“Una fea sensación de injusticia”, dijo que sintió Mariano Borinsky, uno de los fiscales del juicio del caso venta de armas, cuando escuchó la absolución del ex presidente Carlos Menem y el resto de los acusados. Por esa razón advirtió que los jueces del tribunal “deben dar las explicaciones a la sociedad” sobre las razones del fallo. En tanto, el ex diputado Adrián Menem, sobrino del ex mandatario, afirmó que “se hizo justicia” con la absolución del actual senador riojano y anticipó que estudia demandar al ex juez Jorge Urso, quien había ordenado la detención domiciliaria de Menem en 2001.

“El fallo (del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1) está de acuerdo con la verdad. Hace diez años que digo que Menem no tenía nada que ver con los hechos por los que se lo estaba investigando”, enfatizó el sobrino del ex presidente. Y agregó que “jamás podría haber conformado una asociación ilícita con sus ministros porque todos habían firmado los decretos de venta de armas. Sabía que en algún momento se iba a hacer justicia”, dijo. Ya en tono de revancha subrayó que “pasaron diez años de calumnias, de difamaciones, de mucha gente que hizo mucho daño, empezando por lo que hizo Urso, privándolo ilegítimamente de su libertad. Quedó demostrado que Urso es un cachivache, porque no sabe absolutamente nada y lo hizo con mucha mala fe”. Consultado sobre la posibilidad de demandar al ex magistrado federal, el ex diputado nacional respondió que “si se dan las condiciones, no tengan la menor duda, de arriba no se la va a llevar. Tendrá que responder ante la Justicia por sus acciones, porque hay gente que en todos estos años ha hecho mucho daño al apellido y el honor” de los Menem. Y respecto de la apelación que presentará Borinsky, dijo que “si existieron cosas como dice el fiscal, tendrá que demostrarlo en las etapas siguientes, pero Menem no tuvo absolutamente nada que ver, que es lo único que me interesa”.

Por su parte, el fiscal Borinsky sostuvo que “el delito de contrabando está previsto para cualquier persona, sea presidente, funcionario o un particular”, ya que “no hay supuestos de excepción a la ley penal”. El representante del Ministerio Público afirmó que “hubo tres años de juicio y además de toda la prueba que se acopió, las mismas personas acusadas se fueron acusando entre ellos, es decir, que no estaba en discusión el contrabando: el contrabando quedó convalidado y consolidado”. Sin embargo, agregó, “el tribunal consideró que las 18 personas (imputadas) eran inocentes, en un procedimiento que fue válido, la fiscalía valoró adecuadamente la prueba y ante los pedidos de nulidad de las defensas, el tribunal les dijo no ha lugar”. El fiscal de juicio oral, que en breve asumirá como juez, contó que ayer tuvo una “fea sensación de injusticia por lo que había pasado y de poca claridad y de contradicción, y cuando salí del juicio y fui a la facultad, los alumnos me pedían explicaciones y yo no las podía dar”. En tal sentido agregó que “son los jueces los que tienen que explicarle a la sociedad el fallo que se dictó, no tenemos los fundamentos todavía, pero no dejo de estar asombrado”, al tiempo que aseguró que la fiscalía “seguirá trabajando en la apelación para demostrar que esto fue un contrabando”.

En tono docente, durante una entrevista por radio, Borinsky explicó que “el delito de contrabando está previsto para cualquier persona, sea presidente, funcionario o un particular. El Código Penal no distingue, no hay supuestos de excepción a la ley penal. Lo único que establece la ley argentina es un supuesto de inmunidad para la detención, y una persona no puede ser detenida si tiene fueros. Por eso pedí el desafuero (de Menem) en su momento”. Y advirtió que “la cuestión política no judiciable no frena la ilicitud. Un delito nunca puede estar autorizado ni siquiera bajo el pretexto de un paraguas político. El delito se cometió porque no se podía vender (armas) a Croacia porque había prohibiciones previas”.