Ibáñez, de espaldas, junto a la titular de la Comisión de Desarrollo Económico, Delia Bisutti, durante su exposición.
Imagen: DyN.

El 26 de septiembre, un mes y ocho días antes del derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre, un inspector del gobierno porteño advirtió, tras una visita a la obra en construcción lindera, que en ese terreno donde estaba prevista la excavación para hacer “tres subsuelos” había “dos edificios linderos de importante altura y de antigua data”, por lo cual recomendó expresamente “verificar submuración”. Sin embargo, el lugar no volvió a ser visitado por ningún inspector ni verificador de obras. La existencia de una voz de alerta que no fue escuchada fue revelada por el diputado Eduardo Epszteyn en la reunión informativa en la que el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez, intentó explicar por qué no se pudo prevenir el derrumbe.

La denuncia puso en dudas la efectividad del sistema de control de obras porteño: “Por qué, si el 26 de septiembre el inspector dice que en dos días empezaría la excavación, no se dispuso ningún control”, reclamó Epszteyn, del bloque Frente Progresista Popular. La submuración de la que hablaba el inspector es un refuerzo de hormigón sobre la medianera que va quedando al descubierto con la excavación, de manera de evitar el derrumbe. Epszteyn y su compañero de bloque, Aníbal Ibarra, hicieron la denuncia a partir de la documentación que el propio Ibáñez llevó a la Legislatura.

La Agencia Gubernamental de Control venía informando, desde el martes, que sobre la obra de Bartolomé Mitre al 1200 se habían hecho siete inspecciones, desde que se recibió una denuncia de vecinos por ruidos molestos. Dos de ellas estuvieron a cargo de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras, una el 2 de septiembre y la otra, la mencionada del 26 de mismo mes. Las otras cinco corresponden a la Dirección de Protección del Trabajo: todas en octubre, los días 14, 14, 19, 21 y 31, es decir, cuatro días antes de la tragedia.

En el acta del 26 de septiembre, el inspector Ricardo Waishlat, quien es arquitecto, puso por escrito, tras revisar la obra vecina al inmueble de Bartolomé Mitre 1232: “El miércoles (28 de septiembre) comienzan excavación. Dos edificios linderos de importante altura y de antigua data, se realizarán tres subsuelos. Importante verificar submuración”. Ibáñez no pudo explicar de manera convincente por qué no se había convocado a un profesional verificador, para atender la recomendación del inspector.

Los cuestionamientos de los diputados giraron en torno de la falta de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo de la Ley 3562, sancionada hace más de un año por la Legislatura. En esa ocasión, los diputados sancionaron por unanimidad una norma que daba instrumentos al Ejecutivo para controlar las obras en la etapa de excavación, para evitar episodios como el derrumbe del gimnasio de Villa Urqiza, ocurrido en septiembre de 2010. Hasta ese momento la AGC no estaba obligada a controlar esa etapa.

Ibáñez desgranó distintos argumentos para explicar la demora en la reglamentación, pero el más convincente fue el de la “falta de consenso” con las entidades profesionales representantes de la industria de la construcción. El propio titular de la Asociación de Ingenieros Estructuralistas admitió que hizo lobby para que no se reglamente la norma.

“Según Ibáñez, la ley que sancionó esta Legislatura para evitar derrumbes no servía para nada”, le reprochó Juan Cabandié, titular del bloque Encuentro Popular para la Victoria. Lo mismo hizo el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, quien recordó que Ibáñez había calificado la ley de “mamarracho”.

Antes de esas explicaciones, Ibáñez se dedicó a ilustrar con ejemplos y fotografías que en Nueva York se registraban más derrumbes de edificios que en Buenos Aires. Ante una consulta del diputado Adrián Camps (Proyecto Sur), Ibáñez dijo que “hay muchos hechos que pueden haber llevado” al desmoronamiento parcial del edificio, entre ellos, “una mala praxis del arquitecto” responsable de la obra.

Fabio Basteiro, de Proyecto Sur, evaluó que el funcionario de la AGC “ha manifestado un nivel de irresponsabilidad y soberbia que realmente nos preocupa, porque con una muerte y la situación que se ha vivido en estos días, lo primero que tendría que haber hecho es reconocer los errores”.

Ibáñez expuso en la Comisión de Desarrollo Económico que preside Delia Bisutti (SI-Nuevo Encuentro), quien también reclamó la presencia de los ministros de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, y de Desarrollo Urbano, Daniel Chain.

Al comienzo del encuentro, hicieron su exposición Hernán Fede, hermano de una de las víctimas de Villa Urquiza, y Mariana Bustos, quien desde hace cuatro años vive una situación de zozobra en su casa de Humboldt al 1900, cuya estructura fue vulnerada por una obra en construcción vecina.

En un comunicado, el senador porteño Daniel Filmus consideró que el Gobierno de la Ciudad actuó con desidia, ineficacia y despreocupación, tanto en los controles que no hizo como en la tardía búsqueda de la persona fallecida”. “Un Estado que se repliega, que está ausente en los controles y regulaciones que exige la convivencia ciudadana, termina siendo un Estado que nos pone en peligro.”