Fernando de la Rúa pensó que había zafado del juicio por la masacre de 2001, con la que su gobierno en retirada reprimió la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre, pero aún no puede respirar del todo aliviado. La querella que integra el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) está dando una de las últimas batallas, ahora en la Cámara de Casación, que debatirá en breve si el ex presidente va al banquillo de los acusados o sigue sobreseído. En cualquier caso, el juicio oral que comenzaría a mediados de 2012 tendrá como imputado a un secretario de Estado, Enrique Mathov, algo inédito. “No hay precedentes de un funcionario político que haya sido llevado a juicio en democracia por hechos de este tipo”, dijo a Página/12 Rodrigo Borda, del CELS. Y se entusiasma porque anticipa que “lo que está en juego son los límites de un presidente y de la policía bajo el estado de sitio, una figura que la Constitución no estableció para cubrir prácticas represivas”. Pero más allá del debate institucional que se dará en el juicio, ahora buscan revertir el sobreseimiento del ex presidente. Para eso los querellantes cuentan con una nueva prueba, que consideran contundente, con la que intentarán demostrar que los 39 muertos en todo el país, miles de heridos y centenares de detenidos no fueron obra de policías desatados, como se viene justificando De la Rúa.

La Justicia no pudo probar que los funcionarios del gabinete de la Alianza se reunieron para luego impartir las órdenes políticas de reprimir la rebelión. Pero ahora los querellantes consiguieron incorporar al expediente “un instructivo que llegó a las comisarías sobre cómo manejarse con los detenidos por desbordes en el contexto de la protesta: ponerlos a disposición del Poder Ejecutivo con sus datos para que luego el PE nacional haga el correspondiente decreto”, según explicó Borda. Se trata de un viejo fax que aportó la comisaría 10ª, recibido en aquel diciembre de 2001 desde la Superintendencia de Seguridad Metropolitana. “Hubo una organización coordinada, la policía no actuó en forma autónoma, sino bajo órdenes del gobierno: hasta ahora De la Rúa se defendía diciendo que firmó lo que le mandó la policía, acá queda en evidencia que hubo una orden para esa recolección”, completó el abogado.

Hace casi diez años el ex presidente fingía no escuchar los estruendos de la represión que dejó cinco muertos en el asfalto del centro porteño, a pocos metros de la Casa Rosada que estaba a punto de abandonar. Su policía había detenido a miles de personas en forma ilegal y el ex presidente y sus asesores decidieron convalidar el accionar policial con la firma del decreto 1682/01, que puso a 29 de esos presos a disposición del Poder Ejecutivo, cuando lo peor ya había ocurrido, una hora antes de subirse al helicóptero.

De la Rúa argumenta que estaban dadas las condiciones para dictar el estado de sitio, una medida que la Constitución prevé para situaciones excepcionales de ataque exterior o conmoción interna. Pero los fiscales del caso, los querellantes y varios constitucionalistas opinan que debió haberlo votado el Congreso, que no estaba de receso sino en sesiones extraordinarias. Si tan tranquilos estaban con sus conciencias no se comprende por qué los funcionarios delarruistas ordenaron censurar imágenes de la represión, como denunció el ex presidente del Comfer Gustavo López. Según explicó Borda, “la policía tiene facultades para proceder de oficio, pero para detener por estado de sitio es insustituible el decreto presidencial previo; De la Rúa detuvo su camino hacia el helicóptero y firmó este decreto porque pretendía regularizar de esa forma lo actuado por la policía”.

En su pedido de elevación a juicio, el CELS había dicho que “el ex presidente y sus funcionarios no sólo no hicieron nada para terminar con la sangrienta represión, sino que ordenaron de manera expresa que continuara porque pretendían, a cualquier precio, evitar que la Plaza de Mayo se llenara de manifestantes para poder negociar con el peronismo un gobierno de coalición nacional”. El 20 a la madrugada había algunos manifestantes en la Plaza, en actitud pacífica, según la propia policía. Sin embargo, la orden que dio Santos fue: “Desalojen la Plaza, quiero 50 detenidos”. Y así se desató “una verdadera cacería de manifestantes y transeúntes, el personal policial que efectuó las detenciones procedió de manera tan violenta como injustificada”, según describió el CELS. En la causa, Santos declaró que esa mañana recibió la llamada de los ministros (Nicolás Gallo, Ramón Mestre y Jorge De la Rúa) que le expresaron “su clara voluntad de que en cumplimiento del estado de sitio ya decretado se evitara la concentración de manifestantes en la Plaza a fin de impedir los males que podrían suscitarse en el caso del ingreso a la Casa de Gobierno”.

Las crónicas y el expediente coinciden en que hubo un plan, hubo orden de matar, 25 personas fueron baleadas cuando se manifestaban en la zona que va de Congreso a Plaza de Mayo, cinco murieron por tiros de 9 milímetros, a todos les dispararon a quemarropa en la cabeza o zonas vitales, la mayoría de las víctimas tenían entre 16 y 30 años, y de los más de 200 heridos 80 recibieron munición de guerra. Fue un día de masacre, los sobrevivientes y testigos relataron que policías de civil recorrían las manifestaciones en motos, autos y camionetas sin identificar y abrían fuego con armas de mano y escopetas Itaka. Las ONG especializadas en protesta social, en primer lugar la Correpi, contó 39 muertos en todo el país por la represión con que el gobierno de la Alianza se despidió del poder.

Pero Fernando de la Rúa será juzgado sólo si Casación revierte el sobreseimiento que le dictó la Cámara Federal, al considerar que el ex presidente carecía de datos certeros sobre lo que estaba pasando en la calle. Para los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, el haber decretado el estado de sitio no coloca a De la Rúa en “posición de garante” de la vida e integridad física de los ciudadanos en un contexto de conmoción interior. Según estos jueces, el ex presidente podía confiar en sus subalternos y delegar el control de la acción policial y la información de los acontecimientos. Sin embargo, en disidencia, Horacio Cattani sostuvo que el ex jefe de Estado no podía desconocer lo que ocurría a metros de su despacho y tenía “la evidencia de que las fuerzas policiales podían cometer excesos en lugar de contener la situación de conmoción interior”. Para este camarista, De la Rúa tenía la obligación de tomar recaudos para preservar la seguridad de las personas, ante la evidencia de que podían producirse desbordes de las fuerzas de seguridad, más aun cuando el Gobierno ordenó a la policía impedir la llegada de manifestantes a la Plaza de Mayo. Y también descartó que De la Rúa pudiera invocar en su favor la aplicación del principio de confianza para desligarse de responsabilidad.