Vie 12.08.2011

EL PAíS

En defensa de la policía

El fiscal de Estado jujeño Alberto Matuk aseguró ayer que las balas con que fueron asesinadas cuatro personas en el desalojo del predio de la empresa Ledesma en Libertador General San Martín “no son policiales”, pese a que no se conocen las pericias balísticas, y aseguró que su objetivo es “reivindicar” a la fuerza de seguridad. “Puedo reafirmar que no obstante no encontrarse todavía las pericias balísticas, puedo decir con todo énfasis lo que se anticipó: las balas que provocaron la muerte de cuatro personas no son balas policiales”, afirmó el fiscal en declaraciones a la prensa. Matuk denunció que “la policía de la provincia ha sido víctima de una emboscada, han sido salvajemente agredidos durante varias horas y resulta entonces insostenible esto de que la policía ha sido de una brutal agresión”. “Yo quiero reivindicar a la policía de la provincia”, afirmó el fiscal, que participa en la causa como querellante por el Estado provincial. Por su parte, la Corriente Clasista y Combativa pidió la destitución del magistrado que dispuso el desalojo, Jorge Samman. La abogada Mariana Vargas explicó que la “responsabilidad del magistrado es muy grande en las muertes que sucedieron y también por los heridos” y presentó como parte de los fundamentos del pedido de destitución las declaraciones del gobernador Walter Barrionuevo y del titular del bloque de diputados provinciales oficialistas, Rubén Rivarola, quienes cuestionaron la actuación del magistrado. “El magistrado recibió una denuncia de (el Ingenio) Ledesma por ocupación de predios el 20 de julio y con total ligereza e irresponsabilidad el 22 de julio ordena el desalojo y se va de vacaciones por la feria judicial. Mínimamente debía investigar cómo era la ocupación del predio, si había una comunidad originaria en el lugar, porque hay leyes nacionales de orden público que prohíben los desalojos cuando una comunidad originaria ocupa un terreno hasta noviembre de 2013”, señaló Vargas. En la provincia persisten las tomas de predios y cortes de ruta que bloquean los accesos de las localidades Perico y Monterrico, en el sur de Jujuy.

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