El 28 de enero del año pasado, el jefe de gobierno porteño, Maurizio Macrì, y parte de su gabinete comieron con la plana mayor de la embajada de los Estados Unidos. A la embajadora Vilma Martínez le llamó la atención el deslumbramiento del alcalde porteño con Sebastián Piñera, quien diez días antes había sido electo presidente de Chile. Según informó a Hillary Clinton, Macrì opinó que “Piñera tenía un penetrante intelecto, siempre sabía más que nadie de cualquier tema, ya fuera cultural, deportivo, de negocios, de gobierno o de historia”. Creía que su elección era el comienzo de “un giro regional hacia la derecha”, que continuaría ese mismo año con José Serra en Brasil y con el propio Macrì en la Argentina en 2011. Clinton recibió en el mismo despacho una sensata evaluación de Willy Stanley, el ex citibanker que hoy es parte del Banco Macro. Identificado como “un influyente banquero cuya hija trabaja con Macrì”, Stanley evaluó para la embajada que si bien Macrì “en los últimos tiempos está cometiendo menos errores, sus chances de ganar en 2011 son minúsculas y en retroceso”, por lo cual “decidirá abandonar su quijotesca candidatura” y se concentrará en hacer una buena gestión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “apuntando a la elección presidencial de 2015”.

Gases y cacerolas

Han pasado apenas 18 meses de aquella comida, en la que Macrì pidió que Estados Unidos asumiera una posición más crítica hacia el gobierno, ya que consideraba que “los Kirchner están terminados pero son peligrosos”. Como preveía Stanley, Macrì no sostuvo la apuesta presidencial y fue reelecto en la Capital. Su hija, Carolina Stanley, es legisladora de la Ciudad y candidata a suceder en el ministerio social a la nueva vicejefa, María Eugenia Vidal. Además, José Serra fue derrotado por Dilma Roussef en Brasil, no hubo tal giro regional a la derecha y por el contrario en la reunión de ministros de Economía de Lima se consideraron políticas para el bloque más afines con las de la Argentina. Por último, el admirado modelo de Macrì está jaqueado en Chile, con el más bajo índice de popularidad de un presidente a esta altura de su mandato después de la dictadura. Su único recurso para enfrentar los cuestionamientos al modelo socioeconómico iniciado hace cuatro décadas por Pinochet, que está entrando ahora en crisis terminal, parece ser la represión. El sonido de las cacerolas, que en 2001 corrió en la Argentina a Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo, se oye ahora en las noches de Chile, mientras los Carabineros descargan gases, agua y garrotazos sobre los adolescentes que presionan a las puertas de un sistema educativo elitista, ideado para perpetuar la inequidad y la explotación. Es un oportuno recordatorio de lo que podría ocurrir en la Argentina si la heterodoxia fuera sustituida en diciembre por alguna de las variantes que ofrecen al electorado quienes ambicionan reemplazar a Cristina, ya sea la ortodoxia ajustista de Alfonsín y Hermes Binner hasta la pasión por el orden en las calles de Duhalde.

La palabra de los muertos

Sin embargo, el kirchnerismo no puede dormirse sobre los laureles de su política de ampliación de derechos y de inclusión, que soslayó el clásico recurso a la fuerza para enfrentar el conflicto social. En el último año quince personas han perdido la vida en enfrentamientos en los que participaron policías bravas o fuerzas de choque sindicales o patronales en Río Negro, la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Formosa y Jujuy. Luego de las muertes en el Parque Indoamericano, el Poder Ejecutivo nacional reaccionó con la creación de un Ministerio de Seguridad y un proceso de reforma de las instituciones federales y también ratificó la línea fijada en 2003 por Néstor Kirchner. Pero si no existiera una firme decisión política, el régimen federal haría de las provincias santuarios fuera del radio de influencia del gobierno central. Tanto en el Parque Indoamericano, como en el Club Albariño o en Formosa, la respuesta nacional fue eficiente después de los hechos de violencia, ya sea mediante la actuación de fuerzas federales, mesas de diálogo o intervenciones políticas, judiciales o de asistencia social. En Jujuy, la participación de la Organización Tupac Amaru y su líder Milagro Sala en el intento de reconducir el conflicto sin más víctimas, es un recurso similar a los que Néstor y Alicia Kirchner emplearon al comienzo de la gestión para hacer pie en el terreno de la sublevación social que dejaron las pantanosas gestiones de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. Pero la espera pasiva para recién intervenir una vez que se produzcan nuevos episodios en distintos lugares del país no es una opción admisible.

