“La vigencia del tipo penal lo que procura es mantener el control social sobre las mujeres y perpetúa los efectos aberrantes que tiene la criminalización del aborto sobre la vida y la salud de las mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado. La falta de un debate serio y profundo sobre esta cuestión sólo muestra el desinterés por la vida y la salud de las mujeres, y sobre todo de las más pobres. Lo que logra la penalización del aborto es remarcar las desigualdades en la sociedad”, señaló la abogada Lourdes Bascary, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La entidad de derechos humanos acaba de decidir su adhesión a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que impulsa una reforma legal que despenalice y legalice la interrupción voluntaria del embarazo. En una entrevista con Página/12, Bascary analiza los efectos de la penalización y sus efectos en los cuerpos de las mujeres.

–¿Cuál es la eficacia de la amenaza penal?

–La amenaza punitiva es por completo ineficiente para prevenir y evitar la práctica del aborto. No desincentiva a las mujeres que deciden abortar a pesar de que saben que es un delito. Los estudios indican que hay cerca de 460 mil mujeres que cada año interrumpen voluntariamente un embarazo en el país. Pero sí tiene un resultado muy eficaz la penalización al convertir a mujeres y varones que no quieren serlo en madres y padres y al mismo tiempo al empujar a aquellas que sostienen su decisión de abortar a la clandestinidad, con los riesgos que esa situación implica para su vida y su salud. Cada año mueren unas cien mujeres como consecuencia de los abortos inseguros. Son muertes evitables. Entre 1883 y 2008 fallecieron casi 2600 mujeres por complicaciones de abortos clandestinos. En cuanto a los trastornos en la salud, por interrupciones inseguras de embarazos, las estadísticas oficiales registran alrededor de 80 mil internaciones anuales en hospitales públicos.

–¿Qué objetivos pudo haber tenido el operativo de la Policía Metropolitana en el caso del llamado “Dr. Aborto”, si no era de su competencia investigar la supuesta comisión de ese delito?

–Desconozco las motivaciones. Podría tener relación con la idea de reforzar la amenaza de la persecución penal a quienes se realizan un aborto. Esa amenaza tiene consecuencias realmente muy nocivas sobre las mujeres de sectores populares. Si están con un aborto en curso no se acercan a un hospital a recibir ayuda por temor a la denuncia, con consecuencias que pueden ser fatales. Y en los casos en que se trata de abortos legales –contemplados en el Código Penal– pueden preferir el circuito clandestino, por las trabas que se siguen poniendo en los hospitales públicos. Está el ejemplo de L.M.R. por el cual el Estado argentino acaba de ser sancionado a nivel internacional.

–¿Por qué el CELS acaba de decidir su adhesión a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito?

–El CELS considera que hay un retardo en colocar esta problemática en la agenda de los derechos humanos. Como sociedad nos tenemos que animar a dar debates más profundos sobre la vulneración de los derechos humanos. Por varias razones la penalización del aborto es una de las principales violaciones de los derechos humanos que enfrenta más de la mitad de los habitantes del país. Esta discusión es una deuda que no se explica. Cualquier otro fenómeno de salud pública que causa las consecuencias que genera el aborto en la vida de las mujeres ha tenido respuestas. Frente a las muertes por dengue la sociedad tomó la decisión de prevenirlas. Pero no sucede lo mismo con el problema del aborto. Queremos darle centralidad a este debate pendiente.

–¿Cuál debe ser la respuesta del Estado?

–Un debate serio respecto de la despenalización del aborto. Todos los sectores de la sociedad lo están reclamando. El Estado tiene como mandato analizar cómo evitar todas las muertes evitables. Las consecuencias de los abortos inseguros son la principal causa de mortalidad materna desde hace décadas en la Argentina y no se reducen, lo que demuestra que las políticas públicas encaradas no son las adecuadas. Hay que revertir las consecuencias de la amenaza de la persecución penal.

–La relatora especial de los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Luz Patricia Mejía, aclaró el miércoles en el Congreso que el aborto legal no es contrario a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dicen otros tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional al respecto?

–No hay ningún tratado de derechos humanos que sostenga que la despenalización o el aborto legal sean contrarios a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en materia de la protección al derecho a la vida.

–En su último informe sobre Derechos Humanos en la Argentina-2011, el CELS dedica un capítulo al aborto y sostiene que la despenalización será “un paso hacia una sociedad más justa y equitativa”. ¿A qué se refiere?

–No hay ninguna circunstancia que coloque a los hombres en una situación similar que a las mujeres por no querer seguir con un embarazo en curso. Es inadmisible mantener esta situación de desventaja que padece más de la mitad de la población.