta de que no hace falta ser abogado ni especialista en leyes para poder gobernar.”

No se trata de que la carrera de Derecho esté en baja. La matrícula no descendió y, según apuntan en el Colegio, cada año la ciudad sigue sumando cuatro mil nuevos abogados. Mora y Araujo señala que la profesión “tiene sus reglas que son aceptadas por la gente, pero otra cosa es que acepten que esas reglas se apliquen a la política”. En ese sentido, asegura, “los técnicos dan mejor hace ya tiempo”. Como sea, los candidatos porteños tienen un punto en común: una formación profesional menos asociada a la tradicional imagen del político.