El Consejo de la Magistratura se reunirá hoy en un plenario extraordinario para definir si se interrumpirá el pago de sueldos al camarista mendocino Otilio Romano, quien huyó a Chile el 24 de agosto pasado –un día antes de su desafuero– para evitar una posible detención en el marco de la causa penal en la que se encuentra procesado como partícipe necesario de 103 casos de torturas, secuestros, desapariciones, robo de bienes y allanamientos ilegales. El plenario fue convocado por el presidente del Consejo, Mario Fera.

“Un juez que se fuga no tiene derecho a cobrar su sueldo cuando no comparece a la Justicia, porque si no le estaríamos financiando su contumacia”, afirmó el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Hernán Ordiales, quien presentó una denuncia contra Romano por haberse profugado. A la vez, Fera reconoció que el motivo de la convocatoria es “la intención evidente de Romano de abstraerse del proceso judicial en trámite así como del proceso de remoción”.

Al encontrarse fuera del país, Romano está evitando una investigación no sólo por su presunta participación en los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1983 –cuando fue fiscal federal y juez subrogante en Mendoza–, sino también un juicio político por el cual puede ser destituido. El jury de enjuiciamiento, de hecho, ya le designó una defensora oficial a Romano y le permitió acceder a la acusación, como primeros pasos del proceso que piensan empezar en noviembre. Además, Romano cuenta con una denuncia por su fuga, presentada por el Consejo.