Unas 10 mil personas participaron ayer de la marcha “contra la criminalización de la protesta social, por la libertad de los presos por luchar y el desprocesamiento, cierre de causas y anulación de las condenas para cinco mil luchadores obreros y populares”, además de reclamar “basta de patotas sindicales y paraestatales contra los que luchan”. Los principales dirigentes de izquierda, junto a sindicatos y comisiones internas de base, organizaciones de derechos humanos, estudiantiles y partidarias marcharon desde Congreso hasta Plaza de Mayo para exigir la libertad de Carlos Olivera, un albañil de Lomas de Zamora, y de Víctor Oñate, petrolero de Santa Cruz, “que están presos por desafiar al sindicalismo oficial y defender a la clase obrera”, como explicaron en la manifestación, así como también del remisero Mario Tapia y del joven Aldo Claros, que permanecen detenidos tras la represión en El Triángulo, predio de los Blaquier en Jujuy, y del más conocido caso de Karina Germano, la Galle, presa en Ezeiza. “Es un escándalo que todos los delegados combativos, como los de la comisión interna de Kraft, los trabajadores de Zanon y otros tantos estén perseguidos por defender los derechos de los obreros, mientras no hay ningún imputado por los asesinatos en el Indoamericano o en Jujuy”, dijo Christian Castillo, del PTS. Por su parte, Néstor Pitrola, del Partido Obrero, que está procesado por solidarizarse con una protesta de Kraft, dijo: “Estamos defendiendo los derechos de todo el movimiento obrero argentino, en un momento crucial en el que hay que preparar los sindicatos y asambleas generales para enfrentar el tarifazo y todo lo que se viene”.