Los diez asambleístas de Gualeguaychú que habían sido acusados por los cortes al puente Internacional San Martín en protesta contra la instalación de la pastera Botnia no tendrán que prestar declaración indagatoria. Así se desprende de una resolución de la Sala III de la Cámara de Casación Penal que dejó firme la decisión del juez de primera instancia Gustavo Pimentel, quien ya había resuelto que evitaría citar como imputados a los ambientalistas. Sin embargo, el tribunal no se pronunció sobre el pedido de sobreseimiento del grupo, que sigue con la causa abierta.

Los asambleístas habían sido denunciados por el Gobierno, que les atribuyó delitos que van desde amenazas, daños a bienes públicos, homicidio culposo, entorpecimiento del transporte, hasta resistencia a la autoridad y encubrimiento. Todo esto por haber mantenido cortado el puente que se encuentra en la ruta 136, que une las ciudades de Gualeguaychú y Fray Bentos. En un comienzo, la fiscalía de Paraná había pedido que fueran indagados, pero el juez Pimentel sostuvo que no había motivos para eso.

La causa llegó después a la Cámara Federal de Paraná, que tampoco encontró motivos para las indagatorias, al tiempo que habilitó el camino para que se pronunciara la Casación. Este tribunal, en rigor, no opinó sobre la discusión en sí misma, sino que dijo que no había motivos para su intervención, que sólo podría darse frente a una sentencia definitiva o una situación equivalente. La resolución fue firmada por los camaristas Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Gustavo Mitchell, quienes ordenaron devolver el expediente a los tribunales de Paraná, para que ahora el juez Pimentel resuelva si hay o no hay caso. De este modo, quedó en firme la disposición de no indagar a los ambientalistas.

El Gobierno, en su momento pidió las citaciones a indagatoria de Ana Costa, Osvaldo Fernández, Jorge Fritzler, Víctor Limba, Juan Ferrari, Sira Muñoz, Alejandra Crimella, Cristina Limba, Paola Robles y José Gómez, todos integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú. El abogado que los representa, Luis Leissa, sostuvo que lo que buscó la denuncia original era “amedrentar y acallar la protesta”.