El jurado de enjuiciamiento que tiene por delante la misión de realizar el juicio político al camarista mendocino prófugo Otilio Romano hará mañana una reunión de emergencia en la que sus integrantes tratarán de acordar una estrategia para acelerar el inicio de las audiencias, que originalmente estaban previstas para después del 23 de octubre. Si el jury avanzara pronto y resolviera la destitución, facilitaría la detención del juez, suspendido en sus funciones y procesado en una causa penal por 103 casos de torturas, secuestros, desapariciones, robo de bienes y allanamientos ilegales en los que se lo acusa de haber sido partícipe primario entre 1975 y 1983, cuando actuaba como fiscal y juez subrogante.

El fiscal de esa causa, Omar Palermo, pidió el viernes la captura y la detención de Romano porque considera que en su condición de fugitivo ya no lo protegen los fueros, que pretende usar “como garantía de impunidad”. El juez Walter Bento decidirá esta semana los próximos pasos. Así las cosas, con o sin inmunidad de arresto, lo único que podría salvarlo es que el gobierno de Chile, que le dio una visa para quedarse ocho meses, también le otorgue el asilo político que pidió.

El juicio político podría comenzar sin él o hacerse íntegro en su ausencia, mientras exista la presencia permanente de un defensor oficial en las audiencias. Romano, de hecho, no presentó abogado defensor dentro del plazo que tenía para hacerlo. El trámite por el cual Chile debe resolver si lo expulsa o le da protección puede demorar uno o dos meses, aunque haya pedido judicial de captura. El juicio penal no se puede realizar sin el imputado presente.

Romano, un histórico todopoderoso de la Justicia de Mendoza, fue suspendido en sus funciones el 25 de agosto último por una decisión unánime y de todos los sectores del Consejo de la Magistratura. El camarista prófugo había logrado dilatar un año y medio el inicio del juicio político con toda clase de artimañas. En la acusación, se lo responsabilizó de haber actuado de manera “funcional” al terrorismo de Estado al haber “omitido en forma reiterada y prolongada” en el tiempo la investigación de “delitos de lesa humanidad de los que habría tomado conocimiento” como funcionario judicial. El dictamen está basado en las imputaciones penales de la Justicia mendocina.

Desde que se votó la suspensión, empezó a correr el reloj para el jurado de enjuiciamiento, que tiene por ley seis meses para dictar una sentencia. Los cálculos de los miembros del jury apuntaban a noviembre. La huida de Su Señoría, sin embargo, empujó a cambiar los planes. Sobre el final de la semana, los consejeros que actuarán como fiscales –el delegado del Ejecutivo, Hernán Ordiales, y el diputado K Carlos Moreno– pidieron informalmente al tribunal que intente acelerarlo. Ordiales le dijo a Página/12: “Pretendemos que el jurado inicie el enjuiciamiento a la mayor brevedad posible para poder salir de esta situación de incertidumbre e irregular; lo haremos desde ya respetando el debido proceso, el derecho de defensa y los plazos previstos. Es importante para que se pueda resolver la causa penal y hacer el juicio oral contra Romano”.

Para los consejeros, el camarista todavía goza de la protección de los fueros, lo que impediría detenerlo, o en caso de que Chile lo mande capturado en breve, deberían liberarlo en Argentina a menos que ya esté destituido y haya perdido definitivamente el cargo. En cambio el abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) Pablo Salinas –uno de los organismos impulsores de la investigación– y el fiscal Palermo creen que a esta altura, y con Romano en condición de prófugo, carece de inmunidad. “Los fueros protegen a un juez en su función judicial, no cuando está prófugo. Ahora debe ser detenido y extraditado”, reclamó Salinas. Palermo se pronunció el igual sentido al pedir la captura.

Ahora el juez Bento tendría básicamente dos caminos: pedir la captura internacional y disponer la prisión preventiva, o dictar algo así como una “comparencia compulsiva” para que se presente sí o sí en el juzgado. Romano ya está encaminado a un juicio oral, con procesamientos confirmados en primera y segunda instancia. Los graves delitos que se le atribuyen podrían depararle en una sentencia las máximas penas. Bento tiene que responderle a Interpol un pedido para que explique el Estado de la causa, requerido en rigor por el Ministerio del Interior chileno. Seguramente cuando conteste informará sus próximos pasos.

En cualquier caso, el gobierno chileno tendrá que decidir si le da asilo político a Romano o bien, si la Justicia mendocina ordena detenerlo, tendrá que evaluar si le revoca la visa transitoria. Las normas de ese país excluyen la posibilidad de asilo a personas implicadas con “fundados motivos” en “delitos contra la humanidad”.

El subsecretario del Interior de Chile, Rodrigo Ubilla, sugirió el viernes que el caso de Romano no sería utilizado en represalia por el asilo político que Argentina le dio al ex guerrillero Galvarino Apablaza. En la Casa Rosada todavía se reservan una cuota de duda, según pudo saber este diario. Ven el tema casi como “una prueba de amor” o de “solidaridad” del gobierno de Piñera “en un caso que involucra delitos de lesa humanidad”.