El ex embajador argentino en Caracas Eduardo Sadous intentó defenderse en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, donde tuvo que prestar declaración indagatoria como sospechoso de falso testimonio y omisión de denuncia. Allí ratificó las acusaciones que formuló el año pasado cuando dijo que las empresas de maquinaria agrícola que acordaron una importante exportación a Venezuela tuvieron que pagar una coima cercana al 15 por ciento a través de la contratación de la trader Palmat. Sadous insistió en tribunales con la versión de que su entonces número dos, Alberto Alvarez Tufillo (actual embajador en Ecuador), le había hablado de manejos y negocios a través de una “embajada paralela”, y que el empresario ganadero Eduardo Cavanagh le mencionó presiones y sobornos. Como ambos ya desmintieron ese relato en el expediente, Canicoba Corral resolvió que los someterá a un careo con el ex diplomático.

Sadous fue denunciado por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y por el ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti. El ex embajador los había involucrado en supuestas irregularidades en la venta de maquinaria agrícola a Venezuela. Lo primero que ellos señalaron es que Sadous se tomó cinco años para revelar las presuntas coimas: dijo que se enteró en 2005, pero las hizo públicas en 2010. Advirtieron que las tratativas para la exportación de las máquinas argentinas y la importación de combustibles de Venezuela comenzaron en 2006 y las primeras operaciones se concretaron en junio de ese año, cuando Sadous ya no estaba al frente de la embajada en Caracas, donde se supone que escuchó las versiones sobre comisiones ilegales. “Las compras a empresas argentinas las hizo el Estado venezolano sin que este ministerio tuviera ninguna injerencia”, denunció en su momento De Vido.

En el juzgado de Canicoba Corral, Sadous ratificó ayer todo lo que ya había dicho, basándose en relatos sobre supuestas coimas y aprietes que atribuye a Alvarez Tufillo y a Cavanagh. Si no informó nada concreto en 2005 –dijo, según allegados al caso– fue porque no tenía pruebas. Pero puso énfasis en que mandó un cable confidencial señalando la falta de 91 millones de dólares en un fideicomiso. Ese dinero, sin embargo, fue repuesto enseguida por Venezuela. El canciller de aquel entonces, Rafael Bielsa, advirtió ya el año pasado: “Si Sadous se quejó por cable confidencial e interno de la Cancillería por lo que consideraba una irregularidad en el convenio concretado con Venezuela por las ventas de fuel oil, ¿cómo no iba a volcar el tema de las coimas también en un cable?”.

Cuando les tocó dar su testimonio bajo juramento en el expediente a cargo de Canicoba Corral, tanto Alvarez Tufillo como Cavanagh desmintieron a Sadous. El primero dijo que nunca habían hablado sobres sobornos o irregularidades en el comercio con Venezuela. Cavanagh, de la empresa EC&A, sostuvo que no pudo concretar operación alguna y por ende no tenía compromiso con funcionarios venezolanos ni argentinos. Aunque quedó afuera, tampoco presentó queja alguna. Contradijo las afirmaciones del ex embajador. Como Sadous se mantuvo en su planteo, el juez los pondrá frente a frente. Antes hará lugar a algunas medidas de prueba que reclamó Sadous, entre ellas, que investigue en base a datos que habría entregado si la designación de Alvarez Tufillo como embajador fue una retribución para que se desdijera.

Los hechos en sí mismos denunciados el año pasado por Sadous son investigados por el juez federal Julián Ercolini. Pero hasta ahora no fueron respaldados por ningún testigo. Declararon los titulares de 45 empresas que exportaron maquinaria agrícola, otros empresarios que no lograr exportar, y otros que participaron en operaciones comerciales de los últimos años con Venezuela. Todos negaron la existencia de coimas y algunos dijeron que usan traders que cobran una comisión similar a la de Palmat. El único que trató de dar un respaldo a la versión de Sadous fue el ex defensor del Pueblo Eduardo Mondino (PJ disidente), pero no ofreció pruebas. Además, en la Defensoría había cerrado un expediente sobre el tema con el argumento de que no había encontrado ninguna anomalía.