El represor Antonio Bussi agoniza producto de una insuficiencia orgánica generalizada, internado en una clínica de Tucumán. Al cierre de esta edición, el estado de salud del dictador, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, era “muy grave, con deterioro creciente y progresivo de sus funciones vitales”, consignó el último informe del cuerpo médico forense de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán emitido ayer. Según se supo anoche, Bussi no responde a la medicación y los médicos decidieron retirarle el respirador artificial. Las dos hijas del represor llegaron durante la jornada al lugar en donde permanece hospitalizado, desde Buenos Aires, y se unieron al resto de la familia, que espera que el deceso se produzca en cuestión de horas.

El parte elaborado por el médico forense Raúl Asial precisó que el gobernador de facto de Tucumán entre 1976 y 1983 presenta “un cuadro de insuficiencia cardíaca crónica, descompensada, cardiopatía dilatada de baja fracción de eyección de origen valvular, estenosis aórtica severa, fibrilación auricular permanente y con alteraciones en la función pulmonar renal”, basado en el análisis de una revisación física de Bussi, de radiografías y estudios bioquímicos.

Las hijas del represor adelantaron ayer que cuando el militar retirado muera “no habrá velatorio” y sus restos serán trasladados a Buenos Aires. El lunes, los hijos de Bussi habían informado que el estado de salud del genocida era “irreversible”, producto de una falla multiorgánica, y habían descartado someterlo a “tratamientos invasivos o dializarlo porque no tiene sentido extender la agonía” de su padre.

Bussi, que primero gobernó Tucumán durante la dictadura y luego resultó electo en democracia, fue el jefe de 30 centros clandestinos de detención que funcionaron en ese distrito durante la dictadura. Fue condenado a cárcel perpetua en agosto de 2008 junto con el ex general Luciano Menéndez como coautores del secuestro, tortura y asesinato del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse en 1976 en la provincia norteña. En aquel proceso se presentaba ante el tribunal en silla de ruedas y asistencia de oxígeno, evidenciando debilidad en su estado, lo que le permitió gozar de prisión domiciliaria, a diferencia de Menéndez, que está recluido en una cárcel común. Semanas atrás, la Corte Suprema decidió eximirlo de otro juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia debido a su estado de salud.