El Poder Ejecutivo aceptó finalmente la renuncia del juez de la Cámara de Casación Penal Gustavo Mitchell, quien carga con dos investigaciones abiertas en su contra. Una por su presunta vinculación con una trama de sobornos para liberar a la patota ferroviaria detenida por el asesinato de Mariano Ferreyra. La otra es por su actuación como juez de menores durante la dictadura, una función en la que se le atribuye la entrega en guarda del bebé (Simón Riquelo) de una ex detenida desaparecida a uno de los policías que habría participado en su secuestro. La primera causa está a cargo del juez Luis Rodríguez. La segunda la instruye Norberto Oyarbide. Se supone que seguirán su curso pese a la renuncia. Lo que caerá automáticamente son los expedientes que tenía en el Consejo de la Magistratura. La salida de este histórico de Casación se inscribe en un recambio de buena parte del tribunal penal de mayor jerarquía.