El nombre Juan Bautista “Tata” Yofre, jefe de la SIDE en los albores del menemismo, volvió a la escena judicial. Fue ayer, con una resolución de la Corte Suprema que rechazó sus últimas cartas para lograr la nulidad de la causa en la que se lo investiga como sospechoso de “revelar de manera ilícita y con ánimo de lucro la información contenida en correos electrónicos pertenecientes a funcionarios públicos”, según informó el propio tribunal en un comunicado. El expediente original está a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, quien también investiga a dos ex agentes de inteligencia que prestaban la presunta mano de obra para hackear e-mails de políticos, periodistas y personajes de la farándula, y al ex secretario del Ejército, el general retirado Daniel Raimundes.

La investigación comenzó en 2006, aunque ganó su mayor estado público casi dos años después, cuando casualmente el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, advirtió un intento de hackeo a su correo electrónico. Para ese entonces, el juzgado tenía otros tantos indicios de que el hackeo era a gran escala y podía ser fruto de las actividades ilegales de una red de ciberespías. Luego de numerosos allanamientos y de analizar el software incautado en casas y oficinas de los sospechosos, los investigadores detectaron que las víctimas podían ser decenas, y cientos los e-mails interceptados. Las propias personas hackeadas los fueron a reconocer al juzgado: desde el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y la ministra Nilda Garré hasta el ex canciller Jorge Taiana, pasando por su sucesor, Héctor Timerman, dos secretarios de la presidenta Cristina Kirchner y el ministro Julio De Vido, y figuras como Susana Giménez y Pampita Ardohain.

La hipótesis central en la causa indicaba que dos ex agentes de la SIDE y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Iván Velázquez y Pablo Carpintero, habrían sido quienes hacían el phishing (robo de datos) o el hackeo, pero quienes se habrían ocupado de comercializarlos y/o utilizarlos para facilitar “operaciones” –políticas o de otros ámbitos, a veces incluso difundiendo el contenido mismo de los correos– habrían sido otros. Entre los investigados en este punto estaba Yofre. También Raimundes (quien encabezó el Ejército con los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde) y el responsable del portal Seprin, Héctor Alderete. Uno de los posibles delitos analizado es la violación de secretos de Estado.

De todos modos, la causa quedó paralizada hace largo tiempo por planteos de nulidad y cuestionamientos al juzgado. En el ínterin, Velázquez fue detenido en Uruguay, investigado también por supuestas maniobras de espionaje y por presuntas coimas para obtener la residencia en el país vecino, donde se había ido en el fragor de la causa de Arroyo Salgado. Ahora está en libertad. Los nombres de Velázquez y Carpintero volvieron a sobrevolar tribunales este año, pero esta vez el fuero federal porteño, donde se abrió una causa por la difusión de mails, otra vez, de funcionarios y figuras públicas, a través de una página web que se mostraba inspirada en Wikileaks.

El fallo de la Corte, si bien es una resolución técnica de media carilla que dice desestimar una queja por un planteo de nulidad de Yofre (antes rechazado también por la Cámara de Casación Penal), podría ser la llave que destrabe o resucite la causa penal en cuestión. Lo firmaron los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay. Consideraron que no les corresponde intervenir porque no está en juego una sentencia definitiva ni hay detenidos.