Clotilde Ragone, una de las hijas del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, el médico del pueblo, secuestrado y desaparecido el 11 de marzo de 1976, dijo que el juicio oral que se lleva a cabo en la provincia “es una respuesta a cada una de las preguntas que me vine haciendo durante estos 35 años”. Con ese carácter, el debate que día a día revoluciona el clima político de la conservadora provincia del norte dio por probada en las últimas audiencias la existencia de una zona liberada el día del secuestro. Y avanzó sobre dos ejes de la causa: la arquitectura de espionaje de la policía provincial –cuatro de cuyas viejas autoridades quedaron detenidas– y la pata civil que estuvo detrás del secuestro. Una de esas cabezas es un integrante de la Triple A que ya está procesado, pero otro de los supuestos aliados acaba de ser mencionado y su visibilización provocó un escándalo: se trata de Paco Mosquera, propietario de la empresa de seguridad El Guardián, que curiosamente está a cargo de la protección de la ciudad judicial. El juicio entró en cuarto intermedio hasta el próximo lunes 25.

“Salta parece ser un refugio de bandidos”, dice a Página/12 Alberto Noé, sociólogo, investigador salteño y ex exiliado político. “El dato puede probarse empíricamente mirando el juicio a Patti: uno de los genocidas que torturaron a Diego Muniz Barreto es Martín Rodríguez, que estaba dando clases en la Universidad Católica de Salta, por eso digo que acá hay una serie de militares y civiles refugiados con total impunidad, en cualquier bar tengo que sentarme al lado de un asesino y la Justicia digamos que está en manos de la derecha: el juicio de Ragone se está haciendo con jueces de Jujuy, Tucumán y Tierra del Fuego, no hay jueces de Salta, es decir los de acá no se animan porque tienen complicidades.”

En ese contexto, los salteños asisten por primera vez a la reconstrucción del secuestro y desaparición de un gobernador atípico. Ragone, que asumió la jefatura de la provincia el 25 de mayo de 1973, era de una familia de inmigrantes italianos que no tenía nada que ver con la oligarquía local que se había alternado en los gobiernos. Dentro del peronismo, estaba cerca del Frente Revolucionario Peronista, una corriente nutrida en la línea de John William Cooke y lejos de Montoneros, demasiado nacionalistas, católicos y fundamentalmente demasiado porteños, dice Noé. En 1974, a Ragone le intervinieron la provincia, como sucedió con otros distritos asociados a la izquierda peronista. La conducción de la intervención federal –que Noé menciona como “el golpe antes del golpe”– la tomó la derecha peronista aliada a las 62 Organizaciones, asociada a la Triple A.

Horacio Azzolin es fiscal de la causa. En estos días y a partir de la reconstrucción que lograron hacer en las audiencias más de setenta testigos, explica que las 62 Organizaciones nombraron a Ragone persona no grata y con la Lista Azul y Blanca tomaron la Casa de Gobierno en una marcha después de la muerte de José Ignacio Rucci.

La trama

La causa tiene hasta ahora siete acusados y cuatro policías recién detenidos que son sometidos a investigación. Entre los acusados hay varios policías, entre ellos el jefe de Policía Joaquín Guil; otro jefe Miguel Gentile y el ex miembro de la Triple A Jorge Héctor Zanetto.

Respecto de quién dio la orden del secuestro, hay una línea que vincula a Luciano Benjamín Menéndez, el Ejército, la Policía y la mano de obra de la Triple A. Hay otra –no excluyente– que pone la lupa en Zanetto, la persona que amenazó al ex gobernador. Le dijo a Juan Carlos Villamayor –un ex funcionario del gobierno– que le avisara a Ragone que si no se bajaba de las internas del peronismo y declinaba su candidatura para volver a la gobernación iba a ser boleta. ¿Pero quién era Zanetto? Azzolin y las querellas buscaron antecedentes en viejos expedientes. Zanetto acababa de ser nombrado en Salta como secretario del Ministerio de Bienestar Social de la intervención, pero era un hombre de Buenos Aires y de la UOM. En 1970 tuvo una causa por portación de armas y una edición de El Descamisado lo identificó “el jefe de seguridad de Lorenzo Miguel”, el hombre que guardaba las armas de la UOM en el baúl de su auto. “Así se entiende –dice Azzolin– por qué es el elegido para mandar el mensaje: Lorenzo Miguel es la persona que le termina quitando a José López Rega la potestad de la última Triple A y Zanetto, que no es ningún perejil en la estructura, a fines de 1975 era asesor de un diputado nacional del gremialismo y lo mandan al Ministerio de Bienestar Social de Salta, donde la UOM ocupa cargos que durante el gobierno de Ragone nadie les dio.”

Un mes después del desembarco, Zanetto amenazó a Ragone vía Villamayor, pero no estaba en Salta en el momento del secuestro. Ese es otro de los datos que aparecieron estos días. Y vincula a Mosquera con el caso. Cuando se produjo el secuestro, Zanetto estaba detenido en Buenos Aires por un caso de secuestro extorsivo. Lo detuvieron con otras cinco personas de la UOM, en un expediente en el que reconoció ser el chofer de Lorenzo Miguel y fue condenado por Raúl Zaffaroni. Días atrás, un testigo mencionó a Mosquera entre las personas vinculadas en ese momento a la Triple A. Mosquera es la persona que citan como propietario de una de las principales empresas de seguridad de la provincia, pero en entre 1975 y 1976 era parte de la Policía Federal y trasladó a Zanetto de Salta a Buenos Aires, según los datos de la fiscalía.

La pata policial

Otro eje del juicio es la estructura de la policía de Salta. “En este caso están involucrados los principales responsables de la policía provincial y las audiencias están desnudando los mecanismos de represión y de coordinación para llevar adelante los operativos”, indicó días pasados Matías Duarte, el abogado de Clotilde Ragone y su hijo Fernando “Pequeño” Ragone.

Uno de los casos que se revisan es cómo hizo la D2 –que ya estaba activa– para “chupar” la investigación de Ragone el mismo día del secuestro y, a partir de ese momento, inventar declaraciones falsas para anularla. Otro elemento en análisis es el papel del entonces juez Ricardo Lona. Clotilde asegura que los traicionó: “Ese día nos dijo: no se preocupen, vamos a hacer todo lo posible para saber qué pasó. Nosotras éramos ingenuas –dijo la mujer–, porque creíamos que nada menos que este juez tenía el caso, pero resulta que a los dos meses el caso estaba cajoneado”.

El caso Lona de hecho preocupa a la familia. “La verdadera pregunta es cómo sigue todo esto”, dice Fernando Ragone a Página/12. Una vez que recomience el juicio, declararán los últimos testigos. Luego llegarán los alegatos y se calcula que en agosto habrá sentencia. “Pero el caso Lona sigue sin resolverse –dice Fernando–: no puede ser imputado en la causa porque hace más de dos años la Cámara de Casación de la Nación tiene que resolver un incidente que no resuelve”. La imputación que piden los familiares es porque Lona cerró la investigación en 1976. Un fiscal dijo que no tenía méritos para ser imputado, pero otro dijo que sí. Lona lo impugnó. La causa fue a la Corte y de ahí a Casación, donde duerme el sueño de los justos.