En noviembre del año pasado el ministro de la Corte Suprema Enrique Petracchi festejaba sus 75 años en un asado, rodeado de jueces y fiscales amigos. ¿Se irá? Era la pregunta del millón que recorría Tribunales, ya que la Constitución Nacional da a los jueces de esa edad por jubilados, a menos que obtengan un nuevo acuerdo del Senado. O a menos que, como ocurrió con Carlos Fayt, el propio supremo tribunal (por entonces menemista) declare que la Constitución es nula o inconstitucional. Petracchi se quedó en su despacho y el misterio se disipó, hasta que algunos abogados empezaron a cuestionar la validez de sus fallos. Entonces presentó una “acción declarativa” y consiguió una medida cautelar a su favor que hasta ahora pasó casi inadvertida, pero que lo confirma momentáneamente en el cargo. El Gobierno no apeló esa decisión, pero todavía tiene plazo hasta diciembre para argumentar sobre la cuestión de fondo.

Petracchi integra la Corte desde 1983, donde fue nombrado por Raúl Alfonsín. En los noventa, dentro del tribunal, se mantuvo en la vereda contraria a la llamada mayoría automática. Después de su último cumpleaños, Página/12 preguntó en la Corte qué iba a pasar con él y la respuesta fue cortante: “Nada, ¿por qué tendría que pasar algo?”. La duda de este diario venía motivada por dos antecedentes: Fayt –que hoy tiene 93 años– perdura en su puesto avalado por un fallo de 1999 dictado por la propia Corte, que declaró inválida la exigencia constitucional de un nuevo acuerdo del Senado después de los 75 años; pero Augusto Belluscio se retiró en 2005 al cumplir esa edad límite y dijo que como había firmado la sentencia a favor de Fayt le parecía una “incompatibilidad ética” con su propia “permanencia”. Petracchi no la había firmado.

En algunos despachos supremos cuentan que el año pasado Petracchi habría intentado convencer a Fayt de irse los dos, pero no pudo tentarlo. Tampoco el Poder Ejecutivo envió un proyecto al Senado para darle un nuevo acuerdo, ni se planteó la discusión en la Cámara. Puertas adentro de la Corte los jueces llevan meses esmerándose para que las sentencias donde Petracchi integra la mayoría tengan más de cuatro votos, que es el número justo para sacar un fallo. ¿El objetivo? Evitar lo que finalmente ocurrió: que comenzaran a presentarse pedidos de nulidad de sus votos basados en que ya no sería juez en las condiciones que fija la Constitución.

El primer reclamo lo hizo en julio el abogado Germán González Campaña, defensor de Eduardo Sukiassian, condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por homicidio al haber atropellado y quitado la vida en 2002 a Kevin Sedano. La sentencia fue confirmada por la Corte con cuatro votos, uno de ellos de Petra-cchi. González Campaña, al ataque, dijo que era una mayoría “inexistente”. Su razonamiento, más amplio todavía, apuntaba a que es “de interés público que se aclare el alcance y la vigencia del precedente Fayt”, ya que fue resuelto por la vieja Corte y, de hecho, no queda ninguno de los jueces que lo firmaron. Pero no sólo por eso, sino porque –advertía– los fallos supremos no tienen efectos para todo el mundo, sino para quien promueve la causa.

En el fallo que permitió la perpetuidad de Fayt, la Corte declaró la nulidad del inciso 4 del artículo 99 que fijaba la edad límite para el desempeño de los jueces al considerar que la convención constituyente se había extralimitado pues no estaba previsto que modificara “la garantía de inamovilidad de los magistrados”. Según González Campaña, la Corte no puede modificar leyes aunque las declare inconstitucionales. Y en relación con Petracchi evaluaba que carece de un “derecho adquirido” porque cumplió los 75 años mucho después de la reforma constitucional. Como sea, no tuvo éxito: la Corte calificó su presentación como “inoportuna”. Aunque detrás de esa media carilla hubo mucho mar de fondo, y cierto enfado con Petra-cchi, a quien decorosamente sus colegas le habrían pedido entonces que buscara algún respaldo externo. Así fue como Petracchi presentó una “acción declarativa” y pidió “una medida cautelar de no innovar (...) a fin de impedir que se afecte la vigencia de su nombramiento como ministro de la Corte (...) hasta tanto se dicte sentencia sobre el fondo del asunto”. Alegó que la reforma constitucional, “al incorporar el límite de 75 años”, afecta “el carácter vitalicio” de los jueces “que obra como garantía de independencia”; que su caso “debe ser subsumido en la doctrina del caso Fayt”; que los pedidos de nulidad de sus votos alimentan “la incertidumbre entre los litigantes”, pueden causar la proliferación de impugnaciones y “afectar el regular funcionamiento del alto tribunal”. El 20 de julio último, en plena feria judicial, el juez en lo Contencioso Administrativo de turno, Pablo Cayssials, le concedió la cautelar en una decisión de dos páginas, a las que accedió Página/12, donde bregaba por evitar que “el peligro en la demora” haga inaplicable una eventual decisión sobre el fondo o genere situaciones irreversibles. Petracchi no quiso hablar con este diario.

En casos de este tipo, si el Estado decide apelar debe hacerlo a través del Ministerio de Justicia. La cartera de Julio Alak no contradijo la cautelar, que quedó vigente. Pero tiene plazo hasta la primera semana de diciembre para resolver qué decir ante la discusión constitucional de fondo, informaron allegados al caso. Por lo pronto, tienen tres opciones básicas: aceptar las razones del Petracchi sin objeciones, decir que no hay caso judicial o de- sarrollar alguna tesis en contra del juez supremo. Todo hace pensar que no habría intención del Gobierno de desplazarlo.

Pese a la medida que lo ampara, Petracchi sigue cuestionado. Hace dos semanas, el abogado Miguel Angel Almeyra pidió anular su voto en el fallo que confirmó la condena a reclusión perpetua contra tres ex policías –entre ellos su defendido Gastón Somohano– acusados de haber torturado y obligado a Ezequiel Demonty a tirarse al Riachuelo, donde murió ahogado. Almeyra también sostuvo que Petracchi no es juez, pero con un plus: su pedido de no innovar, dijo, fue tardío. “Debió hacerlo, como Fayt, antes de cumplir los 75”, explicó. En el máximo tribunal reina el hermetismo, aunque todo indica que esquivarán definiciones mientras puedan y estarán atentos a la respuesta del Gobierno.