El 8 de junio último la Sala IV de la Cámara de Casación Penal firmó un sobreseimiento en masa para los funcionarios y empresarios imputados por la privatización del espectro radioeléctrico durante el menemismo a manos de la empresa francesa Thales Spectrum. El fallo, que dejó en la nada por supuesta ausencia de delito diez años de investigaciones de organismos de control y de la propia Justicia, que coincidían en estimar un perjuicio millonario al Estado, desató rumores y críticas, pero recién anteayer se presentó la primera denuncia concreta. La Oficina Anticorrupción (OA), como querellante, reveló que Augusto Diez Ojeda, el camarista subrogante que elaboró los fundamentos de la resolución, tenía parentesco con Jorge Neuss, uno de los principales implicados, titular de Thales Internacional y accionista mayoritario de la filial local, favorecido con el desprocesamiento.

Según la OA, por información del Registro Nacional de las Personas, pudo establecer que “Jorge Justo Neuss y Augusto Marcelino Diez Ojeda fueron concuñados”. Es decir, el hermano del empresario, Germán Neuss, estuvo casado con Marta María Fátima Diez Ojeda, hermana del juez, y tienen un hijo que concentra los nombres de los hermanos Neuss: Jorge Justo Germán. El organismo alegó que el magistrado debió haber informado sobre el vínculo familiar para que las partes evaluaran su continuidad en el caso. “La imparcialidad –dijo la OA– no es una prerrogativa de los jueces sino una garantía de los justiciables.” De haber sabido de la relación, señaló, lo hubieran recusado al principio. Pero no le quedó otra que recusarlo para lo que queda de la causa: las apelaciones para llevar el caso a la Corte Suprema y la revisión del procesamiento del ex presidente Carlos Menem.

Entre los diez ex funcionarios beneficiados por Casación en junio figuran el ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath y el ex interventor Alberto Gabrielli. De Thales, salieron favorecidos Neuss y Juan Carlos Cassagne, titular de la filial argentina. Habían participado en la privatización, en 1997 y por quince años, del manejo del espectro radioeléctrico, una rareza mundial. Thales Spectrum cobraría un canon por el uso de ese espacio (para telefonía celular, radio, televisión y hasta radiotaxis). La causa judicial se inició en 2001, con una denuncia por irregularidades en la licitación. La Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y la OA pusieron en duda el contrato y también su cumplimiento. Primero se calculó un perjuicio de 300 millones de pesos y a partir de estudios periciales se estimó que podía llegar al doble. La pista sobre las coimas surgió de medios franceses que hablaban de giros por 25 millones de dólares a cuentas de ex funcionarios del menemismo. En 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner ordenó anular el contrato con Thales y reestatizar el espectro radioeléctrico.

La causa la tuvo primero el ex juez Jorge Urso, que la archivó. La Sala II de la Cámara Federal lo apartó y ordenó reabrirla. Sergio Torres dictó la mayoría de los procesamientos por administración fraudulenta, con embargos de hasta 200 millones de pesos. El capítulo sobre las coimas quedó pendiente. Norberto Oyarbide procesó a Menem. Todo quedó firme en la Cámara. Los acusados fueron a buscar refugio a Casación, y lo encontraron.

Los argumentos exculpatorios fueron escritos por Diez Ojeda. Adhirió Mariano González Palazzo. Ambos son subrogantes. Se basaron en un peritaje aislado, dijeron que no hay pruebas de “incumplimiento contractual” ni del perjuicio y que la causa ya superó el “plazo razonable” de trámite. Votó en disidencia el camarista Gustavo Hornos, quien dejó entrever el punto más oscuro: Casación nunca –salvo que haya una arbitrariedad flagrante– revisa las pruebas de un procesamiento que fue dictado en primera instancia y avalado por la Cámara Federal. Sólo tiene la potestad de analizar las evidencias al revisar la sentencia de juicio oral.

Diez Ojeda anticipó a sus pares que rechazará la recusación.