El ex juez mendocino Luis Leiva volvió a sentarse frente al organismo que en 2002 lo destituyó. Esta vez fue como testigo, para defender al camarista fugitivo Otilio Romano, acusado por su complicidad con los crímenes de la última dictadura cuando era fiscal, a quien definió como un “amigo íntimo” y reconoció que lo acompañó en su escape a Chile el 24 de agosto, un día antes de que lo suspendiera el Consejo de la Magistratura para iniciarle juicio político. “Sentía agobio por el acoso periodístico”, dijo Leiva ante el jurado. También declararon ayer dos víctimas, León Glogowsky y Rosa Gómez, que estuvieron detenidos en el Departamento de Policía de Mendoza conocido como D2. Ambos relataron cómo declararon y denunciaron torturas ante Romano, en 1975 y 1976 respectivamente. Este jueves serán los alegatos de la acusación y la defensa.

El juicio político a Romano transcurre en su ausencia, ya que está en Chile, donde pidió asilo político y consiguió una visa por ocho meses. Quien lo representa, la defensora oficial Fabiana León, había propuesto como “testigo de concepto” al ex juez Leiva, destituido por manejos irregulares en investigaciones y procesado por intento de extorsión a Raúl Moneta. Leiva, además de ser amigo de Romano, fue secretario del Juzgado Federal de Mendoza durante la última dictadura. Pero su declaración empezó por otro lado: lo primero que hizo el ex juez fue admitir su amistad con el juez acusado. Incluso dijo que lo consideraba un amigo íntimo, “de trato frecuente”, “yo le presenté a su esposa”, “fui testigo de su casamiento”, detalló. Entonces la presidenta del tribunal, Alicia Noli, le dijo que “en ese marco” es que “se valorará” su declaración. La defensora protestó y dijo que de todas maneras está obligado a decir la verdad.

¿Qué dijo Leiva? Ante la pregunta de uno de los acusadores, el consejero Hernán Ordiales (representante del Poder Ejecutivo), el ex juez confirmó que se había tomado el avión a Chile con Romano, quien había resuelto irse porque “sabía que el Consejo ya había tomado la decisión política de suspenderlo y no quería estar en el país”. “Yo le dije que no me podía quedar todo el fin de semana por mi familia y por eso me volví el viernes y él se quedó y pensaba regresar el lunes, pero algo pasó en el medio”, dijo, aunque no dio precisiones. La semana pasada el jury decidió ampliar los cargos contra Romano e incluir su situación de prófugo como un cargo más, agravante. El camarista suspendido tiene un pedido de captura ordenado por el juez Walter Bento –quien lo procesó por 103 delitos de lesa humanidad– que se podría activar si finalmente es destituido. Esto implica que podrían detenerlo en Chile y luego tendría que enfrentar el proceso de extradición.

Cuando le tocó hablar de cómo tramitaban los hábeas corpus y otras denuncias en la Justicia Federal mendocina durante la última dictadura, desde 1977, reconoció que los rechazaban casi automáticamente. Su justificación fue que se guiaban por lo que les decían las Fuerzas Armadas y de seguridad: negaban tener detenidos. En forma indirecta, admitió que desde la Justicia no se investigaba nada. Los acusadores decidieron no cuestionar su testimonio, pese a la cercanía con Romano, porque consideran que no modifica nada y que incluso confirma la huida del camarista.

Entre los testigos que declararon ayer contra Romano, estuvo Glogowsky, quien relató su detención en 1975, cuando era un estudiante de medicina de 19 años. Fue llevado al D2, donde contó que fue torturado con picana eléctrica y golpizas. Desde el calabozo, relató, escuchaba la voz de su novia de entonces, Luz Faingold, primera testigo del juicio. “La escuché gritar que no la violaran”, aseguró. Luego, precisó, denunció todo ante el ex juez Luis Miret (destituido) y Romano. Si Romano estuviera sentado en el jury, “no podría negármelo”. Nadie hizo nada, dijo. “Aún hoy sigo preguntándome si no se hubiera podido evitar posteriores violaciones, que ocurrieron y que fueron probadas en Mendoza luego, y torturas”, señaló.