Horacio Rodríguez Larreta deberá pagar una factura de luz de 11.121 pesos debido a que no cumplió un fallo judicial por el peligro en el tendido eléctrico de la villa 21-24. De no abonar la factura, Edenor procederá a cortarle la luz al jefe de Gabinete porteño. Así lo dispuso en una sentencia el juez en lo contencioso administrativo Andrés Gallardo, quien le había impuesto esa multa por la inacción ante un informe del Ente Regulador de Electricidad (ENRE) que describía situaciones de riesgo de electrocución para los 35 mil habitantes de la villa.

Hace dos años, la Justicia le pidió un informe al ENRE sobre el estado del tendido eléctrico en el barrio. El organismo encontró que “existe un alto riesgo eléctrico que pone en peligro la vida y la salud de los habitantes”. Entre otras cosas, señaló que pueden producirse incendios y sobrecargas, “electrificación de rejas con la consecuente electrocución”, “electrocución por contacto directo con cables colgando” y remarcó que la situación “es de riesgo general”.

Larreta fue notificado de este informe el 29 de octubre de 2009 por la Defensoría General. También fue citado a una audiencia a la que no fue. A partir de esto, la Defensoría General y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) hicieron una presentación judicial para que el gobierno porteño resolviera la situación precaria de la instalación eléctrica. La gestión macrista evadió las distintas intimaciones, hasta que el 18 de febrero de este año Gallardo dictó un fallo en el que ordenó a Larreta que “proceda en el plazo de 10 días a la implementación de un protocolo de actuación para responder de forma ágil y eficiente a las emergencias que se producen por la situación de riesgo eléctrico en la Villa 21-24”. Además, le ordenó diseñar un plan de obras y una campaña de prevención para los vecinos.

De agilidad y eficiencia, hubo poco. La Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS) del gobierno porteño informó que para reparar el tendido requerían de un millón 124 mil pesos, pero que en la partida de este año sólo disponían de 198 mil. Después de esta respuesta, el 19 de mayo Gallardo decretó el incumplimiento del fallo judicial y le volvió a ordenar a Larreta que dispusiera las medidas desde su rol de coordinador de las distintas áreas que debían actuar. Todo bajo apercibimiento de recibir multas periódicas y progresivas. Además, le exigió que entregara al juzgado una serie de documentos que acreditaran que se estaban haciendo obras. No hubo ninguna respuesta por parte de Larreta.

“El sistemático silencio guardado tanto por el jefe de Gabinete como por la administración local en su conjunto da sobrada cuenta de que no existe voluntad alguna para acatar el fallo”, concluyó Gallardo en la sentencia en la que le impuso una multa a Larreta por un monto de cien veces lo que paga de luz en su domicilio sobre la avenida Libertador. Si continúa incumpliendo, la próxima vez será por 200, la siguiente por 300 y así.

Luego de esto, el gobierno porteño entregó un plan de obras, pero una inspección judicial reveló que sólo se iniciaron parcialmente y en algunos sectores. “El compromiso asumido por Larreta no ha sido cumplido. De haber existido situaciones que pudieran haber ocasionado demoras o retrasos que justifiquen el incumplimiento, no han sido expuestas”, advirtió Gallardo en su nuevo fallo. Su Señoría resaltó, además, que parte de los gastos de las obras están siendo “costeados por los propios vecinos del barrio” y que en algunos casos les están cobrando el doble de lo presupuestado por las refacciones. Gallardo les ordenó a los macristas que investigaran esta situación y, por el incumplimiento, le pasó la cuenta a Larreta.

La multa le llegó al jefe de Gabinete porteño en su factura de Edenor. “El documento sólo podrá ser abonado en la Oficina Comercial de Edenor y registra las mismas fechas de vencimiento de la factura emitida por los conceptos eléctricos”, informó la empresa al juez. La suma asciende a 11.121 pesos y se duplicará el mes siguiente, si las obras no avanzan.

“Las medidas fueron solicitadas hace ya más de cinco meses –recuerdan la Defensoría General y ACIJ en su última denuncia del incumplimiento–, si durante ese plazo el gobierno porteño hubiera tomado las medidas, las más de 35 mil personas de la Villa 21-24 no estarían atravesando este invierno con la inseguridad y riesgo eléctrico con el que están conviviendo.”