El encuentro casual fue una mañana de septiembre en la sucursal del Banco Provincia en Lanús. Alejandra, una desocupada de 34 años, había ido a cobrar los 150 pesos del Plan Jefes y Jefas de Hogar. “¿Qué hacés acá? A vos te dieron de baja”, le dijo, algo incómodo, el puntero peronista de Monte Chingolo que le había tramitado el beneficio. Desafiando la advertencia, ella se acercó a la ventanilla y constató que su recibo no estaba. En la Municipalidad, sin embargo, le dijeron que figuraba en los listados y que su pago debía existir. Al volver a consultar al banco le informaron que una mujer, para más datos la esposa del puntero, se había presentado en su nombre, con una nota que la reportaba como “imposibilitada de concurrir a cobrar” y que incluía sus datos personales.
Alejandra decidió no guardarse la bronca. Su denuncia no alude a un caso aislado: es una de las 1000 que ya registró desde octubre la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de la Seguridad Social (UFISES) y que han puesto al descubierto los perversos mecanismos con que el mismo sistema político que otorga ayuda para pobres los extorsiona y les roba simultáneamente.
Hay intendentes que les hacen creer a los beneficiarios de subsidios que como contraprestación deben limpiarles su casa. Punteros que les exigen hasta el 50 por ciento del dinero que reciben bajo amenaza de cortarles el ingreso. Gente que se presenta en el banco a cobrar con certificados truchos de extravío de documento. Y hasta una mujer a la que le pidieron que donara sangre mensualmente a cambio de los 150 pesos. Los planes sociales, que aún sin ser una solución les permiten un respiro a más de 2 millones de personas, revelan así una contracara que los muestra como herramientas de manipulación en función de las necesidades.
Hasta ahora cerca de 500 de las presentaciones recibidas por la UFISES fueron transformadas en acciones penales ante el fuero federal. Las denuncias generalmente llegan a un centro de llamados del Ministerio de Trabajo o a la propia unidad fiscal, que las verifica y llama a los damnificados a declarar. En la mayoría de los expedientes que inicia el organismo que conduce el fiscal Guillermo Marijuán se señalan desvíos de fondos y la posible responsabilidad de dirigentes y funcionarios políticos, muchos de ellos del peronismo de la provincia de Buenos Aires, pero también de otros rincones del país. Situaciones similares a la que denunció a Alejandra, de beneficiarios que al ir a cobrar sus planes encontraban que otro los había retirado por ellos, se repiten sobre todo en sucursales del Banco Provincia (o en instituciones a través de las que opera la entidad) de Berazategui, Florencio Varela, Wilde, Malvinas Argentinas y en el Nuevo Banco de Santa Fe en Rosario. En Varela se sumó otro caso increíble: los investigadores detectaron que un empleado de la caja del banco entregaba un sobre con el pago en el que siempre faltaban por lo menos 10 de los 150 pesos.
Son variados los caminos que, en estas historias, conducen a más de un intendente. Carlos siempre encontraba algún escollo cuando iba a cobrar a las oficinas del Batallón 601, sobre la ruta 197, donde el banco abona los planes para desocupados de la zona. Por cinco meses escuchó la misma frase: “Usted aparece en los padrones, pero el dinero no está, gracias por su visita”. Cuando fue a reclamarle al puntero del PJ de su barrio que lo había inscripto, recibió un advertencia: “Si no me das la mitad no vas a cobrar nunca, acá ese es el trato”. Carlos declaró que el dirigente es Ricardo Roldán, el Peluca. “Siempre está en el batallón los días de pago -explicó–. Trabaja con el coordinador de nombre Enrique Sánchez, en el municipio de Malvinas Argentinas” que encabeza el intendente Jesús Cariglino, hombre del duhaldismo. El mismo Sánchez, cuentan en UFISES, aparece mencionado en una decena de declaraciones de diferentes personas que, además, le atribuyen un parentesco con Cariglino. Javier, un vecino de González Catán, de 31 años, conoció otro libreto utilizado para presionar por la obtención de un porcentaje. “Las horas de trabajo están todas cubiertas, pero sería una lástima que perdieras el plan. Si me pagás 15 pesos por mes, yo te inscribo en las planillas y ni siquiera tenés que trabajar. Sólo vendrías a firmar”, le quiso tentar un tal Jorge. La escena, que a Javier lo dejó perplejo, ocurrió en una sociedad de fomento donde lo habían enviado desde la municipalidad.
El intendente Guillermo De Niro, de la Municipalidad de Relmo, en La Pampa, aparece directamente implicado en denuncias. Mónica, que tiene un plan Jefas y Jefes, lo acusó de llevar a la gente que recibe el subsidio a hacer como contraprestación arreglos y otras tareas, especialmente de limpieza, en su casa y a atender sus negocios particulares. Las labores previstas son tareas comunitarias de 4 horas, como huertas, comedores y cuidado de plazas u otros espacios públicos, o microemprendimientos de todo tipo. En la misma localidad pampeana, funcionarios de la comisión de fomento también burlan las contraprestaciones pautadas haciendo trabajar en sus hogares a desocupados del sistema de planes. En el Chaco se registran casos similares. En Concordia, Entre Ríos, María del Carmen, una mujer sin trabajo, denunció que el director de empleo Néstor Rameri –al parecer emparentado con el intendente Hernán Orduna (PJ)– repartió cerca de 1000 planes a personas que no cumplen con los requisitos, perjudicando a otras que sí los reúnen.
Desde la UFISES, Marijuán explica: “Nosotros tratamos de impulsar que la justicia investigue las organizaciones que aparentemente están arraigadas a nivel de municipios en los que hay destinatarios de los planes sociales. Pero también tratamos de hacer cesar la situación que padece cada persona que denuncia para que pueda cobrar sin problema”. Según el fiscal, “habría que reforzar mecanismos de control”. Héctor “Toti” Flores, del Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Matanza y autor del libro De la culpa a la autogestión, plantea una cuestión más de fondo: “Se hace difícil pensar cómo salir de este problema cuando la gente que no tiene recursos ni siquiera puede hacer la gestión por su cuenta, siempre tiene que estar recurriendo a un puntero. Al que va solo a la municipalidad a pedir el subsidio siempre lo mandan a la Unidad Básica. Mientras el sistema venga organizado por el Estado mafioso, las formas de corrupción se seguirán reproduciendo”.