Deber de garantía

La Convención Americana de Derechos Humanos que integra la Constitución, con jerarquía superior a la de la ley, constituye al Estado Nacional en garante del libre y pleno ejercicio de los derechos y garantías contenidos en ese Pacto que obliga a todos los poderes de la Nación Argentina. Para ello debe organizar todas las estructuras estatales de modo de asegurar su vigencia, prevenir, investigar y sancionar cualquier violación y reparar los daños que se hubieran producido. No basta con el marco normativo, sino que también se requiere una conducta gubernamental que conduzca a la existencia real de esos derechos. La ley de seguridad interior contiene lineamientos específicos para casos en los que actúan fuerzas federales: la constitución del Comité de Crisis creado por esa ley, el pleno funcionamiento de la subsecretaría de seguridad interior que es su órgano de aplicación y la designación de un funcionario político, cuya jerarquía no debe ser inferior a la de ministro provincial o secretario del gobierno nacional, quien decidirá sobre el terreno la aplicación, la graduación y el cese del uso de la fuerza. La elaboración y sanción de protocolos de actuación policial equivalentes, en casos en los que sólo actúan fuerzas provinciales, como ocurrió en Ledesma, debería ser una prioridad por encima de las contingencias electorales, guiada por el principio básico de que la solución a conflictos sociales que involucran a miles de personas y conciernen a derechos básicos como la vivienda, requieren una solución política que no se podrá encontrar en el Código Penal. La demostración por el absurdo se produjo cuando la jueza porteña que actuó por la ocupación del centenar de hectáreas del Parque Indoamericano ordenó el desalojo de lo que llamó “inmueble”, “domicilio” o “finca”, en una muestra transparente de la inadecuación del artículo 181 del libro de las penas a este tipo de acontecimientos masivos que obedecen a complejas causas sociales, económicas y políticas. Ese deber de garantía del Estado Nacional fue reconocido en 2005 en el caso Simón por la Corte Suprema. Además, este año, el presidente y la vicepresidente de ese mismo tribunal, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton, asistieron a la Nación y la Ciudad de Buenos Aires a elaborar un protocolo de actuación para el desalojo de viviendas ocupadas en Villa Soldati, que incluyó una mediación y un censo, la provisión de alimentos y de atención médica, aunque sólo una solución transitoria al problema de vivienda de los ocupantes.

Cabinas telefónicas

En su conversación con la embajada, Willy Stanley transmitió otros vaticinios que se han revelado menos exactos, como una candidatura a la presidencia de Carlos Reutemann, en alianza con Francisco de Narváez para la gobernación de Buenos Aires. El error de Stanley obedeció, ante todo, a la decisión personal de Reutemann de retirarse cuando vio de cerca en qué consistía el Peornismo Opositor y la fortaleza del gobierno puesta en evidencia en los festejos del Bicentenario, pero aún así, describe en aquel temprano momento de 2010 lo lábil de los acuerdos políticos, por encima de fronteras partidarias y entendimientos anteriores. Hasta ahora, la ley de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias no pudo corregir este rasgo estructural, secuela de la aún irresuelta crisis de fin de siglo. La ley PASO fue concebida para fortalecer a los partidos políticos, definidos por la Constitución de 1994 como “instituciones fundamentales del sistema democrático”, a los que el Estado debe sostener y garantizar su “organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información publica y la difusión de sus ideas”. Pero no hay texto legal que pueda suplir lo que las fuerzas sociales y políticas no quieren o saben producir. Por eso dentro de siete días la ciudadanía deberá consagrar con el voto a los candidatos que tres partidos y siete alianzas designaron sin competencia interna. El radicalismo, que siempre se alimentó de las formas y las apariencias, esta vez ni siquiera ha reunido a su Convención Nacional para que refrende la fórmula designada en una amplia cabina telefónica.

Hecha la ley

En un programa reciente, Mariano Grondona analizó esa ley. El ex secretario del Interior recordó que cuando la sancionaron le parecía “un mamarracho”, hasta que el ex senador Eduardo Duhalde lo llamó y le dijo:

–Mariano, no critique la ley. ¿No se da cuenta de que a no-sotros nos conviene?

Ese ha sido el eje de la campaña del Peornismo opositor. Su expresión de deseos repetida por todos los medios a su alcance es que las primarias del próximo domingo adelantarán la primera vuelta de la elección presidencial y que el candidato mejor ubicado del proteico grupo conocido como “la oposición” será favorecido por el voto útil que lo convertirá en el principal contendiente de CFK el 23 de octubre y en el vencedor en la segunda vuelta. Para que este relato coincida con la realidad se requiere una extensa serie de condicionalidades: que la presidente no alcance el 40 por ciento en las Primarias, que una de las fórmulas adversas al oficialismo se despegue en forma ostensible, que las restantes se vuelquen en su apoyo en octubre por acuerdo de dirigencias y/o decisión espontánea de los votantes, que esta conjunción de eventualidades fuerce una segunda vuelta en noviembre y que allí todo el voto antiK se congregue tras el sobreviviente de esta carrera de obstáculos. La sola enumeración realza su improbabilidad. Duhalde ha logrado acuerdos con el PRO, que votará por él en casi todo el país, con la UCR, de apoyo recíproco a quien llegue en mejores condiciones, con Lucrecia Astiz, hermana del represor detenido, que intentará orientar hacia el ex senador el voto castrense, y también lo intenta en Córdoba con José Manuel De la Sota. Mientras, el hijo del ex presidente Raúl Alfonsín se desdibuja cada día un poco más, lo cual ha puesto a su partido en estado de asamblea. El casus belli más reciente fue su pedido de renuncia al juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, el último ejecutado por la criminología mediática que caracterizó en su obra. El proceso comenzó con la condena, sin defensa ni acusación. En esta reminiscencia del Proceso kafkiano, no se sabe si se cometió algún delito ni, en tal caso, quien fue su autor. Es notable que el mismo Ricardo Alfonsín no haya tenido nada para decir del camarista mendocino Otilio Romano, procesado por la justicia federal como partícipe primario en más de 100 desapariciones forzadas, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, saqueo de bienes y apropiación de menores, quien pese a ello sigue en funciones, mientras el Consejo de la Magistratura postergó su citación hasta después de las elecciones primarias. Se comprende: también apoyó en el balotaje porteño a Maurizio Macrì, con procesamiento firme en Cámara por montar un sistema de espionaje telefónico. En su breve carrera política, Alfonsín ha logrado el milagro de quedar a la derecha de su asociado De Narváez, quien declaró su respeto por Zaffaroni.

