En Jujuy, miles de personas colapsaron las oficinas de los municipios encuadrados en el plan habitacional “Un lote para cada familia que lo necesite” y la Dirección de Inmuebles provincial, en la carrera por obtener un pedazo de tierra donde levantar un techo propio. El gobierno de Jujuy cruzó acusaciones con las autoridades del radicalismo, vía solicitadas en los principales diarios de la provincia, por la crisis política y habitacional que destapó la toma por parte de un centenar de familias de 15 hectáreas pertenecientes al Ingenio Ledesma, hace dos semanas. El oficialismo tildó a los opositores de “agitadores”, mientras que desde la UCR volvieron a exigir la renuncia del gobernador Walter Barrionuevo.

“Ahora, donde empieza a retornar la calma, algunos sectores de la oposición vuelven a agitar las aguas buscando réditos electorales”, reprochó en un duro mensaje la administración del gobernador Barrionuevo, ligado al kirchnerismo. Los radicales jujeños, alineados con la Unión por el Desarrollo Social (Udeso), advirtieron que el Ejecutivo “no gobierna, Barrionuevo ha demostrado y admitido su incapacidad a la sombra de (el jefe de la Cámara de Diputados) Eduardo Fellner, quien tiene el poder”. Reiteraron su consideración de que es “inconcebible la convocatoria a Milagro Sala para solucionar la situación” e insistieron con que Barrionuevo “debe dar un paso al costado”.

El gobierno local apuntó que “de nada sirve hacer en la sombra círculos electorales por uno u otro candidato cuando será el pueblo el que elija en unos meses” y consideró que la multiplicación de asentamientos en varios puntos de la provincia es “una serie de tensiones propias del crecimiento demográfico y estructural”. En ese sentido, admitió que el violento desalojo del 28 de julio, en el que murieron cuatro personas y otras 67 sufrieron heridas, “encendió nuevas alarmas” para las que el gobierno “propuso acciones urgentes, medidas drásticas, proyectos de ley y un plan para las familias más necesitadas”.

Los radicales denunciaron en una segunda solicitada que “la gestión Barrionuevo nunca rindió cuentas” sobre sus obras y remarcó que “desde 2005 hasta julio del 2011 recibió casi 1170 millones de pesos” de recursos nacionales, lo cual, calcularon, “alcanza para construir 25 mil viviendas”. Por su parte, el jefe de la Corriente Clasista y Combativa local, Enrique Mosquera, lamentó que el cruce de acusaciones tome más relevancia que los avances en la investigación por las cuatro muertes producto de la violenta represión de la policía jujeña sobre las familias que ocuparon el predio de Ledesma. “Acá nadie se acuerda de los muertos”, dijo.

En medio del cruce político también quedó el plan de viviendas anunciado. El director del Instituto de Vivienda y Urbanismo, Facundo Figueroa Caballero, aseguró que “la gente está abandonando los lugares usurpados” y “se están acercando a los municipios para solicitar formularios para poder iniciar el trámite de entrega de un lote”. Los medios locales informaron ayer sobre la enorme afluencia que recibió la Dirección de Inmuebles provincial, oficina pública que expide el certificado de no propiedad que necesita cada persona para poder acceder al plan habitacional que funciona por decreto desde ayer. Los edificios municipales de los seis distritos incluidos en el programa “Un lote para cada familia que lo necesite” también colapsaron.