Cuando concluye un período presidencial, suelen intentarse balances sobre el curso del gobierno que termina así como preverse el rumbo del que llega. La continuidad del Ejecutivo en manos de Cristina Fernández de Kirchner no impide ese ejercicio de repasar el pasado inmediato y asomarse a lo que viene.

Para la misión revisionista conviene recordar que el período presidencial de CFK coincide con la etapa de cautiverio de la economía mundial a manos de la especulación financiera que desemboca en la crisis de 2008 y que perdura generalizada hasta el presente. De tal modo lo primero es reconocer ese contexto global y analizar la manera en que fue encarado ese hecho que condiciona a todos los países.

Tras ignorar los pronósticos optimistas de los gurúes de Wall Street, que auguraban una rápida recuperación de los mercados por la inyección fabulosa de dinero en los desplomados bancos de inversión y proponían recortar el gasto social, el gobierno argentino apostó a la producción y al empleo como vigas maestras de su gestión, diferenciándose así de los países centrales, cualquiera fuere su dimensión y color político, que sacrificaron en el altar del mercado los derechos incorporados por el Estado de Bienestar.

Así comenzó aquí la aplicación de esa novedosa perspectiva que plantean muchas agencias internacionales –como la OMS– consistente en desplegar las políticas públicas según el “enfoque de derechos”, renegando de la despiadada doctrina libremercadista fundada en la privatización de los sistemas sanitarios y educativos para trasladar la renta social al circuito financiero privado.

Expresión de aquellas políticas, los cuatro últimos años fueron pródigos en medidas de sesgo inclusivo y ampliación de derechos: la Asignación Universal por Hijo, la extensión y movilidad de la cobertura previsional y la reestatización de los fondos privados de pensión son sólo algunos hitos. Todo ello pudo hacerse a través del impulso de políticas activas, alentando la demanda y resistiendo las presiones para enfriar la economía, achicar el mercado interno y devaluar la moneda.

Esos avances se expresaron nítidamente en el resultado de las últimas elecciones, que exteriorizaron una extendida toma de conciencia de que el país que estamos construyendo está fundado en una remoción hasta los cimientos del paradigma político, económico, social y cultural que inauguró la dictadura militar y perfeccionaron los gobiernos noventistas.

Como semejante empresa no podía llevarse a cabo sin conflictos, puesto que la recuperación de derechos tensiona las relaciones de poder y abarca todos los campos, la voluntad política para llevar adelante los cambios activó un conjunto de sectores sociales –trabajadores y productores, estudiantes, profesionales e intelectuales, organizaciones de base y de derechos humanos– que lo hicieron suyo confrontando con los conglomerados económicos y su enorme dispositivo mediático en lo que fue, y sigue siendo, una batalla política pero también cultural.

Esas contradicciones, las que se dirimieron en la pugna por los derechos de exportación, pero que también se expresaron en otros terrenos, como en el rol del Banco Central, la no represión de la protesta social y varios más, fueron asumidas por el Gobierno con la convicción de que –como dijo Alvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia– hay que aprender a vivir en la contradicción. Hacerlo, en el caso argentino, es fortalecer el polo de acumulación de poder que expresa el interés de la Nación y el pueblo y continuar con el diseño de un modelo propio que sustituya la vieja matriz neoliberal.

Como no hay derechos si la renta social y el ahorro colectivo son el botín de unos pocos, sólo modificar las condiciones de distribución de la riqueza y poner la economía al servicio de los objetivos colectivos de la sociedad, como se viene haciendo progresivamente, garantiza la prosperidad general, una nación autónoma y una región integrada. Ese es el desafío de la etapa actual.

* Secretario de Relaciones Parlamentarias. Dirigente del Socialismo para la Victoria.