La Justicia dictó la “falta de mérito” al médico detenido poco más de un mes atrás acusado de realizar abortos en un consultorio del barrio porteño de Boedo, en un procedimiento cargado de espectacularidad realizado por la Policía Metropolitana. En aquel operativo llamó la atención que la propia fuerza se encargara de filmarlo y entregara luego las imágenes a noticieros de televisión para su difusión, exponiendo en la pantalla no sólo al médico –cuyo rostro aparecía borroneado pero no así su nombre y apellido–, sino sobre todo a una mujer que se encontraba en el lugar en el momento en que los efectivos tiraron la puerta literalmente a patadas para ingresar. El defensor público que intervino en un primer momento en la causa, Mariano Bertelotti, cuestionó la legalidad de la investigación que derivó en el allanamiento, por basarse en información tomada de sitios de Internet que podrían haber sido abiertos por cualquier persona, sostuvo que el juzgado que autorizó el procedimiento –el de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Falta Nº1 de la Ciudad– no tenía competencia para intervenir y planteó la nulidad de la actuación.

El caso fue conocido como del “Dr. Aborto” y tuvo amplia repercusión en los medios por la espectacularidad que le imprimieron los efectivos metropolitanos, y el hecho de haber cedido a la fuerza el video a los canales además de colgarlo en su página institucional, tal como informó oportunamente este diario. La investigación del caso no se cerró, pero no se encontraron pruebas para incriminar al médico. La falta de mérito fue dictada por la jueza nacional en lo Criminal de Instrucción Rita Acosta. Pero la Policía Metropolitana no se encargó de darle difusión a la noticia, ofreciéndosela a los canales de televisión. Tampoco se ocupó de colgar la resolución judicial en su página web como en su momento hizo con las imágenes del allanamiento al consultorio.

Según informó en su momento la fuerza de seguridad creada por el gobierno de Mauricio Macri, la División de Investigaciones Telemáticas de la fuerza, que se dedica a la persecución de los delitos informáticos, estuvo casi medio año siguiendo los pasos del médico que presuntamente practicaba interrupciones voluntarias de embarazo y a quien acusaron de ofrecer sus servicios a través de Internet, dejando en evidencia cuáles son sus prioridades a la hora de perseguir el delito. El fiscal Martín Zavaleta, de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, autorizó la intervención de los IP de la página de Internet, el blog y las cuentas de correo investigados y también de los celulares supuestamente pertenecientes al médico investigado. Los IP son la identificación de las computadoras y permiten localizar a su usuario. En el caso tomó intervención el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, a cargo de Gabriela Angana. La causa fue caratulada en un primer momento como “Ejercicio ilegal de la medicina”. La jueza ordenó el allanamiento realizado en el consultorio en la mañana del miércoles 8 de junio. En el lugar se encontraba una mujer, que fue filmada y cuyo rostro podía ser identificado por las personas que la conocían en el video que entregó la Metropolitana a diversos canales. Telefe fue uno de los que lo difundieron. También la Metropolitana se encargó de “escrachar” al médico, con nombre y apellido. El médico fue detenido en el allanamiento y trasladado a la comisaría comunal Nº 12 del barrio de Saavedra y puesto a disposición de la Justicia. Pocas horas después fue liberado.

La causa pasó en pocos días por varios juzgados. En primer lugar, el defensor oficial del Fuero Contravencional y de Faltas Nº 13 de la Ciudad, Mariano Bertolotti, cuestionó en la primera audiencia la legalidad de la investigación, consideró que ni siquiera se trataba de un intento de aborto, dado que la paciente estaba vestida y sentada cuando irrumpieron en el consultorio los efectivos metropolitanos, y planteó la nulidad de la actuación, para evitar que quedaran como precedente. Entre otros aspectos, el defensor oficial señaló que durante la pesquisa se debió dar intervención a la Defensoría para controlar la legalidad de algunas pruebas que luego se usaron para justificar el allanamiento. El defensor cuestionó el hecho de que se le diera verosimilitud a información proveniente de sitios de Internet que podrían haber sido subidas por cualquier persona. Pero el punto central es que la Justicia local no tiene competencia para investigar al médico por el supuesto delito que fue imputado, lo que podría convertir al procedimiento en ilegal. Al punto que la jueza Angana, que avaló el allanamiento se declaró inmediatamente incompetente.

Para justificar el accionar de la Metropolitana, la causa había sido caratulada originalmente como “Ejercicio ilegal de la medicina”, uno de los delitos cedidos por la Justicia Federal a la Justicia Contravencional de la Ciudad. Pero el caso no tenía que ver con ese delito sino con el de aborto: al médico lo investigaban porque supuestamente hacía abortos. El expediente pasó luego al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 16 a cargo de Laura Bruniard, que estaba de turno. Allí le tomaron declaración indagatoria al médico, quien rechazó los cargos en su contra, y fue liberado. La causa pasó luego al Juzgado de Instrucción Nº 28, cuya titular, Rita Acosta, le dictó falta de mérito.