La Cámara Federal volvió a levantar en peso de manera contundente al juez federal Norberto Oyarbide. Esta vez fue por su performance en la causa en la que investiga a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, entre otros, por el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. La Sala I del tribunal responsabilizó al magistrado de llevar adelante una investigación “asistemática” y “desordenada”, signada por la “irracionalidad” en la búsqueda de información. Le reprochó que haya mantenido el expediente bajo secreto de sumario casi por medio año, le advirtió que lesiona el derecho de defensa de los implicados y le reclamó que formule imputaciones concretas hacia ellos. Al final resolvió anular las medidas restrictivas (como inhibición de bienes e inmovilización de cuentas bancarias) que el juez había dispuesto sobre el patrimonio de dos personas y una empresa. Ayer mismo, la causa dejó de estar bajo secreto y se acercarían varios llamados a indagatoria.

Esta es la primera resolución de los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, que revisa el contenido del expediente alrededor del cual el fiscal Jorge Di Lello analiza los delitos de defraudación, lavado de dinero y también asociación ilícita. A los hermanos Schoklender se los investiga como ex apoderados de Madres, que manejaban el dinero de la entidad y el de la Misión Sueños Compartidos, dedicada a construir casas en zonas de bajos recursos con una tecnología especial de paneles desmontables y con fondos del Plan Federal de Vivienda. La pesquisa se fue extendiendo a una serie de personas del círculo cercano de los Schoklender, algunas de las cuales trabajaban en la fundación y/o compartían negocios con ellos, además de financistas que les cambiaban cheques. Las Madres son querellantes como institución y sostienen que los hermanos las estafaron, entre otras cosas al no pagar las cargas sociales de los obreros.

En los inicios de la causa, el juez Oyarbide ordenó inhibir bienes de unas cuarenta personas y treinta empresas y levantó el secreto bancario de varios de ellos. Entre los alcanzados por esa decisión estaban Leonardo Hubscher, Alberto Marcelo García y la empresa Eagle Security Investigaciones SA, presidida esta última por Alejandro Gotkin, socio de Sergio Schoklender. Los tres recurrieron a la Cámara Federal para pedir ser liberados de esas restricciones que les impedían hacer operaciones. El voto mayoritario del tribunal –firmado por Ballestero y Farah– le ordenó al juez que vuelva a expedirse sobre la medida, que fue considerada carente de fundamentos y, por ende, “arbitraria”. El camarista Freiler fue mucho más duro: propuso anularla directamente.

Los tres jueces coincidieron en que toda la causa –y no sólo la cuestión de los embargos– había sido encarada sin definir el “objeto procesal” de sus 99 cuerpos, es decir, qué es puntualmente lo que se investiga ni qué se les imputaba a quienes se aplicaron restricciones patrimoniales. Para ellos, Oyarbide le dio un “errado direccionamiento” al proceso. Ese camino, advirtieron, “no resulta el más idóneo para el descubrimiento de la verdad material que es, en definitiva, la finalidad de la instructoria que transita este sumario”.

Freiler, quien se expresó en los términos más duros, llegó a plantear en su voto que encontrar las pruebas de la causa resulta “tan difícil como hallar una aguja en un pajar, un pajar que el propio magistrado se ha encargado de construir”. “Se observa cuantiosa información y documentación que no ha sido aún analizada ni valorada por medio de ningún acto procesal”, sostuvo y ejemplificó: hubo solicitud indiscriminada de informes” a organismos públicos, “gran cantidad de allanamientos” con una “enorme cobertura de los medios de comunicación” y el secuestro de papeles y papeles incorporados en forma “desordenada” al expediente, que “amenaza con ser tan sólo escenográfico”. El camarista evaluó que el cúmulo de documentación en la causa “se traduce en una quimera”. Observó a la vez que la pesquisa parece “más orientada a la investigación patrimonial de cada una de las personas involucradas” que “al descubrimiento de los hechos contenidos en la denuncia que motivó la formación de este legajo”. Faltan pruebas, agregó, sobre el presunto desvío de fondos.

Los camaristas conminaron a Oyarbide a que en “el menor tiempo posible” defina “el objeto procesal” y formule “las imputaciones que corresponden”. También le reprocharon que el secreto de sumario “sucesivamente fue prorrogado a lo largo de más de cinco meses, habiéndose excedido holgadamente el término previsto en el Código Procesal (...) Lo acontecido en las actuaciones ha generado una seria afectación en el derecho a defensa de los imputados sobre los que se han decretado múltiples medidas restrictivas en derechos de raigambre constitucional”.

Justo ayer se vencía otra vez el secreto de sumario y Oyarbide no lo renovó. Mientras dura el secreto, las partes no pueden acceder al contenido de la causa, aunque a veces lo pueden ver, pero no tienen permitido sacar fotocopias. Es una medida que se adopta cuando se están llevando a cabo actividades confidenciales, como escuchas telefónicas y allanamientos. Ahora, con la causa a la vista para las partes, podría haber llamados a indagatoria. De hecho, el fiscal Di Lello trabaja en esas convocatorias desde hace varias semanas y podría formularlas en los primeros días de diciembre. La lista incluiría a los Schoklender y a varios de sus socios en distintos negocios, financistas y quizá también a la hija de Hebe de Bonafini, Alejandra. Oyarbide aún aguarda los resultados de algunas pericias contables y patrimoniales.

Hace sólo dos semanas la misma sala de la Cámara Federal sobreseyó y revocó los procesamientos de tres funcionarios y el resto de los imputados en el caso Skanska, con fuertes críticas a la instrucción Oyarbide, a quien le señalaron contradicciones y le dijeron que no había quedado demostrado el pago de sobreprecios ni de coimas en la construcción de dos gasoductos. Al contrario, dijeron que se habían pagado valores de mercado.