El Tribunal Oral Federal de San Juan ordenó la captura nacional e internacional de los siete represores imputados en el primer juicio que se desarrolla en la provincia por delitos de lesa humanidad. Los acusados permanecen prófugos. La Cámara Federal de Mendoza les había revocado la prisión preventiva y cuando fueron citados a declarar en otras causas, los imputados no se presentaron.

“El más complicado de todos es (el teniente retirado Carlos) Malatto, que está en Italia y cuya salida del país se le había prohibido. Se cree que (el suboficial retirado José) Del Torchio también salió del país, pero eso no hay nada confirmado”, explicó a este diario Roberto Scherbosky, abogado de una de las cuatro querellas que participan del juicio.

El tribunal leyó ayer la elevación a juicio de una de las dos causas que Scherbosky patrocina dentro del juicio –que combinó cuatro– y que incluye el secuestro y torturas al militante peronista Hugo Bustos; al gobernador sanjuanino José Luis Gioja y a su hermano, el legislador Cesar Gioja; y al juez de la Corte Suprema local Abel Soria Vega.

Los jueces Héctor Cortéz, Raúl Fourcade y Alejandro Piña solicitaron a las policías local, federal y aeroportuaria las capturas de Malotto, Del Torchio y de los otros militares retirados Eduardo Vic, Jorge Páez, Edgardo Cardozo y Gustavo De Marchi, así como al ex jefe de la Policía de San Juan Juan Carlos Coronel.

La Cámara Federal de Mendoza les había revocado la prisión preventiva en 2010. Malotto viajó a Italia haciendo uso de su pasaporte europeo, a pesar de que tenía prohibido –al igual que el resto del grupo– salir del país. El tribunal, además, exigió al Ministerio de Defensa que informe los lugares de cobro de sus pensiones.

La captura de los prófugos, pedida por la fiscalía y las querellas prácticamente en conjunto, no fue la única orden que impartió el tribunal sobre los 13 imputados –incluido quien fue jefe del tercer Cuerpo del Ejército entonces, Luciano Benjamín Menéndez– en el juicio en el que analizará sus responsabilidades por la desaparición de la modelo argentino-francesa Marie-Anne Erize; el secuestro y muerte del dirigente del Partido Comunista José Carabajal y las torturas y detenciones ilegales de otras 58 personas.

A raíz de una presentación de los fiscales, que pidieron la revocación del privilegio de prisión domiciliaria del que gozan Alejandro Lazo y Horacio Nieto, el tribunal aseguró que reexaminará el estado médico de los dos imputados. “Que el 50 por ciento de los imputados en este juicio estén prófugos es un indicio de que los otros pueden seguir el mismo camino”, reconoció a medios locales uno de los fiscales del proceso, Germán Bermejo.

Por último, los jueces ordenaron separar a los tres imputados que permanecen detenidos en el penal de Chimbas, los militares retirados Benito Martel, Daniel Gómez y Jorge Olivera –quien fue, en democracia, abogado de represores–, entre sí y del resto de los detenidos en ese recinto.

A Olivera, por último, le permitió mantener la computadora portátil que tiene en la celda, pero sin conexión con Internet.

En la audiencia de hoy, el tribunal leerá la elevación a juicio de la causa sobre los tormentos sufridos por la actual jueza y querellante Margarita Camus, y la muerte de Carabajal, quien “falleció por ahogo y le inventaron un ahorcamiento”, detalló Scherbosky, que también lo patrocina.