El lunes pasado, Julio Medina, de 35 años, estaba levantando su casa en un terreno tomado en Berazategui cuando vio acercarse a cuatro policías de civil escoltados por varios patrulleros. Mientras un cordón de uniformados se apostaba al costado de la calle, los de civil entraron al predio y sacaron, con golpes y ostentación de armas, a las familias que se habían asentado en el lugar. “Uno de mis vecinos reclamó que le mostraran la orden de desalojo, pero en lugar de responderle lo detuvieron”, relató Medina a Página/12. Mientras era trasladado al móvil, los cuatro sujetos tiraron abajo las casillas de madera y chapa del asentamiento. La comisaría puso, terminada la tarea de destrucción, una custodia en el perímetro del terreno.
El episodio ocurrió en el barrio 3 de Junio, próximo a la estación de Plátanos, donde ahora los desalojados esperan acampando al costado de las tierras en conflicto.
“La policía ha venido con algunos punteros del PJ a hacer esta operación de golpear a la gente, sin ningún mandato judicial. Hicieron el desalojo violento y después, en la semana, realizaron otros actos de hostigamiento”, denunció Néstor Rojas, titular de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) de Berazategui.
Rojas acusa de haber actuado en el operativo a sectores del peronismo local. La patota que rompió las viviendas del asentamiento, dice, “estuvo acompañada por Jorge Osán, quien tiene rango de delegado municipal en la localidad de Plátanos”. De la misma manera que los ocupantes hicieron con la policía, durante el allanamiento el dirigente exigió al funcionario municipal que mostrara la orden en base a la que estaban actuando, “papel que nunca apareció”.
La toma de tierras se hizo dentro de un predio que tiene una superficie total de unas 60 hectáreas. De acuerdo con los datos de los dirigentes, fueron propiedad del Estado hasta el ‘99, año en el que habrían sido vendidas a un particular.
Al igual que las otras familias de ocupantes, Medina está desocupado. Después de la expulsión inicial, regresó al lugar con su mujer y sus cuatro chicos, pero el jueves apareció un patrulla “de la comisaría 4ª de Hudson, esta vez con personal uniformado y los paleros de la Infantería”, quienes cargaron en un camión municipal las pocas pertenencias de Medina y las otras familias de asentados, y se las llevaron. Ante este panorama, y el riesgo de que hubiera represión, la gente salió del predio y quedó en una calle, a la vera de las tierras que estaban ocupando.
El viernes hicieron una marcha a la intendencia y consiguieron ser atendidos por el secretario de gobierno. “Subió una delegación, estuvimos dos horas charlando, nos ofrecieron un kilo de arroz, medio de fideos y algunas bolsas de polenta por familia”, se quejó Medina.
“Pero sobre un lugar para que vivan, nada. Plantean que ni siquiera pueden alojarlos momentáneamente en un galpón y no aceptan mandar a una asistente social para verificar la situación”, agregó el referente de la FTV.
La organización ha presentado por eso un recurso de amparo a la Justicia en el que reclaman la presencia de un fiscal “como protección ante las acciones de la comisaría 4ª y de la municipalidad” gobernada por Remo Salve, hombre del duhaldista Juan José Mussi.
Los desalojados organizaron una olla popular con el apoyo de otros asentamientos de la zona. “Los respaldamos porque creemos que después pueden venir por nosotros”, explicó anoche Emiliana Gavilán. De todas maneras, están en una situación muy precaria, “con unas pocas chapas que no alcanzaron a protegerlos de la lluvia” de los últimos días.
Los afectados sostienen que perciben un clima más duro hacia las organizaciones sociales y que están teniendo presiones en otras villas. “El discurso oficial es que no van a permitir ningún tipo de usurpación”, dice Rojas. “A modo de ejemplo, en otra toma que hay en el distrito, dondela gente está hace un año y medio, han ordenado a la compañía eléctrica cortarles la luz para meter presión. Percibimos una decisión de avanzar sobre los sectores que se organizan.”
El fin de semana largo postergará la respuesta al recurso de amparo hasta el martes. Los desalojados informaron que permanecerán en el lugar hasta entonces, mientras buscan mecanismos que les permita retomar las negociaciones con la municipalidad.