–Yo soy delegado de la fábrica, quería saber de qué medio sos, porque los compañeros tienen dudas.

–Prensa independiente, amigo.

–No, decime porque si no te sacamos a la mierda.

–Yo me voy solo, no te hagas drama.

–Bueno, andate. (De uno de los videos de una marcha aportados como prueba por la Gendarmería en la causa 481/09 del juzgado de Tres de Febrero.)

Organizaciones de derechos humanos y militantes sindicales, sociales y políticos denunciarán hoy a las 12 en los tribunales federales de Retiro que en diversas protestas gremiales y sociales “se ha identificado trabajo de inteligencia ilegal por parte de la Gendarmería Nacional”. Las revelaciones surgen de las actas de esa fuerza labradas durante cortes de tránsito y manifestaciones por conflictos en fábricas de la zona norte entre 2009 y 2011 y en marchas por el asesinato de Mariano Ferreyra, así como también de las declaraciones testimoniales de los gendarmes citados por los jueces en una decena de causas abiertas por esos cortes.

Gendarmes de la Unidad Especial de Procedimiento Judicial realizaron “identificaciones” en las puertas de las fábricas “para la reunión de información”, así como en ambas sedes del Ministerio de Trabajo. A partir de la orden judicial de intervenir en tales manifestaciones, los uniformados habrían ido más allá y, según los documentos que se presentarán en la denuncia y a los que accedió Página/12, admitieron que se “entremezclaron con la multitud vestidos de civil” para “conocer a los cabecillas de las manifestaciones” y que pudieron realizar su tarea con éxito, es decir, encontrar a quien buscaban, con la ayuda de “bases de datos de la fuerza”. En el caso del ex delegado de Kraft Ramón Bogado, llegaron a describir qué tipo de reuniones se hacían en su casa y lo que allí se decidía. Y reconocieron que sacaron fotos con sus celulares porque si lo hacían con una cámara podrían sufrir “reprimendas de los manifestantes”. TAmbién se resalta que tras sucesivos fallos que registraron que las fuerzas policiales y de seguridad desplegaron en diversas oportunidades este tipo de actividades con la excusa de prevenir delitos, en julio de 2003 se decidió que la prohibición de realizarlas que regía para las Fuerzas Armadas se extendiera a gendarmes y policías mediante la resolución 38 del gobierno de Néstor Kirchner.

Este mediodía, la comisión interna de Kraft, encabezada por Javier Hermosilla, denunciará a la Gendarmería por “infiltración ilegal” y por “tener una base de datos de los dirigentes sindicales, activistas y militantes de izquierda de la zona norte, así como también al abogado de la interna, centros de estudiantes y dirigentes políticos solidarios”. Lo hará junto a Nora Cortiñas, Victoria Moyano, Myriam Bregman (Ceprodh), María del Carmen Verdú (Correpi), entre varios otros dirigentes de organismos de derechos humanos y referentes sociales. “La Gendarmería parece querer regular el conflicto social, así cada trabajador que sale a luchar sabe que sus dirigentes están siendo no sólo enjuiciados, sino también espiados”, dijo Bregman.

Consultados por Página/12, allegados a Gendarmería aseguraron que ante acciones como cortes de ruta, los jueces intervinientes ordenaron a la fuerza que identifiquen a las personas que estaban cometiendo lo que esos magistrados consideraban un delito. Que entonces tomaron las fotos de acuerdo con lo ordenado y entregaron la información al juez. Por tanto, sostienen que no existe de ninguna manera un aparato de espionaje clandestino en la Gendarmería. Desde su óptica, si en el marco de esas investigaciones ordenadas por jueces se cometió un ilícito, deberá determinarlo la Justicia. Y, en ese caso, se establecerán las responsabilidades.

En la denuncia se asegura que en los expedientes que tienen como imputados a Hermosilla, Gentile y Norniella, y también a Néstor Pitrola y Vilma Ripoll, por haberse solidarizado con los despedidos de Kraft, los gendarmes aparecen actuando en algunos casos sin orden judicial y en otros extralimitándose más allá del pedido del juzgado. De una de las causas, por ejemplo, surge que Autopistas del Sol supo de un corte de la Panamericana antes de que éste ocurriera, por lo cual los denunciantes alertan sobre el uso de los datos. La información que los uniformados habrían obtenido “clandestinamente se va blanqueando con su presentación en expedientes judiciales”, que podrían ser considerados nulos en instancias superiores dado su origen. La denuncia asegura que en las actas los gendarmes mostraron un persistente interés por el encuadre político o gremial de los manifestantes. En una de ellas aparece como presente en una marcha de agosto de 2009 Luis Cubilla, que había muerto dos meses antes. Es decir que, “el autor del ‘delito’ estaba decidido previamente no en base a una acción concreta, sino por una decisión tomada en un escritorio donde se indicó que determinadas personas debían ser criminalizadas”.