Monseñor Justo Oscar Laguna fue designado por la Nunciatura, en julio de 1977, “administrador apostólico” de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos. Pocos días antes, producto de un homicidio, había fallecido monseñor Dr. Carlos Horacio Ponce de León, el obispo a cargo de la misma. La designación de Laguna fue –al decir de varios sacerdotes y laicos– una suerte de “intervención” del Obispado producida por la representación vaticana para desarticular la pastoral social implementada por el obispo fallecido en favor de los jóvenes, los pobres y principalmente los perseguidos por la dictadura cívico-militar que usurpó los tres poderes del Estado a partir de marzo de 1976. Por designación de la Asamblea Episcopal Argentina Laguna también integró una Comisión de Enlace entre el Episcopado y las autoridades militares. Mensualmente compartía un almuerzo con los secretarios de los Comandos en Jefe de las tres Fuerzas Armadas, entre ellos el genocida y último presidente de facto, Reynaldo Antonio Benito Bignone.

En agosto de 2004 se reabrió a pedido de la fiscalía la causa (investigada por la Justicia de la dictadura en 1977) en la que se dijo que Ponce de León había fallecido producto de un homicidio “culposo” en un accidente carretero. En esta nueva instancia judicial, el ministerio fiscal pidió la citación de monseñor Justo Oscar Laguna a prestar declaración testimonial. Laguna no compareció y se amparó en el privilegio anacrónico de contestar por escrito un pliego de preguntas. Debido a sus omisiones, reticencias y mendacidades se le requirió al juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo se formara causa por separado por el delito de falso testimonio y se indagara al mencionado prelado. Formada la causa, e indagado Laguna, el juez lo sobreseyó de inmediato por inexistencia de delito.

En el transcurso de más de cuatro años y medio algunos integrantes del Poder Judicial llevaron adelante acciones y omisiones que significaron una demora en el trámite de la causa, pretendiendo dar por terminada la investigación contra Laguna, quien no dio respuestas a preguntas que se le formularon sobre el destino de la correspondencia epistolar de Ponce de León, la que desapareció de la sede del Obispado; el destino de las carpetas que presuntamente llevaba sobre denuncias contra autoridades militares de la zona por la represión instaurada por la dictadura por motivos políticos, gremiales, sociales y religiosos. Laguna también afirmó desconocer la tensión que existía entre el obispo fallecido producto de un homicidio y las autoridades militares, como también las amenazas que éste había sufrido, cuando otras pruebas de la causa daban cuenta –en forma documentada– sobre su exhaustivo conocimiento sobre el tema.

El juez instructor sobreseyó a Laguna y, en dos oportunidades, le dictó auto de falta de mérito. Para ello debió realizar afirmaciones desacordes con el derecho vigente y poner en boca de jueces superiores afirmaciones que éstos no habían realizado. Por su parte, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario incurrió en inexplicables demoras en resolver las apelaciones interpuestas por la fiscalía contra esas resoluciones, para finalmente dejarlas sin efecto y terminar procesando a Justo Oscar Laguna por falso testimonio cometido en el expediente en que se investigan las causas de la muerte de quien fuera obispo diocesano de San Nicolás, monseñor Dr. Carlos Horacio Ponce de León. En días pasados, el ministerio fiscal había requerido la elevación a juicio oral y público de dicha causa.

En la madrugada de ayer, a pocas horas de finalizadas las festividades de todos los santos y todos los muertos, falleció Justo Oscar Laguna. El juicio divino a su alma ya ha comenzado. Los jueces del Poder Judicial de la Nación contribuyeron a que la Justicia humana sobre su persona jamás se pronuncie.

* Abogado, cumple funciones como fiscal federal subrogante en San Nicolás.