Los 50 mil dólares incautados en la investigación de un supuesto intento de soborno para conseguir la libertad de los detenidos por el asesinato de Mariano Ferreyra seguirán en manos de la Justicia, a pesar de que el hermano de uno de los imputados los reclama con el argumento de que le pertenecen y que nada tendrían que ver con la maniobra. El juez Luis Rodríguez rechazó anteayer el pedido de Juan Aristóbulo Aráoz de Lamadrid, hermano del ex juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, quien está señalado como presunto intermediario en las gestiones que habrían estado destinadas a comprar voluntades en la Cámara de Casación Penal para beneficiar a la patota que respondía a la Unión Ferroviaria (UF) y a su titular, José Pedraza. “No se ha descartado la vinculación del dinero incautado con el delito que se investiga”, resolvió el magistrado.

El juez Rodríguez sostuvo que el hermano del imputado que reclama el dinero como si fuera propio –lo que parece una estrategia para despegarlo– no pudo demostrar su “origen lícito”. Aunque había aludido a la venta de autos, no habría demostración de que serían los mismos billetes, que para colmo estaban en un sobre rotulado “Octavio”, diferenciado de otros sobres con los nombres de sus hermanos, con quienes comparte el estudio.

Rodríguez fijó varias citaciones a indagatoria para diciembre, ya que cree que habría elementos que revelan al menos un intento de coimas para torcer el rumbo de la investigación del homicidio de Ferreyra. Aráoz de Lamadrid –que defendió a uno de los imputados por el asesinato– tendrá que dar explicaciones, junto con el propio Pedraza, el agente de la Secretaría de Inteligencia Juan José Riquelme, quien aparecía prestando servicios de lobbista, el contador del gremio y segundo de Belgrano Cargas Angel Stafforini y el secretario de Casación Luis Ameghino Escobar (hijo), quien se ocupaba de hacer los sorteos informáticos que determinan a qué jueces del tribunal les toca un expediente.

Una de las pruebas más contundentes del caso estarían en las escuchas telefónicas que, en rigor, se venían haciendo en la investigación del asesinato. Allí los cinco personajes hablan entre sí y de los diálogos surgiría claramente la planificación del soborno, e incluso hablan de una cifra de 50 mil “verdes”, decían. Según dictaminó en mayo el fiscal Sandro Abraldes, las conversaciones permitían deducir que el objetivo era: primero, que los pedidos de excarcelación no fueran tratados en la feria del último verano; luego, que el sorteo lo hiciera Ameghino y que le “tocara” a la Sala III de Casación, y finalmente comprar los votos de los jueces. La semana pasada se supo que uno de los miembros de esa sala, el juez Eduardo Riggi, hablaba en la etapa investigada con tres de los imputados (Riquelme, Aráoz de Lamadrid y Ameghino). Aráoz, de hecho, fue secretario suyo durante años, antes de ser juez suplente.

En función de las escuchas se hicieron seguimientos y detectaron el momento en que Stafforini iba al estudio de Aráoz de Lamadrid con un maletín después de salir de una sucursal del Banco Galicia. De acuerdo con las transcripciones era porque el “señor de las teclas” –como le decían a Ameghino Escobar– ya había “hecho su tarea” y el caso estaba en la Sala III. “José, soy Angel, bueno, si escuchás el mensaje, estuvimos con Susana en lo de este chico de la calle Viamonte, salió todo perfecto”, decía Stafforini a Pedraza al salir de la oficina de Aráoz de Lamadrid, en la calle Viamonte. Al rato llegó la policía y encontró un sobre rotulado “Octavio”, donde había 50 mil dólares, y lo secuestró. La ruta de ese dinero está en estudio, aunque hay indicios de que fueron sacados de la caja de seguridad de Stafforini, según habría quedado registrado en el banco.