El Piso

Hasta las tan celebradas derrotas del oficialismo en la Ciudad Autónoma y en Santa Fe, marcan pisos favorables a la reelección de CFK, tanto si se calcula sobre los votos obtenidos en la primera o en la segunda vuelta porteña por Daniel Filmus, como los que se pronunciaron por Agustín Rossi para la gobernación o por María Eugenia Bielsa para la legislatura. Dada la ponderación de ambos distritos sobre el padrón nacional (9,4 por ciento la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 8,9 por ciento Santa Fe), y asignando al kirchnerismo en el conurbano bonaerense un muy mezquino 45 por ciento de los votos y en Córdoba el modesto 23,8 por ciento que obtuvo en 2007, Cristina oscilaría entre el 40,5 y el 44,3 por ciento en octubre. Las PASO son una incógnita ya que al no haber competencia dentro de cada partido, y tratándose de la primera vez que se realizan, hay dudas sobre la cantidad de empadronados que irán a votar. Como el cálculo se realiza sobre los votos válidos emitidos, los porcentajes variarán según el porcentaje de votantes. Lo único que puede anticiparse es que un bajo número de votantes favorecerá a quien pueda imponer mayor disciplina a su propia fuerza. Antes vendrán las elecciones provinciales en Córdoba, donde hoy se elegirá al nuevo gobernador, entre tres fórmulas excluyentes: el ahora Senador Nacional Luis Juez, quien enfrentará al ex gobernador José de la Sota, que busca su tercer mandato, y al senador radical Oscar Aguad, quien con el apoyo del PRO intentará recuperar la gobernación que su partido ocupó durante los primeros dieciséis años de la democracia. Hace cuatro, el justicialista Juan Schiaretti obtuvo la gobernación de la que hoy empieza a despedirse, pero la UCR, con el extrapartidario Roberto Lavagna como candidato, se impuso en las presidenciales. Las opciones que el gobierno nacional tomó entonces se hacen sentir hasta el presente. Sin un candidato propio, el kirchnerismo jugó a dos puntas: mientras Ricardo Jaime apostaba a Schiaretti, Alberto Fernández tramaba con Juez su fantasía progresista. Esa misma táctica le permitió al kirchnerismo sumar diputados nacionales en listas opuestas de otras provincias, pero falló en Córdoba porque la diferencia entre Schiaretti y Juez fue mínima y además de las mutuas recriminaciones, ambos candidatos se resintieron con el gobierno nacional, distancia que se profundizó al año siguiente cuando los dos se alinearon con las cámaras patronales agropecuarias en contra de las retenciones móviles. Azuzado por su competencia con La Mole Moli, Juez llegó a montar en tractor. La versión instalada como verdad inapelable es que De la Sota se negó a ceder la vicegobernación y la lista de diputados nacionales que reclamaba el kirchnerismo a cambio de su apoyo. La realidad es otra: De la Sota en persona le ofreció que lo acompañara como vicegobernadora a Carolina Scotto, simpatizante kirchnerista y rectora de la Universidad Nacional de Córdoba. También aceptó que la lista de candidatos a diputados nacionales fuera compuesta en la Casa Rosada. El conflicto surgió luego de que Scotto declinara el ofrecimiento, porque prefiere encabezar la conmemoración del cuarto centenario de la Universidad, en 2013. El gobierno nacional se sintió engañado por la nominación de la intendenta de Laboulaye, Alicia Pregno, quien en 2008 se opuso a la resolución 125, y De la Sota ofendido por los silbidos que le dedicó el público kirchnerista a su aparición por videoconferencia en un acto de Cristina. De todos modos, el gobierno nacional desistió de impulsar una lista propia para hoy, que con repetir el 9 por ciento obtenido en su peor momento, hace dos años, hubiera dejado fuera del podio a De la Sota. A cambio, espera reciprocidad en octubre. Sobre el cierre de la campaña, De la Sota lo puso por primera vez en duda y postergó cualquier definición pública para después de las Primarias.

Los quince muertos