En Campana, Dálmine será siempre Dálmine, a lo sumo Dálmine Siderca. No importa que el inmenso tanque de agua –su símbolo más visible observado desde la ruta 12– diga Tenaris, el nombre que adoptó el 17 de diciembre de 2001 cuando se amplió ese complejo industrial con sede fiscal en Luxemburgo. En 1976, la empresa siderúrgica se encontraba bajo jurisdicción del ejército en la llamada Area 400, donde decenas de sus trabajadores desaparecieron. En una sola jornada de septiembre, que después se conoció como “La noche de los tubos”, fueron secuestrados cuatro: Alberto Bedia, Manuel Martínez, Raúl Aroldo Moreno y Armando Culzoni. La planta industrial se militarizó, agentes de inteligencia se infiltraron y cualquier obrero que vistiera el clásico mameluco azul resultaba sospechoso de actividades subversivas.

Eduardo Pitter, un ex coordinador de mantenimiento electrónico y mecánico, recuerda hoy cómo su compañero Bedia le reveló un secreto que lo expuso a la desaparición: “Un día me paró donde estaban los molinetes de la entrada, a la derecha de la oficina de Personal, en la que trabajaba él. Me dijo: ‘Hay que tener cuidado. ¿Viste cómo viene la mano? Capaz que uno mañana no está más acá. Se maneja un cuaderno de tapas negras, ahí está la lista de militantes políticos que le molestan a la empresa. Lo traen a la oficina mía y después lo guardan en la caja de seguridad de la gerencia’”. Pitter, quien además era delegado del gremio de supervisores metalúrgicos (Asimra), ubica el diálogo en septiembre del ’76. Está seguro porque el 12 de ese mes cumple años y en la madrugada del 23 se llevaron a Bedia de la casa de sus padres, en el barrio Dálmine. El suyo es uno de los diecinueve casos denunciados por delitos de lesa humanidad en la zona de Zárate-Campana, donde hubo 169 desapariciones. Familiares y sobrevivientes piden investigar “la responsabilidad penal de los integrantes del directorio, de los gerentes de personal y jefes de seguridad de Dálmine Siderca (Grupo Techint)”. El cuaderno que describe Pitter es apenas uno de los indicios de complicidad con el régimen militar que se le atribuye a la siderúrgica. Valentín Ibáñez tiene 70 años, vive en una humilde casa de Zárate y recibe a Página/12 en un local contiguo donde conviven estanterías polvorientas con un afiche de Eduardo Duhalde y la Liga Federal. Sostiene que fue delegado durante 18 años en el sector de mantenimiento. Integraba la lista Celeste y Blanca en la UOM local y adhería a Lorenzo Miguel. En febrero de 1977 lo secuestraron a la salida de la Mutual 2 de Abril junto a sus compañeros Roberto García y Félix Martínez. Un grupo de tareas lo llevó al centro clandestino de detención la Casa de Piedra, en Lavalle 636, a pocas cuadras de la calle más comercial y transitada, Justa Lima de Atucha. Las torturas que sufrió no se prolongaron más de tres días porque “un tal Paolino, un informante, me reconoció. Eramos compañeros de la Escuela Naval, donde yo estuve un año y no quedé porque me faltaba aptitud militar”.

Ibáñez también cuenta que en la Casa de Piedra lo interrogó un tal Zapata. “Alto, delgado, de tez blanca y muy instruido en su forma de hablar”, describe al militar. Este dato cobra relevancia cuando se lo relaciona con su presencia en el interior de la planta. Los ex obreros de Dálmine Siderca Carlos Theis y Orlando Gómez (ver aparte), más el supervisor Pitter, coinciden en que Zapata era una pieza clave en el aparato represivo que operaba en la fábrica. “Andaba en ropa de fajina. Un día en una asamblea entró con soldados, dio la orden de rodilla en tierra y cuando cargaron las armas, en dos segundos ya estábamos todos adentro de los galpones.” En lo que no se ponen de acuerdo es en su grado militar: coronel o mayor.

