La Cámara Nacional Electoral envió un pedido de informes al ministro del Interior, Florencio Randazzo, con el objetivo de determinar si, desde su cartera, fueron contratados “orientadores electorales” para las elecciones primarias del 14 de agosto. El pedido surgió a raíz de una denuncia presentada ante esa Cámara por la jueza federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Servini de Cubría, quien consideró la presencia de los orientadores como una “intromisión” del Gobierno en el acto electoral. “¿Por qué no pidieron permiso?”, se preguntó, en diálogo Página/12, la jueza. Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que, al menos por parte del ministro, no se contrató a los orientadores.

“No me baso tanto en las normas ni los artículos”, afirmó Servini sobre los hechos denunciados. “El tema es que si la elección la tiene la Justicia, se tiene que hacer cargo la Justicia”, agregó. Los reclamos de la jueza están vinculados a la división de poderes y no a la sospecha de fraude: “No hice una denuncia penal. Sólo puse a mis superiores en conocimiento de algo que para mí es una seria irregularidad. Pero no tuve problemas con el escrutinio ni con la elección”, aclaró en ese sentido. “El problema es que hubo una intromisión del Ejecutivo. ¿Por qué no pidieron permiso? Alicia Pierini (la defensora del Pueblo porteña) vino a hacer una constatación y pidió permiso. El Incucai (para hacer su campaña a favor de la donación de órganos) pidió permiso. Los medios pidieron permiso. No puede el Ejecutivo no pedir permiso”, concluyó.

El conflicto surgió el día de la elección, cuando los delegados electorales que ofician como veedores judiciales en las escuelas alertaron sobre la presencia de personas ubicadas cerca de la puerta de los establecimientos, a las que los votantes podían preguntarles por la mesa en la que les tocaba sufragar. “Se acomodaban en un escritorio a un costadito y tenían laptops, es decir que su presencia allí no fue improvisada”, graficó Servini, quien una vez notificada, transmitió a los delegados la instrucción precisa de echar a esas personas. Para el mediodía, los orientadores ya habían desalojado casi todas las escuelas.

La información requerida por la Cámara se solicitó al Ministerio del Interior porque de los informes de los delegados, presentados ante la jueza, surgió que algunos orientadores tenían una credencial de la Dirección Electoral, y cuando les preguntaban por su relación contractual algunos identificaban como empleador a Correo Argentino, otros a la Dirección Nacional Electoral, y otros a una empresa privada. “Aparentemente, les pagaba una empresa. No me acuerdo el nombre. Pero, ¿cómo una empresa particular va a instalar gente con credencial del Ministerio o del Correo? Además, estoy en permanente contacto con el Correo y no me comentaron nada ni me pidieron permiso”, cuestionó la jueza. Fuentes cercanas a Randazzo aseguraron que el ministro pidió informes a la Dirección Electoral, al Correo y a todos los organismos que participaron en la elección, porque el ministerio no contrató a ninguna empresa.

En los informes de los delegados también se precisó que los orientadores poseían instructivos sin sello ni membrete en los que se les indicaba que debían permanecer durante el escrutinio. Sin embargo, la denuncia no apunta a la intervención de esas personas en el recuento de los votos –en el cual no estuvieron presentes–, sino su presencia en los establecimientos. En ese sentido, Servini aclaró: “Lo que se denunció fue la presencia misma de estas personas, que yo no sé qué significaba porque fueron inmediatamente desalojadas. Ellos tenían la orden de quedarse hasta que se fuera la última urna, pero no sé qué funciones tenían ni qué hubiera pasado si se quedaban”.

En el oficio que los camaristas Emilio Munné, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via enviaron a Randazzo, en el que además preguntan por las funciones que debían cumplir los orientadores, se dirigió a los jueces electorales de los demás distritos una consulta sobre si habían detectado la presencia de orientadores aunque, hasta ahora, no ha habido quejas por parte de las autoridades electorales de otros puntos del país.

Informe: Sol Prieto.