Oportunistas adecuan discursos y acciones a cada coyuntura.

“Oposiciones” que desde el sistema político vienen ejerciendo como instrumento del bloque de oposición realmente existente denunciaban hace unos meses “riesgo para la democracia argentina”, ampulosas palabras con las que se intentó ocultar la defensa corporativa de uno de los medios de prensa de ese bloque ante un conflicto laboral.

Hoy previenen sobre un presunto “riesgo institucional” en caso de que nuestro pueblo ratifique el 23 de octubre su categórico pronunciamiento del 14 de agosto. Ante lo inevitable, este “riesgo” desaparecería si los electores ratifican a Cristina Fernández, pero en lugar de votar a los legisladores que la acompañan consagraran a quienes se oponen al proyecto que conduce. Argumento: “el Gobierno debe ser controlado”; otra falacia con la que se intenta evitar una segura pérdida de bancas en el Congreso, no tanto por la disminución de conchabos y el debilitamiento de las ya raquíticas estructuras partidarias como por la imposibilidad de trabar iniciativas transformadoras, que es lo que interesa a sus mandantes.

En cuanto al “riesgo para la democracia argentina” por la movilización de los trabajadores, conviene recordar que las banderas de la democracia en nuestro país han estado siempre en manos de los movimientos populares y sus organizaciones políticas. Es posible que en otras latitudes (Europa, por ejemplo) la democracia haya sido una conquista burguesa o que, por lo menos, haya estado consustancialmente ligada al desarrollo capitalista. En nuestro país no es así; el capitalismo tuvo un tipo de desarrollo oligárquico-dependiente que “forjó” clases dominantes profundamente antidemocráticas. Todavía está por verse si esta situación ha cambiado y, en tal caso, en qué medida.

En cuanto al “riesgo institucional”, es aquella grave defección de los remedos de títeres lo que pone en cuestión las instituciones y no una eventual –aunque difícil de alcanzar– mayoría del oficialismo en el Congreso a partir de diciembre. Las instituciones no sólo están funcionando a pleno sino que por iniciativas de este gobierno, como las PASO o la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se van democratizando. Justamente, lo que no tolera el poderoso bloque opositor es que los cambios se hayan diseñado para facilitar una participación efectiva de toda la sociedad. Es por eso que la Presidente necesita, además de la alta legitimación que ya tiene, un amplio respaldo en el Congreso para profundizar transformaciones y consolidar las conquistas alcanzadas, intención que ha manifestado en cuanta oportunidad se le ha presentado. De lo contrario, existe el riesgo cierto de que los sectores dominantes logren bloquear el camino emprendido y forzar un retroceso.

Como botón de muestra basta considerar que ante restricciones en el sector externo, que reconocen distintas causas y que han generado una estabilización en el alto nivel relativo de reservas durante los últimos meses, los candidatos-voceros del establishment proponen volver al camino del endeudamiento externo y/o “enfriar” la economía. Contrariamente, para profundizar el patrón de crecimiento adoptado desde 2003, habría que promover –por ejemplo– políticas que provoquen una reducción de la dependencia externa de bienes intermedios y finales, como así también que logren establecer una mayor reinversión permanente de utilidades de las empresas transnacionales radicadas en el país.

Cada vez se hace más evidente que las opciones en el próximo octubre estarán dadas entre un proyecto político en ejecución, que busca fortalecer el Estado y ponerlo al servicio de las mayorías, y el proyecto político de los poderes corporativos, que consiste en controlar el Estado a través de marionetas para ponerlo al servicio de sus intereses.

* Presidente del ENRE.