José Costela, como muchos trabajadores de la empresa en sus comienzos, ingresó cuando era apenas un adolescente. “Nací en 1941 y entré a Cometarsa (Construcciones Metálicas Argentinas) del Grupo Techint, el 24 de marzo de 1956. Me retiré el 18 de septiembre del ’91.” Mientras comparte unos mates con su amigo Alberto Calvo, un sobreviviente de los centros clandestinos del Area 400, aporta otro dato que nadie había mencionado: “Durante la dictadura, los tarjeteros del personal en la entrada a Siderca aparecían vacíos. Sabíamos que era una señal de que los militares estaban infiltrados adentro”. Rodolfo y José Ramón Amarilla se desempeñaban en la compañía. Los detuvieron con violencia el 6 de octubre del ’76, hasta que los separaron en la comisaría de Campana. Ahora, el primero intenta hacer justicia por su hermano desaparecido. “En nuestro secuestro tuvo que ver personal jerárquico o de seguridad de la empresa Dálmine Siderca”, sospecha.

Uno de los principales imputados por estos operativos era Roberto Paulino Nicolini, ya fallecido. Jefe de vigilancia de Cometarsa y militar retirado de la Fuerza Aérea, Costela lo describe como “un loco de la guerra, de armas llevar. Cuando era delegado yo tuve varias agarradas con él, incluso antes de la última dictadura”. Nicolini y Zapata son apenas un par de represores mencionados en la querella que avanza con ciertas dificultades de nombramientos en el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín que subroga Juan Manuel Yalj.

El circuito de centros clandestinos que funcionó en la zona donde se levanta el emporio siderúrgico más grande del país tenía su epicentro en la ex Fábrica Militar de Tolueno Sintético. La base naval de Zárate, las principales comisarías, la Casa de Piedra y hasta el buque patrullero Murature sirvieron como mazmorras de la dictadura. La compañía también aportó su infraestructura, como han denunciado sobrevivientes que pasaron por las instalaciones de su apéndice deportivo, club Ciudad de Campana (se llama así desde 1999). En los ‘70 era más conocido como Villa Dálmine, un equipo de fútbol que hoy disputa el torneo de Primera C de la AFA y que en 1976 estuvo cerca de subir a Primera División. Las piletas y vestuarios de la institución sirvieron para alojar prisioneros secuestrados. Así lo aseguran varios detenidos, como el ex intendente peronista de Zárate Francisco Bugatto y su hijo José Alberto, quienes fueron conducidos allí el 24 de marzo del ‘76. En igual sentido declaró Lidia China Biscarte, ex directora de Derechos Humanos de aquel municipio hasta 2007.

Los militares también se enseñorearon en el Tiro Federal, otro predio improvisado como centro clandestino. Una inspección judicial en 2004 comprobó que mantenía pruebas intactas. Agujas de tejer con cinta aisladora en los extremos que se usaban para picanear y restos de ropa manchada con sangre fueron algunos de los hallazgos. Está ubicado al lado de Trefila, la sección donde se trefilan en frío los tubos sin costura de Techint. “La única persona en el lugar era el casero de la institución, Hugo Ciafardini, a quien le vaciaron el dormitorio, le quemaron los muebles y lo amenazaron”, escribió el historiador local Miguel Di Fino, en Recordando el olvido.

Meses antes del golpe, acaso desde fines de 1975 y anticipándose a lo que vendría, los uniformados se habían instalado en el hotel Dálmine (alojaba al personal jerárquico de la empresa) para diagramar en detalle la sangrienta represión en el Area 400. Junto a sindicalistas y empresarios afines fueron detectados en ese lugar donde hoy funciona la Tenaris University, la escuela de capacitación de los futuros cuadros profesionales del grupo siderúrgico.