“Si el gobernador sacó el plan tierra para todos los jujeños que lo necesiten, tiene que ser para todos los jujeños que lo necesiten. Nosotros hicimos un compromiso con los que estaban en las tomas y es que, si en 15 días la gobernación no comienza a entregar los lotes, vamos a volver a ocupar”, advirtió Milagro Sala tras la masiva marcha que ayer recorrió Libertador General San Martín, el pueblo del Ingenio Ledesma. La protesta fue encabezada por la Corriente Clasista y Combativa y la Tupac Amaru.

Se trata de las dos organizaciones sociales más importantes de la provincia. Aunque distanciadas hace tiempo, ahora pusieron entre paréntesis sus fuertes diferencias políticas para repudiar las muertes ocurridas hace dos semanas, durante el operativo de desalojo de una ocupación en Ledesma.

El jefe de la CCC nacional, Juan Carlos Alderete, dijo en este sentido que los movimientos sociales seguirán “en la calle luchando juntos cuando haya represión y muerte”.

La marcha se hizo en una tarde de calor, con 30 grados. No hubo policías a la vista. El acto central se realizó a unas ocho cuadras del ingenio. Estuvieron dirigentes de la CTA nacional, integrantes de la Casa de Acción Popular Olga Márquez de Arédez, de la Unión de Trabajadores Desocupados de Jujuy, gremios estatales, organismos de derechos humanos y partidos de izquierda. Los organizadores informaron que fueron 24 las organizaciones que participaron de la jornada.

El centro de las críticas fueron la empresa Ledesma, propiedad de la familia Blaquier, y el juez que ordenó el desalojo, Jorge Samman.

El dirigente de la CCC jujeña, Enrique Mosquera, acusó a ambos de ser los “responsables de las cuatro muertes” y recordó que el magistrado “ordenó el operativo y se fue de vacaciones sin saber cómo terminaba”. Samman es cuestionado además porque está actualmente a cargo de la investigación de esas muertes. Mosquera calificó al juez de ser “un empleado de Ledesma” y “un títere de Gerardo Morales”, el senador nacional radical que viene haciendo una suerte de cruzada personal contra las organizaciones sociales de la provincia.

Por su parte, Sala reclamó a los Blaquier que “devuelvan las tierras al pueblo guaraní y mataco”.

También habló Luis Arédez, hijo del ex intendente asesinado por la dictadura militar, y luego una representante de la comunidad Ava-Guaraní y otra de la comunidad mapuche.

A dos semanas del violento desalojo de las 500 familias que tomaban tierras de Ledesma –lo que desencadenó ocupaciones de lotes y edificios de planes de viviendas en toda la provincia–, todavía continúan las tomas en varias localidades. Ayer, además, hubo una decena de cortes de ruta en reclamo de la entrega de lotes y contra las usurpaciones.

El Plan Un lote para cada familia que lo necesite fue lanzado por el gobernador Walter Barrionuevo para contener el conflicto. La promesa es distribuir terrenos fiscales. Para eso, miles de familias ya se anotaron en toda la provincia y levantaron parte de las ocupaciones.

En Libertador General San Martín, por ejemplo, el intendente Jorge Ale informó que envió a San Salvador los primeros 6000 censos realizados, aunque estimó que de ese número quedarán menos de la mitad después de una depuración. “Estamos entrecruzando todos los datos y ya sabemos que hay gente que se presentó y que son de otras localidades y otros que intentaron aprovecharse de la situación”, le dijo a la agencia Télam.

La oposición jujeña, encabezada por el radical Morales, se opuso al programa y no dio quórum en la Legislatura para que pudiera ser aprobado por ley, pero Barrionuevo firmó un decreto para dar legalidad a la medida. En algunas localidades de la provincia, como Monterrico, esta semana comenzaron a abrir calles en predios fiscales como paso previo a su asignación. Al mismo tiempo, la gobernación advirtió que se abrirán causas por usurpación a los que no abandonen las ocupaciones.

Ayer, las organizaciones sociales reunidas para la marcha hablaron de mantener la unidad para lograr sostener el reclamo por el acceso a la tierra. Los dirigentes hicieron discursos de fuerte contenido social, pero sin críticas directas a las autoridades ni a su manejo del conflicto.

Los cortes de ruta se centralizaron en la capital jujeña y el sur de la provincia. En San Salvador hubo un piquete sobre la Ruta Nacional 9. En el pueblo de Perico hubo cuatro cortes y también los hubo en las localidades de El Carmen y Monterrico. Junto con los reclamos vinculados con la vivienda, hay también otros por tierras para la producción.

Aunque el gobernador había advertido en vísperas de la marcha sobre la presencia en la provincia de sectores “vinculados con el duhaldismo” que podían estar operando para generar disturbios, la jornada de protesta se realizó sin incidentes.